Es verdad que el narcotráfico amenaza la estabilidad del país. Es verdad que amenaza la vida e incluso la integridad de las familias. Es verdad que Colombia, que ha sufrido el flagelo del narcotráfico, está mejorando, como lo afirmó recientemente Román Macaya en Informa-Tico.
Sin embargo, también ha sucedido en Colombia un fenómeno curioso: algunas víctimas del narcotráfico se han adueñado del «derecho a la vida» negándole el mismo derecho a las personas más indefensas e inocentes de la sociedad.
Hace 24 años ardía en llamas el Palacio de Justicia en Bogotá. Con el apoyo de Pablo Escobar, famoso capo del cartel de Medellín, guerrilleros del M-19 lanzaron una cobarde acción en la que murieron 55 personas, incluyendo 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y de la que resultaron 10 desaparecidos cuyo paradero aún se desconoce.
Hace dos semanas, en memoria de las víctimas, un juez de la Corte Constitucional en Colombia proclamó, en nombre de la rama judicial, el “Día del Derecho a la Vida”.
Paradójicamente, días antes, la misma Corte Constitucional había estipulado que en Colombia no existe un “derecho a la vida” para los bebés no nacidos cuando el embarazo es producto de una violación, entre otros casos.
La toma del Palacio de Justicia en 1985 puede concebirse como una violación: se violó la privacidad, la paz, la autonomía, y la libertad de personas inocentes. Los jueces y demás personas atrapadas en el recinto no merecían morir.
¿Qué culpa tienen los inocentes dentro del vientre de su madre? ¿Qué culpa tenían los magistrados de la corte cuya integridad fue violada por los asaltantes?
El culpable era el violador:  el M-19 auspiciado por Pablo Escobar. Pero murieron personas sin culpa alguna bajo circunstancias que aún están siendo investigadas.
Hoy en día, no merecen morir los más inocentes. Me refiero a aquellos bebés concebidos a raíz de violaciones.
En Costa Rica, con algunas excepciones, los aspirantes políticos parece que están negando la realidad, esto es, que el derecho a la vida está siendo amenazado por dos fuerzas extranjeras: el narcotráfico cuyo producto proviene del Sur y utiliza a Costa Rica como mercado interno y puente de enlace, y las políticas abortistas avasallantes que provienen del Norte y que pretenden cambiar las leyes vigentes. Da la impresión de que piensan que, si nada se hace, la amenaza desaparecerá por si sola.
Es hora de aterrizar. Es hora de que todos los políticos proclamen y defiendan la vida como uno de los valores netamente costarricenses y que expliquen cuales serán sus políticas para defenderla en todos los sentidos y contra todos los ataques. Es hora de hacer valer el significado profundo del ¡pura vida!