Expositor hace un llamado a la reformulación de aportes de las ciencias sociales al estudio del derecho penal.
 La Universidad de Costa Rica (UCR) tiene el deber de asumir la investigación y la crítica del derecho penal. Así lo recalcó Alfredo Chirino en su ponencia El papel de las universidades en la gestación de la política criminal posible.
Las Primeras Jornadas Interdisciplinarias de Investigación en Violencia y Sociedad se llevaron a cabo el 26 de agosto en Ciencias Sociales.
Chirino afirma que es en la Universidad donde debe fortalecerse y mantenerse el debate sobre las políticas del Estado para incidir en la violencia social.
“Yo creo que donde la Universidad realmente puede aportar es en analizar el impacto del derecho penal, de las normas penales y del aumento de las penas y reducción de derechos en el tanto formen parte de la realidad social costarricense. No se trata sólo de la comprobación factual mediante estadísticas”, aseveró.
Para el abogado, las universidades son centros de resistencia ideológica ante la tendencia de los legisladores a hacer políticas basadas en el sentido común, las cuales se avocan a la reducción de garantías y la imposición de penas de cárcel más amplias.
El expositor hizo énfasis en que los populistas creen que todo el problema de la criminalidad se resuelve a través del derecho penal. Sin embargo, desde su perspectiva, estas problemáticas se resolverían mediante vías que no impliquen las penas de cárcel y a través de la creación de mejores condiciones sociales que prevengan los índices de comisión de delitos.
En este sentido, trajo a la reflexión una cita de Pedro Dorado Montero, que dice que “La mejor política criminal es la política social”, como parte del inicio de la discusión universitaria en torno al papel del Estado.
FALLIDO PROYECTO
En 1993, el profesor universitario Henry Issa-El-Khoury aceptó la invitación de la Asamblea Legislativa para asumir la secretaría de la Comisión de Reforma Penal. A este jurista se le encargó la tarea de hacer una reforma parcial al Código Penal, que integrara las 158 leyes que se encontraban en agenda legislativa.
Sin embargo, Issa-El-Khoury optó por la creación de un código penal integral, para lo cual llamó a representantes de todos los sectores interesados.
Su propuesta incluyó la aplicación de penas alternativas que el juez pudiera aplicar en ciertos casos, en vez de la condena a prisión, tales como la reparación del daño, el cambio de domicilio, no acercarse a ciertas personas, procesos de desintoxicación de drogas o el trabajo comunal.
En este proyecto, se estipulaba que si la persona incumplía con lo establecido por el juez, debería cumplir la pena de cárcel que le hubiera sido impuesta.
Chirino explica que aunque el Código Penal actual establece pocas penas cortas, los estudios han demostrado que estas no generan ningún beneficio a los imputados, sino que más bien constituyen un daño porque se expone a la persona durante unos cuantos años al ambiente de las cárceles y no crean ningún cambio positivo.
El Código Penal de Issa-El-Khoury sí contemplaba penas muy altas para los delitos que fueran calificados como graves.
Sin embargo, este proyecto recibió fuertes críticas porque se consideró que constituía una “alcahuetería” para los criminales, al ser de índole garantista.
El jurista Chirino manifiesta que la Universidad ha dejado de hacer este tipo de esfuerzos para contribuir al quehacer legislativo en torno a las políticas criminales y por ello, hace un llamado al fortalecimiento del estudio y del debate interdisciplinario desde el ámbito universitario.
“Si un estudio racional sobre el delito,  de sus causas, sus efectos, del nivel de conflictividad social y del correlato de otros factores, la política criminal que estamos haciendo es puramente simbólica”, concluyó.
2-Set-09