Por $7 millones el ICE entregó frecuencias para celulares que pueden valer más de $200 millones.
La devolución por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de varias bandas del espectro radioeléctrico destinadas a la telefonía celular sería ilegal, al no hacerse mediante una ley específica, aseguran algunos abogados y técnicos que han estudiado el caso.
El acto de devolución de las mencionadas frecuencias de telefonía a cambio de $7 millones, fue acordado por el Consejo Directivo del ICE el pasado 18 de diciembre, y se enmarca dentro del plan de apertura de los servicios de telecomunicaciones nacionales exigido por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Al igual que el especialista en telecomunicaciones Gerardo Fumero, el abogado Jaime Ordóñez enfatiza en que “los términos de una ley no pueden ser variados por una simple resolución administrativa”. Esta afirmación la sustentan en que las bandas telefónicas que hasta hace poco poseía el ICE, le habían sido entregadas mediante una ley, y la entrega que hizo de estas el  Consejo Directivo es un simple acto administrativo de un rango legal inferior, lo cual ha llevado a que Ordóñez sostenga que “esto es algo que saben, incluso, los studiantes de primer año de derecho”. Cabe mencionar que el ICE recibió presiones por parte del Poder Ejecutivo, para que devolviera dichas frecuencias y así subastarlas entre los tres operadores de telefonía celular que por el momento han recibido autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) para ofrecer este servicio. La última reunión en que en definitiva quedó aprobado el traslado de las concesiones, se realizó el 15 de diciembre pasado en la Casa Presidencial, con la presencia del mandatario Óscar Arias; su hermano y ministro de la Presidencia, Rodrigo;la viceministra de telecomunicaciones, Hannia Vega; el presidente ejecutivo del ICE, Pedro Pablo Quirós; y varios directivos de esta institución. Tres días después el Consejo Directivo ratificó el acuerdo en una sesión extraordinaria.En vista de las dudosas circunstancias legales en que ese ente prescindió de las bandas, organizaciones laborales del ICE como la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (ANTTEC), y el Sindicato de Ingenieros (SIICE), estudian la posibilidad de emprender una acción legal contra este acuerdo. Vale recordar que el 7 de diciembre anterior, el Partido Acción Ciudadana (PAC) presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una denuncia por beligerancia política contra Antonio Calderón Castro, aspirante a diputado en San José por el Partido Liberación Nacional  (PLN) y miembro del Consejo Directivo del ICE (véase recuadro “Piden destitución de directivo del ICE”). Si bien la denuncia contra Calderón Castro no es específica por su labor como directivo del ICE, él fue uno de los que votó a favor de traspasar las frecuencias del ICE. El único miembro de la junta directiva que se opuso a esa entrega, fue Mayid Halabí, representante del sector de los trabajadores.
¿PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO?
Para el experto en derecho Jaime Ordóñez, es tan evidente la ilegalidad del acuerdo tomado por los directivos del ICE, que “no aguanta un buen proceso contencioso-administrativo”.Así lo hizo ver en el comentario “Nulidad absoluta de acuerdo ICE-MINAET”, publicado el 22 de diciembre por el Diario Extra y referido a lo que pactaron el ICE y la entidad rectora del sector: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Ordóñez hizo un análisis jurídico del acuerdo del Consejo Directivo enmarcado en los alcances de la ley 8642 (Ley general de telecomunicaciones), una de las aprobadas en el 2008 por la Asamblea Legislativa para implementar el TLC con Estados Unidos y que rompió el monopolio que tenía el ICE en materia de prestación de estos servicios. Al sustentar la supuesta ilegalidad del traspaso, el abogado se respalda también en un dictamen que al respecto emitió la Procuraduría General de la República el 1 de julio del 2009, ante una consulta que hizo el diputado José Merino, del Frente Amplio. El texto de esa opinión jurídica dice: “Es por ello que las concesiones otorgadas al ICE y RACSA con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones, continuarán rigiéndose por lo establecido en las leyes en que se fundan. De esa forma, el ICE mantendrá sus concesiones por tiempo indefinido; en el fondo, por el plazo legal del Instituto. En el caso de RACSA, las concesiones se mantendrán por su plazo legal que ahora es de noventa y nueve años”.Pese a que el dictamen de la Procuraduría es claro en que el ICE está facultado durante toda su existencia, para administrar las concesiones de frecuencias que le fueron otorgadas por ley, también hace algunas salvedades.De tal manera que el informe aclara que “debe tomarse en cuenta que el legislador se refirió a las concesiones en uso, así como que existe la posibilidad de reasignación de frecuencias para lograr el uso eficiente y óptimo del espectro. Ello podría originar una devolución o reasignación de frecuencias, según fuere necesario para cumplir los fines del sector de telecomunicaciones”. Asimismo, precisa que la reasignación debe ser fundamentada y no puede ir en detrimento de las facultades del ICE y RACSA, de operar y prestar servicios en las condiciones fijadas por la persona legisladora. Ordóñez, mientras tanto, señaló además que lo actuado por los directivos del ICE podría ser más grave, si se toma en cuenta que la Constitución Política establece en su artículo 121 inciso 14, que es a la Asamblea Legislativa la que le corresponde “decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación”. “Es decir, estamos no sólo ante un caso de nulidad absoluta en materia contencioso-administrativa, donde podría existir responsabilidad personal de algunos funcionarios por lesividad a bienes protegidos por ley, sino, además, de lesa inconstitucionalidad por trasgresión a bienes demaniales”, sostiene el jurista. La posición de Ordóñez fue respaldada por Gerardo Fumero y Manuel María Murillo, miembros de la Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), la cual valorará la legalidad del acuerdo tomado por el ICE sobre las frecuencias. A título personal, Fumero y Murillo fustigaron la entrega de las bandas e instaron a que si el ICE se va a deshacer de ese valioso patrimonio, al menos debe hacerlo de tal manera que se respete la normativa legal vigente. Fumero recordó que los 208.6 megahercios en distintas bandas devueltos por el ICE, le fueron asignados al amparo de la ley No.3226 que reformó la 449 de creación de este ente y que en su inciso h del artículo 1 del texto le imponía: “Procurar el establecimiento,  mejoramiento, extensión y operación de los servicios de comunicaciones telefónicas, telegráficas, radiotelegráficas, y radiotelefónicas, para lo cual tendrá de pleno derecho la concesión correspondiente por tiempo indefinido”. Dado que el otorgamiento de esas frecuencias se hizo mediante dicha ley y que estas pertenecen al Estado, destacó que entonces es obligatorio para el ICE deshacerse de ellas por medio de un proyecto de ley. “El problema es que el procedimiento que han empleado es totalmente nulo, porque no puede ser que lo hagan a través de acuerdo que contraviene la ley”, reclamó Fumero, quien es miembro del SIICE, sindicato que vigilará para que el proceso se apegue al derecho. MONTO RIDÍCULO
Fumero y Murillo calificaron como ridículo el monto de $7 millones que recibirá el ICE a cambio del espectro radioeléctrico devuelto, no solo porque esta cifra no representa el precio real que tienen estas frecuencias en el mercado internacional, sino porque “limpiar” las bandas tiene para la institución un costo elevado, al tener que desechar equipos y comprar otros nuevos que se ajusten a las frecuencias que deberá utilizar. En criterio de Fumero, si se hubiera dado el caso de que los citados segmentos del espectro estuvieran en manos de empresas privadas, al quitárseles éstas habrían reclamado indemnizaciones por más de $200 millones.Lo anterior, por cuanto según datos de una firma que ha brindado asesorías en venta de espectro radioeléctrico en Latinoamérica, el precio promedio de cada megahertz es de $1 millón. Es decir, por los 208.6 megahercios dados por el ICE se debió pagar cerca de $208 millones.Erick Jiménez, director de la División Jurídica del ICE, aseveró que cualquier decisión de la entidad “está sustentada en estudios técnico-financieros que fijan el monto indemnizable e indican que la empresa no solo puede continuar operando normalmente, sino garantizar su desarrollo futuro con las concesiones que conservamos”. Acerca del traspaso de las frecuencias, Jiménez arguyó que “el ICE explota un recurso escaso del Estado y que, como cualquier concesionario de un bien de la Nación -y en la medida que no lo requiere- debe restituirlo a su legítimo dueño, el Estado costarricense”.En relación con la cantidad por indemnizar, el presidente de la ANTTEC, Jorge Arguedas, coincidió con Murillo y Fumero al tildar de ridícula la suma. “El servicio telefónico TDMA produce ese monto en mes y medio”, ejemplificó. Arguedas comentó que la organización que dirige está evaluando los aspectos legales del traslado de las bandas, con el fin de determinar si cabe presentar una acción por la vía contenciosa-administrativa, decisión que tomarían en un corto plazo. Algo similar valora el SIICE, aunque su presidente e integrante de la junta directiva del ICE, Mayid Halabí, prefirió no adelantar su criterio, hasta tanto estén listas las transcripciones de las actas de las últimas sesiones del órgano directivo; ello con el fin de conocer con mayor precisión lo acordado en cada una. Halabí, quien fue el único directivo que se opuso a la devolución de las frecuencias, aseguró que no hubo un informe técnico que respaldara esta acción y que este se obvió bajo el criterio de que la decisión fue un acuerdo mutuo entre el ICE y el Poder Ejecutivo. Por otro lado, Gerardo Fumero cuestionó el decreto 35646 que publicó en La Gaceta el pasado 22 de diciembre el MINAET y el Ministerio de la Presidencia, para iniciar el proceso de poner a concurso las frecuencias devueltas por el ICE, a las cuales pueden acceder tres operadores que se disputarían el mercado de las telecomunicaciones junto con el ICE, según aparentes estudios técnicos de la SUTEL. Para el experto en telecomunicaciones, la existencia de tres o más operadores en competencia por este mercado, no le garantizará a la población costarricense la vigencia de tarifas más bajas y como prueba puso el reciente anuncio (diario La Nación del 6 de enero) de que el ICE subirá el costo de Internet celular. De acuerdo con lo informado por el ICE, las tarifas para el servicio de Internet ofrecido por la red celular de tercera generación, subirán de $6 a $24 a más tardar en febrero, una vez que eleven la capacidad de 720 kilobytes actuales a 1.5 megabytes. “Durante todo el proceso del TLC no me cansé de decir en charlas y foros que se cuadriplicarían las tarifas de telecomunicaciones cuando se aprobara este acuerdo y muchos dijeron que exageraba. Hoy se cumple la profecía y no es porque sea profeta, sino porque eso tenía que pasar con la apertura. Eso es lo que ha ocurrido en toda América Latina”, lamentó. En su memoria todavía está presente que en el 2006 la firma consultora canadiense Sepúlveda Consulting fue contratada por el gobierno costarricense con financiamiento del Banco Mundial; esta recomendó que se diera campo a solo un competidor en telefonía celular y que se esperara el país a ver el comportamiento del mercado, para decidir si aumentaba el número de operadores. Otro aspecto cuestionado por Fumero es que la Ley general de telecomunicaciones en su artículo 20 define que al Consejo Sectorial de Telecomunicaciones le corresponde recomendar al Poder Ejecutivo si la cesión de concesiones de frecuencias procede o no. Sin embargo, hasta la fecha ese Consejo no ha sido integrado, por lo que cualquier decisión que haya sido tomada es nula, advirtió.

Piden destitución de directivo del ICE
La destitución de Antonio Calderón Castro como directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), fue solicitada el 7 de diciembre pasado por el Partido Acción Ciudadana (PAC) ante el Tribunal Supremo de Elecciones. El PAC acusó de beligerancia política a Calderón Castro, al participar en la actual campaña política por el Partido Liberación Nacional (PLN), como aspirante a diputado en el octavo lugar de la provincia de San José. El directivo del ICE también se desempeña como tal en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y en Radiográfica Costarricense (RACSA), al tiempo que es el secretario general del PLN desde febrero del 2008. De acuerdo con la denuncia del PAC, Calderón Castro hace proselitismo político en la campaña y al mismo tiempo actúa como directivo del ICE, por lo cual contraviene el artículo 146 del Código Electoral, que prohíbe a empleados y funcionarios públicos que sean directivos de instituciones autónomas y todo ente público estatal, “dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político-electoral”. Para los diputados firmantes de la queja: “Don Antonio, quien no puede alegar ignorancia de la Ley por su condición de abogado, se ha mantenido en su función de Director de la Junta Directiva del ICE en abierta violación de la normativa citada, y ha actuado con plena conciencia de las prohibiciones que el incumben a los hechos señalados”. Como prueba de su beligerancia política, los denunciantes puntualizaron que Calderón intentó mantenerse al margen de la prohibición del Código Electoral, mediante una acción de inconstitucionalidad que presentó junto con Francisco Antonio Pacheco –presidente del PLN- y Alex Sibaja –tesorero de esa agrupación-. La Sala Constitucional rechazó la acción tras considerar a los tres “faltos de legitimación”. Calderón Castro es uno de los directivos del ICE que votó recientemente a favor de la devolución de frecuencias para telefonía celular, las cuales se pondrán a disposición de operadores privados. Entre los argumentos del PAC para plantearle al TSE su destitución como directivo del ICE, se encuentra que “habida cuenta de su actitud y conducta francamente hostil y violatoria de las normas del Código Electoral, y además, ante un falso juramento de observar y respetar la Constitución y las leyes de la República, el cual libró en su momento y que no ha respetado, se le imponga la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, incluyendo su aspiración a una diputación, y que tal inhabilitación sea igual al extremo mayor de cuatro años del citado texto legal”. A Calderón se le envió el 7 de enero un cuestionario por correo electrónico, en el que se le pedía su opinión sobre el tema y se le preguntaba si estaba dispuesto a renunciar como directivo del ICE para aspirar a la diputación. Sin embargo, su única respuesta un día después fue: “adjunto la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, de las quince horas con cincuenta minutos del nueve de diciembre del año dos mil nueve; para los efectos pertinentes”. En su mensaje no venía el documento mencionado y aunque se le pidió que lo incluyera, no había respondido al cierre de esta edición (lunes 6 p.m.).