La municipalidad de Liberia declaró nulos los planos de playa Cabuyal que favorecerían a la familia de la candidata a diputada María Ocampo.
El Concejo Municipal de Liberia anuló los planos de los derechos 001 y 005, que fueron aprobados en el 2006 y que significaban un punto a favor para el otorgamiento de la propiedad de playa Cabuyal a la familia Román Ocampo, que reclama derechos sobre ese terreno.
UNIVERSIDAD publicó semanas atrás que los allegados de la candidata a diputada por el Partido Liberación Nacional (PLN) en Guanacaste, María Ocampo, han mantenido una disputa desde hace más de tres años, marcada por la denuncia de influencias políticas e intereses particulares (Ver nota edición 1831 “Laura Chinchilla habría conocido polémica resolución sobre playa Cabuyal”).En respuesta al reportaje, Ocampo negó un interés por hacer de la zona un sitio privado y aseveró que lo dicho por las personas entrevistadas era falso (Ver nota edición 1832 “Candidata presidencial y aspirante a diputada niegan interés en playa Cabuyal”).
RESOLUCIÓN NULA
La anulación del visado de los planos quedó en firme el 23 de noviembre por dos trámites presentados al Concejo Municipal. El primero fue un recurso extraordinario de revisión interpuesto el 9 de ese mismo mes por el periodista Edward Alfaro. Este expuso que en la sesión del 6 de abril del 2006 -en la que se habían aprobado los planos- se incumplió con el Código Municipal y se dio la palabra al licenciado Manuel Carrillo, quien emitió una opinión jurídica del caso sin ser convocado por la municipalidad o el concejo. Aún así, expuso sus argumentos sin alterar el orden del día y fueron tomados en cuenta para votar por el visado de los planos. El acuerdo se complementó con una moción del regidor Ahmed Loáiciga, en la que solicitó iniciar de forma inmediata los procesos legales correspondientes para defender la zona marítimo terrestre de playa Cabuyal y contratar profesionales en el área de derecho para su protección.Alfaro, director del periódico guanacasteco La Provincia, explicó que un mal acuerdo del Concejo de la administración pasada llevó a otorgar el visado, a pesar de que el criterio de Carrillo era ajeno a la entidad pública. El recurso de revisión se basó en investigaciones realizadas por ese medio. “Hay un evidente desconocimiento del manejo de la administración pública de Liberia, ni los regidores ni el alcalde conocen las normas y reglamentos en materia municipal, así cometen irregularidades, dan permisos y crean inseguridad jurídica”. El comunicador manifestó que la forma en la que se ha manejado el tema de Cabuyal ha estado permeado de intereses y clientelismo, lo que llevó el caso a un colapso. El acuerdo tomado el 23 de noviembre indicó iniciar acciones civiles, penales y administrativas contra los regidores en ese momento Fermín Méndez, Dinette Contreras, Alejandro López, María Elena Murillo y Patricia Marenco, quienes votaron a favor del visado de planos. El concejo actual consideró que los antiguos representantes fueron complacientes con la familia Román Ocampo y actuaron contrario al principio de legalidad al basarse en el criterio personal de Carrillo. Además se incluyó al exalcalde Ricardo Samper, la abogada Johanna Moreno y otros funcionarios y exfuncionarios, a quienes se les atribuyó responsabilidad en el caso por acciones u omisiones.Carlos Leiva, presidente del Concejo Municipal de la presente administración comentó a UNIVERSIDAD que la nulidad de los planos, aprobada por unanimidad, era una obligación de los integrantes del gobierno local. Ahora, prosiguió, tendrán que acudir a los tribunales para eliminar la inscripción registral de los planos, pues aún están archivados. Además del recurso de revisión de Alfaro, que criticó la forma de la resolución del 2006, la comisión de Zona Marítimo Terrestre de esta institución refutó el fondo de esa decisión, pronunciamiento que también fue acogido.Sobre una posible denuncia por parte de los Román Ocampo, el jerarca afirmó que la institución lucha por el pueblo y los bienes de bien público, por lo que su papel se ha enfatizado en hacer justicia, por tanto, no observa ningún comportamiento ilegal en sus decisiones y pronunciamientos.
PRONUNCIAMIENTOS OPORTUNOS
La abogada Zedy Guevara, integrante de la Asociación Pro Defensa de la zona marítimo terrestre (AZOMATE) expresó su satisfacción por los resultados dados por las últimas  decisiones del Concejo Municipal, luego de años de inactividad. Consideró que el pronunciamiento respondió a varios aspectos como las obligaciones y deberes del organismo ante la ley, la propia convicción de enmendar errores  cometidos años atrás, la fuerte presión de la ciudadanía y la acción de algunos medios de comunicación libres de compromisos políticos y económicos.“Estamos ante una causa de dignidad nacional, el asunto coyunturalmente   es contra la empresa Román Ocampo S.A., lo sería contra quienes se hubieran ubicado en circunstancias iguales. No tendrían que desgastarse en victimizaciones y ataques insulsos si legitimaran su posición mostrando la cédula real que les daría  el derecho sobre la zona, lo que no han hecho hasta la fecha”. Aseveró que AZOMATE intensificará su seguimiento de las gestiones municipales, y velará por  la escogencia legítima de profesionales en derecho que se responsabilicen de las causas emprendidas. Por otra parte, el abogado Edgar Porras, quien estuvo vinculado con esta asociación, reconoció que la resolución de nulidad de los planos se debió haber tomado tiempo atrás. Relató que ya existía una conciencia colectiva de que la municipalidad tenía que resolver el caso por este medio. No obstante, criticó que se tomó en una etapa electoral, y la disputa radica en una base jurídica y no un tema de campaña, sino de respeto al estado de derecho. “La gente cree que es un asunto contra la familia (Román Ocampo) y es más de fondo, es un tema de legalidad, ellos pretenden adueñarse de cuatro kilómetros de playa y ni han demostrado el título que dicen tener sobre esa porción de tierra, para saltarle por encima a una legislación vigente que es la ley de la zona marítimo terrestre”. Señaló que la decisión del gobierno local llevará el caso fuera de la esfera administrativa municipal y que será esa misma familia la interesada en llevarlo a la vía judicial. Agregó que la negligencia surge en todas las municipalidades, particularmente en las de Guanacaste, pues se mueven grandes intereses, y la de Liberia se dejó manipular anteriormente por esas ventajas económicas y políticas”.“Liberia se da el lujo de tener candidatos en los primeros puestos elegibles. Familias liberianas se esfuerzan por poner sus fichas en la municipalidad para hacer los negocios que tienen afincados.

Sanciones
El Concejo Municipal de Liberia ordenó el 23 de noviembre iniciar acciones civiles, penales y administrativas contra los exregidores Fermín Méndez, Dinette Contreras, Alejandro López, María Elena Murillo y Patricia Marenco por aprobar el 6 de abril del 2006 el visado de los planos de playa Cabuyal, al considerar que fueron complacientes con la familia Román Ocampo y que se basaron en el criterio personal del abogado Manuel Carrillo, que no era vinculante con la institución. Además se incluyó al exalcalde Ricardo Samper, la abogada Johanna Moreno y otros funcionarios y exfuncionarios, a quienes se les atribuyó responsabilidad en el caso por acciones u omisiones.

 
Sin reacciones de la familia
UNIVERSIDAD buscó la reacción de la familia Román Ocampo sobre la resolución de la municipalidad de declarar nulo el visado de planos aprobado en el 2006. Se trató de contactar a Luis Román, representante legal y esposo de la candidata a diputada por el PLN María Ocampo, pues la semana pasada la aspirante indicó que él sería el encargado de dar declaraciones, a partir de ese momento, quien es su representante legal, según manifestó a este semanario.Se hicieron llamadas a su celular el lunes 30 de noviembre a las 11:28, 11:29 y 11:45 a.m y a las 2:37  y 4:11 p.m; sin posibilidad de accesar y dejarle un mensaje. Asimismo, se llamó a su casa de habitación a las 11:42 a.m. y 4:12 p.m. se le dejaron mensajes con Mercedes Rodríguez, quien labora en su domicilio. A la hora del cierre no hubo respuesta.