La Red de Control Ciudadano (RCC) está constituida por  una coalición de organizaciones sociales diversas  que  en el año 2007 y a raíz del referéndum efectuado en Costa Rica para definir la aprobación o no del TLC, se vincula activamente a las distintas expresiones de oposición que surgen del movimiento social aportando específicamente, una estrategia de capacitación de fiscales ciudadanos  en todo el territorio  nacional, para el fortalecimiento de  capacidades y competencias ciudadanas en   la vigilancia de la transparencia de los procesos eleccionarios. 
Tanto  los resultados del referéndum, como de las elecciones presidenciales ocurridas en año  2006,  dejan  expuestas  amenazas concretas contra la transparencia del proceso electoral, afectando la voluntad de la ciudadanía a través de mecanismos y estrategias que aprovechan las omisiones de la legislación, y la pasividad-complicidad de las autoridades electorales.De cara a un nuevo proceso electoral a efectuarse en febrero del 2010  se  expresan  nuevamente los riesgos de  un escenario en el que la transparencia de las reglas electorales se debilita aceleradamente, por lo que hemos definido como una prioridad impulsar una Auditoría Electoral Ciudadana en tanto mecanismo de presión,  vigilancia y denuncia   frente a  aquellos actores políticos e institucionales que pretenden “secuestrar” los procesos de participación ciudadana y decisión democrática y colocarlos al servicio del modelo de exclusión y desigualdad que pretenden imponer.  La  Auditoría Electoral Ciudadana  es un ejercicio autónomo de ciudadanía que no depende ni se subordina a la legislación electoral vigente, a los partidos políticos o  al Tribunal Supremo de Elecciones. Es  una fiscalización del proceso en su conjunto y no solo del momento de emisión del voto,  por lo que la vigilancia estará contemplando el desempeño de diversos actores: TSE, partidos políticos, gobierno central y municipal, medios de comunicación y empresa privada.  Su objetivo es contribuir a la generación de procesos de empoderamiento ciudadano a través del impulso de nuevas formas de participación política que cuestionen el actual marco normativo y remueva los ejes tradicionales sobre los que se asienta la cultura política. Esperamos convertir esta iniciativa en un proceso permanente de vigilancia ciudadana,  desarrollando estrategias de atención a momentos críticos de carácter electoral, u otras situaciones que demanden mecanismos y procedimientos de participación ciudadana. En tal sentido, pretendemos construir experiencia inédita en el país, acerca de mecanismos  y nuevos indicadores que nos permitan evaluar  la calidad de la democracia   y poder repensarla  más cercana a los intereses y aspiraciones de los ciudadanos y las ciudadanas. Es importante señalar que en lo que va del proceso electoral ya se podrían acopiar algunas situaciones susceptibles de ser auditadas. Por ejemplo, la designación de las candidaturas a diputados(as): ¿se ha respetado el 40% de representación de las mujeres? ¿Cuántas mujeres han sido electas en puestos elegibles? ¿Cuántas candidaturas al Congreso o a las municipalidades estarán señaladas por actos corruptos?  ¿Han sido procesos transparentes y democráticos? ¿Cuántas han sido nombradas a “dedo”? ¿Por qué se dejó el portillo abierto a las sociedades anónimas para sustituir sus “donaciones” por compra de bonos? ¿Por qué el TSE no advirtió a tiempo ese riesgo? Es legal, dicen, pero ¿será ético? ¿Por qué el TSE renuncia a la promoción de la participación ciudadana y la pretende sustituir por mano de obra electoral pagada?
En definitiva, el ejercicio que hagamos con esta Auditoría debería propiciar mejores condiciones y capacidades de la ciudadanía para ejercer su derecho a la fiscalización permanente de las autoridades de gobierno, tanto legislativas como las municipales que sean electas. Avanzar en la creación de una extensa red de control ciudadano en el país actuando vigilante, activa y denunciante. Es la hora de modificar nuestro comportamiento ciudadano, rompiendo con aquella cultura política que coloca siempre a la ciudadanía por debajo de las instituciones y los partidos políticos cortando de esa manera las aspiraciones de la ciudadanía  por participar activamente en los asuntos que le competen para su bienestar.