Durante los inicios de la gestión de la candidata presidencial como Ministra de Justicia, se eliminó una resolución que ordenaba que la disputa por el terreno debía ir a tribunales.
Una resolución del Registro Público Nacional que revivió la disputa de la playa Cabuyal, ubicada en Guanacaste, se dio durante la gestión como Ministra de Justicia de la actual candidata del Partido Liberación Nacional (PLN) Laura Chinchilla, mientras ella fungía también como Presidenta de la Junta Administrativa de esa institución estatal.
 
Dicho dictamen, efectuado por el subdirector interino del Registro Arturo Ortiz, el 31 de mayo del 2006, levantó la decisión que el Tribunal Registral Administrativo, instancia superior, había promulgado el 27 de marzo de ese mismo año, en la que se señalaba que la vía administrativa del caso de la playa estaba agotado, lo que quiere decir que proseguía acudir a juicio. La Junta Administrativa es presidida de oficio por el ministro o ministra de Justicia, y es la entidad superior directa de la dirección y subdirección del Registro Nacional. La disputa por esa zona de la provincia costera comenzó en el 2003 cuando la familia Román Ocampo realizó una localización de derechos y presentó un estudio histórico, alegando que la playa era de su propiedad. En la actualidad, María Ocampo, integrante de esa familia, es candidata a diputada por el PLN por Guanacaste, y su hijo Eugenio Román es aspirante a regidor. Su esposo, Luis Román, fue diputado durante la administración Figueres Olsen (1994-1998).Durante los años de pugnas, se han suscitado varias polémicas. Por ejemplo, con la legisladora por esa provincia Maureen Ballestero, pues regidores municipales señalaron que ha tenido injerencia en el caso. La discusión por el uso de una avioneta de la Fuerza Pública se debió a que ella era delegada para las elecciones a regidor en esa región.Chinchilla también participa de la discusión al criticársele que eligió “a dedo” a Ocampo para que ocupara una posible curul en el siguiente periodo, pero sobre todo al revelarse que habría conocido del caso como máxima jerarca del Ministerio de Justicia. Se buscó la respuesta de la aspirante presidencial, pero UNIVERSIDAD no recibió respuestas a sus consultas. (Ver recuadro “Chinchilla guarda silencio”)
REVIVIR LA POLÉMICA
El voto 077-2006 del Tribunal Registral Administrativo rechazó un recurso de apelación de Luis Román, presidente de Inversiones Román Ocampo, referente a la posesión de la propiedad en Cabuyal. Dos meses después, el Registro Nacional le dio vida a esa sentencia, al colocar de nuevo en discusión la discrepancia por la apropiación del lugar. Los abogados Ricardo Harbottle y Guiza Pinchansky, quienes en el 2005 fueron contratados por la municipalidad de Liberia para responder un recurso de revocatoria de esa familia para visar un plano catastrado que incluía 4.1 kilómetros de zona marítima, explicaron a UNIVERSIDAD que el subdirector a.i carecía de competencia para levantar la advertencia del primer organismo, ya que este puesto está por debajo de la Junta Administrativa, que en ese momento era presidida por Laura Chinchilla, y al lado se encuentran los tribunales. “Él (Ortiz) no tenía potestad para meterse en una sentencia y eliminarla porque un tribunal superior a este ya había decidido, esto es violatorio al respeto que se debe tener a los tribunales”, aseveró Pinchansky, quien también es historiadora. En la disposición del Registro, se inscribe la propiedad y se evita que se lleve a cabo un juicio. El estudio de los abogados además señaló que la playa es un bien de dominio público, por lo que no puede pertenecer a un particular, salvo que se contara con una concesión. Uno de los argumentos de la familia es que posee un título real, manifestaron los profesionales, un certificado que data de tiempos coloniales. Sin embargo, ese título real nunca se ha presentado y según investigaciones de los notarios, ninguno de los pobladores que años atrás habitaron en el lugar lo poseían.
 

Chinchilla guarda silencio
UNIVERSIDAD buscó la opinión de la aspirante presidencial por el PLN, Laura Chinchilla, sobre la resolución del Registro Nacional de levantar la advertencia administrativa que ordenaba que la solución para el caso Cabuyal era ir a juicio, siendo ella Ministra de Justicia y Presidenta de la Junta Administrativa del Registro. Se envió un correo con las preguntas al representante de prensa Carlos Roverssi el 14 de noviembre, pero al cierre de edición no hubo respuesta. Estas fueron las preguntas:1. En mayo del 2006, el subdirector a.i. del Registro Público Nacional Arturo Ortiz ordenó  que la advertencia de marzo de ese mismo año del Tribunal Registral Administrativo sobre el agotamiento de la vía administrativa del caso Cabuyal no procedía. En ese momento usted era la Ministra de Justicia y Presidenta de la Junta Administrativa del Registro Nacional. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre esta resolución? 2. El subdirector a.i levantó la resolución del Tribunal Registral Administrativo ¿apoyó usted este criterio, como máxima jerarca de la Junta y de dicho Ministerio? 3. Debido a los cuestionamientos en los que se ha visto relacionada la familia Román Ocampo sobre el caso de playa Cabuyal y que se han denunciado en varios medios de comunicación, ¿separaría a María Ocampo de su candidatura a diputada por la provincia de Guanacaste?

Nexos políticos alteran orden en Liberia
Las influencias de carácter político en el caso Cabuyal son discusión cotidiana del pueblo guanacasteco. Los inicios de la polémica surgieron desde las bases de la Municipalidad de Liberia. El regidor Ahmed Loáiciga relató a este semanario que dentro del Concejo Municipal hay integrantes claramente definidos a favor de recuperar las tierras de la zona marítimo terrestre de Cabuyal. No obstante, aseguró que ha sido costoso llegar a este punto por la influencia de la familia Román Ocampo sobre regidores del PLN y PUSC.Loáiciga, representante del PAC, reconoció que este grupo de personas han colaborado por acción u omisión, pues en ocasiones no emiten su voto por ausencia en el salón de sesiones o se manifestaban en contra.Añadió que es un comportamiento sostenido tanto por una influencia como amistad. Agregó que anteriormente habían chocado las tendencias de esa familia con la de Maureen Ballestero, pero que han hecho causa común.El regidor criticó el accionar de la diputada, que en sus palabras no ha movido un dedo en defensa de Cabuyal. La presencia de Ballestero ha tenido relación, aseguran, porque antes de tomar posición en su cargo como legisladora apareció en una reunión municipal y se le dio la palabra, interrumpiendo e incompletando la sesión. Advirtió que tanto a Chinchilla como al mandatario Óscar Arias se les hizo llegar la información del caso, pero que se han mantenido en silencio.Por otra parte, la abogada e integrante de la Asociación Pro Defensa de la zona marítimo terrestre (AZOMATE) Zedy Guevara, expresó que el hecho de que el PLN sea una dinastía representa un obstáculo al producir limitantes, pues estas personas ejercen peso sobre muchos habitantes. “Se siente en el Concejo Municipal (los Ocampo) tienen sus regidores amigos que se inclinan muchas veces por ese aspecto en lugar de la defensa del bien colectivo”. Denunció que en sesiones de esta entidad, la misma presidenta Veralicia Gutiérrez, del PLN les había impedido la palabra, por lo que no podían exponer sus ideas. Ese poderío se muestra al obstaculizar que el gobierno local actúe con celeridad para que se dé una resolución definitoria, prosiguió. Además, los miembros de la agrupación se han visto amenazados físicamente, ya que en algunas presentaciones públicas, integrantes de la familia y sus guardaespaldas los trataron de agredir debido a que se han exacerbado los ánimos, afirmó. Refutó su comportamiento y alegato de que poseen un título real, pues de ser así, cuestionó la razón por la que hasta ahora no lo han presentado, y así legalizar la situación y finalizar el caso. Concordó con que antiguos dueños de esas tierras aseguran que nunca escucharon que las fincas de Santo Tomás, como se le denominaba el terreno debatido, tuvieran título real ni que sus antecesores dijeran que llegaba hasta la zona restringida, que es la marítima.  “Sin tener un puesto han obstaculizado tanto, ahora llegando María (Ocampo) a la diputación va a ser mucho más notorio. Ellos tienen una infraestructura electoral, conocen a la gente, saben a dónde llegar… la misma municipalidad se pone en un plan de arrodillárseles”. Alicia García, exregidora del PLN en el periodo 2002-2006, recordó el momento de inicio de las denuncias. En abril del 2006, Ballestero se presentó en el encuentro del Concejo y se le permitió intervenir. En ese momento, García se refirió a que la presidenta municipal Dinette Contreras le concedió la palabra y eso alteró el orden de la agenda establecida. Pese a los reclamos de varios de sus compañeros, respondió que se lo permitía porque “ella era la diputada”. Aunque solo habló de sus proyectos como legisladora, pues estaba a punto de tomar posesión, su llegada entorpeció la rendición de un informe de la asesora legal de la municipalidad sobre Cabuyal. La antigua representante también detalló que en su gestión se iba a destinar un presupuesto de ¢50 millones para pagar a un abogado que analizara el caso, que había sido aprobado por decisión unánime. Empero, después lo negaron y no hubo apoyo para que se pudiera contratar a un experto. “Me siento frustrada por la situación, soy liberacionista de nacimiento, pero llegó un momento en que la situación llegó a degastar el proceso de la Municipalidad, casi no se pudieron hacer obras porque estaba todo canalizado por ahí, pasaron cuatro años y nunca se aclaró”, lamentó.  UNIVERSIDAD buscó la opinión de María Ocampo en Liberia. Se le buscó el 11 de noviembre en su casa ubicada en el centro de esa ciudad, pero no se encontraba. De inmediato se acudió a la casa de campaña del PLN, a algunas cuadras; sin embargo, se informó que se acababa de retirar para hacer visitas a otros pueblos.

¿Por qué Cabuyal no le pertenece a los Román Ocampo?
* En 1821 se definió que la milla marítima era un bien demanial, es decir, de bien público.
* Desde 1867, toda persona que tenía un título, ya fuera una cédula real o título de compra, debía acudir al registro a inscribirlo. Quienes no contaban con ese título podían sentarlo por información posesoria, donde probaban con testigos que ellos ocupaban esa propiedad como dueños, en forma pacífica, continua y pública. Los Román Ocampo inscribieron la propiedad como información posesoria, es decir, que en ese momento no existía título alguno. Cuando un terreno se registra por un medio, cualquier título anterior queda nulo.
* Ninguno de los anteriores propietarios, que son personas mayores, mencionaron que ellos eran dueños de la playa. Por el contrario, estaban conscientes que los 200 metros de la zona marítimo terrestre era estatal.
* Para poder localizar un derecho sobre una propiedad se necesita un plano catastrado de la finca madre. El plano que se muestra no tiene validez porque es un dibujo inscrito en 1922, por lo que hay una  interpretación errónea y tendenciosa de documentos históricos.
* En setiembre del 2005, una registradora llamada Giselle Vidal efectuó un estudio de la propiedad y colocó una advertencia administrativa, aduciendo que la propiedad carecía de un plano y que había problemas de medidas en la finca, por lo que no se podía inscribir.
Fuente: Investigaciones realizadas por los abogados Ricardo Harbottle y Guiza Pinchansky.
 

Concejo acoge recursos para solucionar disputa
Dos recursos presentados en momentos distintos buscan frenar el apoderamiento de playa Cabuyal por parte de la familia Román Ocampo. El primero fue interpuesto el 28 de julio de este año por la regidora Damaris Rodríguez, a nombre de la Comisión de la Zona Marítimo Terrestre, en el que denuncia que el alcalde Carlos Marín se ha retrasado en dar ejecución a los proyectos aprobados en el Concejo.Se tomó el acuerdo de abrir un procedimiento administrativo por incumplimiento y se decidió que fuera el vicealcalde Óscar Talavera, quien continuara dando trámite a asuntos como los relacionados con la playa. El segundo se presentó el 9 de noviembre por el periodista Edward Jensen, en el que solicita que se revise el acuerdo de este caso al asegurar que hay irregularidades. Con base en el Código Municipal, insta a que se anule el convenio del 2006 en que el Concejo ordena a la alcaldía el visado del plano del terreno en cuestión.  El Concejo dejó el acta en firme la primera el 16 de noviembre, mientras que la segunda está siendo analizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos, que recomendará a los regidores aceptarlo o denegarlo.
 

Cabuyal: Un paraíso escondido
Es una playa alejada de las construcciones y la agotadora dinámica del empresariado turístico. Cerca de 90 minutos separan a playa Cabuyal de la Ciudad Blanca, como se le conoce a Liberia.Después de atravesar las megaconstrucciones que colocan a las contrastantes figuras del acaudalado extranjero con el humilde trabajador nicaragüense, la carretera se empina para dar paso a un grueso trillo de piedra.El sol acompaña el camino de manera sofocante, y luego de una larga travesía, el astro rey es tapado por los árboles, para ver a lo lejos la playa, más que de la discordia, potencial víctima de un sistema capitalizador de dinero.  Los manglares bordean el camino y en la pared externa de una casa los visitantes se topan con un curioso mensaje: “La belleza es de todos, Cabuyal no se vende”.El camino prosigue hasta llegar a lo que es un paraíso. Una playa con un perfecto oleaje, solitaria, limpia, sobria. Algunas casas lujosas, una de ellas de la familia Román Ocampo, se miran por encima del paisaje. La marea golpea varias estructuras de piedra que se imponen a lo lejos. Cual ser pacífico, hoy aguarda la resolución de las autoridades.