Ambientalistas y académicos consideran que recibieron trato desigual por parte de miembros de la Sala IV.
En medio de un sofocante calor y manifestaciones en contra de la actividad minera, dos magistrados de la Sala Constitucional visitaron el 11 de setiembre el proyecto Crucitas, con el fin de llevar a cabo una inspección ocular del lugar donde se pretende explotar la tierra para extraer oro, utilizando el método de la minería metálica a cielo abierto.
La revisión respondió a recursos de amparo interpuestos por varias personas y organizaciones ambientalistas ante la Sala, cuyo estudio detuvo la actividad desde hace varios meses.
Mientras las partes a favor, en contra y las neutrales se encontraban dentro de los terrenos de la empresa Industrias Infinito, afuera se apostaron cerca de 200 personas interesadas en que se paralizara totalmente la actividad minera. Ellas venían de San Carlos, particularmente de  los pueblos de Moravia y Coopevega, así como de otras zonas del país.
Solamente los magistrados Luis Paulino Mora y Ana Virginia Calzada, junto con personal de la compañía y personas recurrentes (quienes interpusieron recursos de amparo), tenían la autorización de entrar para presenciar la revisión.
ALTERCADOS
A la hora de ingresar al sitio, la discusión saltó debido a que denunciaron un trato desigual entre las personas con diversas posiciones.
El profesor de derecho Nicolás Boeglin, miembro de la comisión que redactó el informe del Consejo Universitario de la UCR sobre Crucitas, relató que en una inspección ocular, las partes tienen “igualdad absoluta de las partes”. Sin embargo, los magistrados y la empresa entraron a la propiedad en vehículos.
Luego se instaló un cordón policial y solo se permitió incorporarse a pie, y atrás de ellas tuvieron que irse a pie los recurrentes y las autoridades de gobierno.
Por tal motivo, se interpuso un recurso de hábeas corpus, pues las partes en contra estaban en  desventaja.  Para la segunda inspección todas las personas entraron a pie. 
El diputado del Frente Amplio José Merino, quien interpuso una acción junto con la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y su asesor José María Villalta (quien también aspira a un puesto de legislador para las próximas elecciones) también tuvieron obstáculos, pues se les dijo que ya no podían ser acreditados.
Villalta, representante legal de Merino para ese caso, mencionó que la expectativa de los grupos opuestos a la minería era que los magistrados se percataran de los impactos que el proyecto ocasionaría en el terreno.
Respecto de la dificultad para ingresar, manifestó que “la gente estaba enojada porque vimos que no había igualdad para las partes, en especial para la gente que está en contra. Los de la empresa podían ir hablando con los magistrados, y cuando la gente nuestra llegaba, ya había empezado la inspección. Ellos iban cansados, hubo gente que casi se desmaya, y eso es una falta total de respeto, incluso a los diputados de oposición que iban acreditados los obligaron a caminar”. 
Aseguró que hay una política de chantaje a la población, ya que se amenaza a los habitantes de que sin el proyecto minero se les quitarán servicios como electricidad, salud, seguridad y fuentes de empleo. Advirtió que dichas afirmaciones son falsas, pues es obligación del Estado brindarlos. 
TOMA DE CONCIENCIA
“Lo que vimos es una manifestación ciudadana, en medio de una campaña que no se inició ayer, sino desde hace 15 años; es el trabajo tenaz de las comunidades de la zona norte, las organizaciones, sindicatos, sector de estudiantes. Es una toma de conciencia ciudadana”.
Con estas palabras, el biólogo Gabriel Rivas, de la Asociación Comunidades Ecologistas la Ceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica (COECO-CeibaAT), describía el ambiente que se vivía en la entrada de la empresa norteamericana, cuando los cánticos y discursos en contra de la actividad afloraron, en un pueblo que se ha visto sometido a una presión basada en falsas promesas, señaló.
En su criterio, la decisión de la Sala Constitucional es eminentemente política, por el apoyo que le ha dado el presidente Óscar Arias, y que está midiendo muy bien cuál será su fallo, al estar ampliamente demostrada la inconveniencia ecológica de la actividad.
Carlos Campos, representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la UCR, aseguró que acudieron a Crucitas para llevar a cabo un proceso de presión, ya que no tienen confianza en la resolución que podría dar la Sala Constitucional, pues en otras ocasiones ha demostrado que lo hace en contra del interés común.
Considera que este es un escenario de lucha, y por eso han tratado de incitar a los estudiantes a expresar su repudio contra el proyecto. Esto por cuanto existe una “mala fe” de la empresa.

 
Pobladores en contra de minería
Los pueblos de Moravia y Coopevega son el paso para llegar a las verdes tierras de Crucitas, en Cutris de San Carlos. En la zona se veían algunos carteles a favor de la mina. Pero conforme se adentraba en el lugar, muchos vecinos se manifestaban en contra de esta actividad, como Guillermo Herrera, integrante del Frente de Oposición a la minería de la zona norte. Este hombre, que tiene 33 años de vivir en Chamorro de Cutris, comentó que la lucha la comenzaron tres personas, y que ahora se les ha unido gran parte de la comunidad. Destacó el sacrificio y preocupación de la población y criticó que la empresa los trata de manipular. Contó que muchos de los carteles a favor de la minería se colocaron sin permiso y que usaron lotes donde se sabe que el dueño es antiminero, pero que no estaba presente. Aún así, los 16 años de lucha en contra de los engaños y la falta de recursos (hay algunos pueblos que carecen de agua desde hace cuatro meses) los lleva a mantenerse en pie. Otro de los pobladores, Julián Castillo, manifestó que ha tenido poco roce con la minería, pero que se resiste, ya que cree que lo único que puede dejar es un desastre que lleva a problemas sociales. Comentó que ha visitado zonas mineras en Ecuador, México, Venezuela y España, y ha visto las consecuencias. Reconoció su profundo dolor por la tala del almendro amarillo y por el peligro que corren especies como las lapas verdes, de las cuales dice que quedan varios ejemplares, aunque la gente piense que ya no hay.

 
Impugnan indiferencia de magistrados
Yamileth Astorga, una de las recurrentes que realizó la inspección ocular, reconoció sentirse extrañada por la actitud de los magistrados Luis Paulino Mora y Ana Virginia Calzada. La coordinadora del Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral de la UCR (Pro-GAI) e integrante de la comisión que redactó el informe del Consejo Universitario sobre Crucitas, explicó a UNIVERSIDAD que la actitud de los dos miembros de la Sala Constitucional, principalmente de Mora, fue indiferente e irrespetuosa, además de mostrarse proclives a escuchar solo los argumentos de la parte a favor. Recalcó que en lugar de una inspección donde se debatieran posiciones, fue un recorrido guiado por la empresa, muy mal organizado, donde incluso representantes del gobierno y diputados como José Merino del Frente Amplio y Lesvia Villalobos y Marvin Rojas de Acción Ciudadana, tuvieron que entrar a pie. Criticó que cuando ellos llegaron, ya los demás habían recorrido camino y expuesto sus puntos.“Me dio la impresión de que la Sala estaba decidida, Luis Paulino Mora nos callaba, y no se abordó ningún tema técnico”. Denunció que la regente ambiental Sandra Arredondo, quien debía rendir un informe neutral a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), fungió como una representante más de Industrias Infinito, al dar explicaciones del trabajo de la compañía, labor que no le correspondía. 

 
16-set-09