El asumir como propia la lucha por defender las “conquistas de los trabajadores” y exigir la fiscalización rigurosa, por parte del Estado, del pago del salario mínimo—considerado por muchos como un precio justo por el trabajo—es algo muy popular (¿populista?). Esto convierte a los abanderados de esa cruzada en “amigos de los trabajadores”. El que cuestione la conveniencia de esto sería denunciado, por supuesto, como “enemigo de los trabajadores”.
Antes de aplaudir y apoyar la noble causa de la defensa de un salario justo, se hace necesario reflexionar acerca del impacto sobre el empleo y la pobreza que tendría la aplicación de las recomendaciones de lo que el editorial “Ley de Salarios Mínimos” (La Nación 06/01/2010) presentó como “…un programa sorprendente para rebajar en más de la mitad el índice de pobreza extrema y en mucho más de un tercio los indicadores generales de pobreza.”
Aunque duela decirlo, y para muchos digerirlo, la pobreza no desaparecerá, como por arte de magia, gracias a la intervención del Estado. En los casos en que eso se ha intentado, la genialidad de la planificación central de la economía ha generalizado la pobreza, no la riqueza. Ejemplos cercanos y recientes sobran: Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia y Nicaragua. Esto para no refrescar la memoria acerca del fracaso del experimento soviético antes de la caída del muro de Berlín.
De acuerdo con el editorial y el Estado de la Nación, “Semejante maravilla [la reducción del índice de pobreza] pudo haberse logrado, además, sin recurrir a las arcas del Estado para repartir dinero público. Bastaría, según el bien documentado informe, exigir el cumplimiento universal de la Ley de Salarios Mínimos.” Esa alegre conclusión—en defensa de las “conquistas de los trabajadores” y que permite denunciar una grave injusticia que prevalece en el mercado laboral—descansa sobre un supuesto crucial: es factible pagar a todos los empleados actuales el salario mínimo que establece la Ley y, al mismo tiempo, mantener a todos ellos trabajando (el mismo nivel de empleo). Ese supuesto crucial no se ajusta bien a la realidad y, por lo tanto, la conclusión se torna sospechosa.
La intervención del Estado para fijar y exigir la aplicación de un salario mínimo—por arriba del salario por el cual trabajadores actuales y potenciales estarían dispuestos a trabajar—solamente contribuiría a incrementar el desempleo y, por ende, la pobreza. Es un caso claro de cómo una “conquista de los trabajadores” (privilegio para los empleados) se convierte en un obstáculo para reducir el desempleo (perjudica a los desempleados y a quienes perderían el empleo como consecuencia de la medida). En lugar de proponer la adopción de medidas inviables para reducir la pobreza, se debería eliminar las distorsiones que evitan la reactivación económica y la generación de empleos en Costa Rica. Es hora de defender a los desempleados.