Nueve meses después del sismo de Cinchona, habitantes exigen planes concretos de reactivación económica.
Una evidente inconformidad de las personas damnificadas por el terremoto del 8 de enero en Cinchona, hacia la labor hecha por el gobierno en las zonas afectadas, fue palpable durante una actividad que pretendió ser de encuentro entre ambas partes, realizada el pasado 30 de setiembre en la Asamblea Legislativa.
Aunque se había anunciado la presencia del viceministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Villalobos, de la presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Vanessa Rosales y del ministro de Coordinación Interinstitucional, Marco Vargas, a la actividad sólo se hicieron presentes funcionarias regionales del Instituto Mixto de Asistencia Social (IMAS).El encuentro fue organizado por el Partido Acción Ciudadana (PAC) y quien más habló fue Franco Alvarenga, quien a pesar de no vivir en las zonas afectadas, ha participado de acciones de apoyo a los damnificados y es miembro del Club Rotario. Señaló que “los daños, la miseria y la falta de ayuda siguen presentes, los diferentes ministerios no toman en cuenta el esfuerzo de tantas personas y de la sociedad civil que llevaron materiales y toneladas de comida, y realizaron labores que ellos debían hacer”.“El terremoto demostró que nuestros gobernantes no estaban a la altura. Uno de los grandes pecados del Gobierno ha sido la falta de comunicación y de coordinación; hemos sostenido muchas reuniones con el ministro Marco Vargas, pero luego de 8 meses de la emergencia estamos igual que al día siguiente”, puntualizó el activista ante un público de personas provenientes de las zonas afectadas, en su mayoría mujeres.Por su parte, María Teresa Morales, vecina de San Rafael de Vara Blanca y cuya familia forma parte de las varias decenas que aún se mantienen en las viviendas provisionales de madera construidas en esa localidad por la organización no gubernamental Un Techo para mi País, al ser consultada por UNIVERSIDAD señaló que “me duele que nos tengan en el olvido. Siempre se refieren al ‘Terremoto de Cinchona’, cuando Vara Blanca fue uno de los pueblos más afectados, ya que no tenemos escuela ni iglesia; llevamos nueve meses sin servicio médico, pues sólo llega una vez al mes”. (Ver recuadro)
RECLAMOS
Entre las quejas expresadas por las personas afectadas figura el “misterio y la descoordinación” sobre los planes de reconstrucción. “Los afectados están desconcertados, semanalmente participan en las reuniones a las que se les invita, pero no solo no se ven avances, sino que se han perdido muchos meses y hoy se encuentran en el mismo punto que en el que estaban al 9 de enero de 2009”. En el tema de las necesidades de vivienda señaló que “poco se sabe” de las compras de terrenos y la Municipalidad de Alajuela no ha hecho una modificación necesaria en el plan regulador que permita la reconstrucción y el otorgamiento de bonos de la vivienda. “Esta ha seguido cobrando las tasas de inmuebles, pese a que las propiedades ya no existen o son inhabitables. Por eso no se siente un apoyo real”. En el encuentro también afloraron críticas a la CNE. Alvarenga manifestó que el anterior presidente, Daniel Gallardo, “ignoró nuestras solicitudes y planteamientos y se preocupó más por la evacuación de los muertos y la contratación de limpieza de caminos, que de la atención de personas afectadas”. Señaló que la actual presidenta “ha colaborado con ayudas puntuales y realizó un estudio de puentes y carreteras que contradice los datos de Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), pues señala que la situación es crítica y debe de ser una prioridad”. En su criterio la Comisión “debe reactivar la distribución organizada de diarios, ya que la falta de trabajo y de recursos productivos, tienen en la miseria a centenares de personas”. Al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) se le reclamó que ríos y quebradas de las zonas afectadas fueron limpiados parcialmente de los materiales que cayeron por el evento sísmico, lo cual “sigue poniendo en peligro puentes, terrenos, carreteras y viviendas. No sabemos a ciencia cierta el impacto que podrían ocasionar estos sedimentos y troncos y gracias a que hemos tenido un invierno débil no se han dado mayores consecuencias que lamentar”.Añadió que la limpieza de esos cauces fue solicitada a la CNE, al MINAET y a la Municipalidad de Alajuela, “sin resultado alguno”. “El 22 de febrero, el Instituto Nacional de  Acueductos y Alcantarillados (AyA),  ofreció enviar ingenieros para inspeccionar las tomas de agua en las nacientes que llegan a Poasito y Fraijanes, pero desde entonces no sabemos nada de ellos”. Sobre el turismo, el activista señaló que se ha recuperado un poco en las cercanías del Volcán Poás, pero “no gracias al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), sino al apoyo de particulares. La gente ha vuelto a visitar algunas zonas, pero este esfuerzo debe ser orquestado y orientado hacia toda la región”. Puntualizó que sin un plan de reactivación urgente, “muchas comunidades van a desaparecer en el corto plazo, ya que se han perdido empleos en hoteles, ventas, sodas y restaurantes”.Por su parte Rigoberto Solano, vecino de Fraijanes, calificó el trabajo hecho por el Gobierno como “muy malo”, pues consiste en “ayudas paliativas”. “¿Quién aporta las herramientas para la reactivación económica?”, dijo al Semanario.En cuanto al desempleo, dijo que las grandes empresas que ocupaban mucha mano de obra, han despedido al 80% del personal y a muchos les deben el aguinaldo y prestaciones. Cabe recordar que UNIVERSIDAD dio a conocer el aumento del desempleo en la zona. (Ver edición del 12 de mayo 2009) Rosibel Guerrero, gerente de la Región Brunca del IMAS, señaló que esa dependencia sigue en emergencia, y que las ayudas se dirigen a las familias para que puedan alquilar viviendas y comprar enseres. “Las familias que se nos han acercado han recibido el subsidio, hemos trabajado duro, aunque la institución no tiene mucho personal ejecutor. En cuanto a construcción o reconstrucción de viviendas es al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) donde deben acudir las personas”. Explicó que quienes no aparecen en las listas oficiales de la CNE, no pueden ser atendidas por el IMAS.Alberto Salom, jefe de fracción del PAC, dijo sentir “una gran decepción”, porque “pude palpar que se produjo de parte del Gobierno un boicot a esta actividad”, ante la ausencia de autoridades que habían confirmado su participación. “Queríamos conversar con franqueza, pero a excepción del IMAS, la respuesta fue el silencio y esto pone en evidencia la falta de sensibilidad del Gobierno”.Bajo instrucciones de la oficina de prensa de Casa Presidencial, a esa dependencia se enviaron preguntas al Ministro de Coordinación Interinstitucional, para incluir la posición del Gobierno sobre estos planteamientos. A pesar de que vía telefónica se confirmó la recepción del cuestionario, al cierre de edición no habían llegado las respuestas.

 
“Se olvidaron de San Rafael de Vara Blanca”
María Teresa Morales es madre de tres hijos y ha vivido toda su vida en Vara Blanca. Se gana la vida en labores domésticas. Ella perdió su casa no el 8 de enero con el terremoto, sino que una semana después “una parte de la vivienda fue demolida por el MOPT para hacer un camino”.
“La CNE nos había sacado de la casa por la emergencia, pocos días después un amigo  me avisó que estaban demoliendo mi casa, había gente del MOPT, del CONAVI, hasta del OIJ. Me dieron quince minutos para sacar todo, tuvimos que mover las cosas en cuadraciclo y la mitad se perdieron por la carrera”.
“La Municipalidad de Heredia me ayudó a rescatar materiales como el zinc y el perling de la vivienda, pero eso no es suficiente, necesito una casa digna para mis hijos. Desde entonces vivimos en esas de madera que construyó Un Techo para mi País, a quienes les tenemos mucho agradecimiento, pero era una medida de emergencia y ya llevamos nueve meses sin respuesta. No me parece justo que esa solución temporal se está volviendo permanente”.
Ante el atropello por parte del Estado que ella sufrió con la demolición, interpuso un recurso de amparo y el 21 de julio apareció en un periódico que la Sala Constitucional ordenaba al MOPT pagarle una indemnización lo antes posible. “Pero el voto no ha sido firmado, mi abogado no ha recibido ninguna notificación y les pido que por favor tengan conciencia y lo hagan”.
Sobre la suerte de su comunidad, lamentó que “estamos totalmente olvidados, allí no llega nadie con ayuda del Gobierno, tenemos una atención a medias de parte de médicos de Poasito, pero estamos sin laboratorio y hay que viajar hasta San Pedro de Poás a sacar cita para ver cuándo nos pueden hacer un examen. Eso es muy injusto porque hay niños y adultos mayores que requieren de esa atención”.
“Al Gobierno se le olvidó que San Rafael de Vara Blanca existe, esperaba que nos diera la cara con respuestas concretas sobre qué piensan hacer con nosotros, y con todos los pueblos afectados. Lo que siento es irrespeto, que no valemos nada para el Gobierno”.