Los expertos advierten sobre la globalización de las mafias, su enorme capacidad financiera y la red de relaciones entre los grupos mexicanos e italianos.
Amenazado por una violencia imparable en la fronteriza Ciudad Juárez, el presidente de México, Felipe Calderón, anunció la semana pasada nuevas medidas para combatir el crimen organizado, en medio de las protestas de los juarenses, quienes exigen la retirada de las tropas enviadas hace meses a la ciudad.
Calderón reaccionó después del crimen atroz que significó la matanza de 15 jóvenes en esa ciudad, hace tres semanas, y del escándalo que provocaron sus palabras, atribuyendo la masacre a un ajuste de cuentas entre delincuentes.
Ciudad Juárez, vecina de la norteamericana El Paso, es uno de los sitios más violentos de México con un índice de homicidios casi diez veces mayor que el promedio del país.Según un informe del estado de la seguridad pública en México, divulgado en enero pasado, en 2008 ocurrieron 101 homicidios por cada 100 mil habitantes en esa ciudad, cuando el promedio del país es de 11,8.“Desde que el mandatario subió al poder en diciembre del 2006, unas 18.000 personas han muerto en México en hechos relacionados con el narcotráfico. Unas 4.300 personas han sido asesinadas sólo en Ciudad Juárez –del lado mexicano de la frontera con El Paso, Texas–.  Desde la llegada del ejército mexicano hace unos dos años, la ciudad es considerada como una de las más violentas del mundo”, señalaba un comentario de la prensa mexicana sobre la situación en esa ciudad.Cuando el índice de homicidios está entre cinco y ocho por cada cien mil habitantes “la situación es delicada, pero cuando excede ocho nos hallamos frente a un cuadro de criminalidad epidémica que no puede ser tratada por las vías usuales. Es el caso de Latinoamérica”, según Bernardo Kliksberg, asesor principal del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe.México supera con creces esas tasas, pero la situación en Ciudad Juárez hace mucho parece estar fuera de control, de modo que el mandatario decidió anunciar nuevas medidas, que se suman a la ya adoptada hace dos años, de enviar tropas para combatir el narcotráfico.Pero la medida no ha funcionado. El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acompañó a Calderón en la visita a Ciudad Juárez, y cuando prometió que habría “cero tolerancia” a la delincuencia, una mujer le respondió, refiriéndose a los militares: “es a la gente a la que hostigan”.En todo caso, el nuevo plan de Calderón contempla cuatro puntos: el primero es poner a funcionar las instituciones, de modo que sean capaces de sancionar a los delincuentes, hoy impunes. El segundo es el envío de 2.600 policías federales más, dos helicópteros, patrullas y vehículos blindados. El tercero es promover programas de educación y salud, así como de agua y pavimentación, que beneficien a unos 25 mil hogares; y, por último, la participación ciudadana, sin la cual el problema parece no tener solución.Para el comentarista mexicano Jesús Silva-Herzog Márquez, “desde hace décadas incuba ahí una catástrofe: la combinación de flujos migratorios, la historia de ilegalidad, la falta de inversión en equipamiento urbano, la ausencia de oportunidades de educación; cocinan veneno. El despliegue militar ordenado por el gobierno es un vendaje sobre una herida purulenta. Los instrumentos de la coacción estatal son incapaces de imponer el orden ahí donde las bases de convivencia se han deshecho”.
PLAN MÉRIDA
Pese a la renovada preocupación del mandatario, las medidas anunciadas son consideradas insuficientes por organizaciones no gubernamentales que trabajan en la ciudad, pues no enfoca ni el lavado de dinero, ni la investigación, ni el combate a la impunidad.«Que se afecten el lavado de dinero y los intereses económicos y políticos que se requiera afectar y a los dirigentes de esos grupos. La guerra contra las pandillas, muchas veces hemos dicho, se convierte en una guerra contra los pobres», dijo Hugo Almadales, académico de la Universidad Autónoma de Juárez.Laura Carlsen, socióloga, directora del Americas Policy Program en Ciudad de México, dijo en una entrevista concedida en ese país que “en los tres años, desde que Calderón lanzó la guerra contra la droga en México, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, la violencia relacionada con la droga ha aumentado a más de 15.000 ejecuciones y los informes formales sobre violaciones de derechos humanos se han multiplicado por seis. Más de 45.000 soldados han sido desplegados en calles y comunidades por todo México”.El Plan México, también llamado Iniciativa Mérida, es un plan trienal de cooperación en la seguridad regional elaborado por el gobierno de George Bush y presentado en octubre de 2007, explicó. El plan, conocido como Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) surgió de la extensión del Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) a áreas de seguridad, con un presupuesto de $1.400 millones. En su opinión, se trata de “extender las fronteras” del perímetro de seguridad de Estados Unidos.La situación de violencia ha hecho que unos 100 mil  residentes de Ciudad Juárez se hayan mudado, en los últimos dos años, a El Paso, en el estado de Texas. Pero, aunque siete de cada diez habitantes de la ciudad quisieran hacer lo mismo, esa no es una alternativa disponible para todos. En los últimos tres años, 8.300 comercios, sobre todo, pequeñas y medianas empresas, han sido cerrados, lo que significó la pérdida de 40 mil empleos. El Plan Mérida es objeto de críticas aun más severas en México.Luis Javier Garrido escribió en el periódico La Jornada, que “La estrategia de utilizar en México una política de violencia generalizada presentada como una supuesta ‘guerra contra el narco’, diseñada en el Departamento de Estado, ha buscado someter a los mexicanos a fin de encubrir las políticas de entrega de recursos a las corporaciones extranjeras y de cesión del control de las políticas estatales a Washington”.“El 70 % de los fondos de la Iniciativa Mérida, que supuestamente busca equipar a las autoridades mexicanas, se asignan desde Washington a corporaciones como Bell, Dyncorp, Cessna, Harris y Northrop Grumman, según un documento del Pentágono publicado por El Universal el 1º de febrero”, añadió.LOS BANCOS SON EL PROBLEMA
Un enfoque más amplio de la lucha contra el narcotráfico muestra la importancia del combate a las finanzas de los carteles.Francesco Forgione, quien ocupó el cargo de presidente de la Comisión del Parlamento italiano contra la mafia entre 2006 y 2009, publicó en Italia un libro sobre su expansión a todo el mundo: Mafia export (come’Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra hanno colonizzato il mondo).Hoy en día, dijo Forgione en México, “La dimensión de las mafias en el mundo es principalmente financiera, cuya participación o coparticipación en sociedades e instituciones crediticias les permite una extraordinaria capacidad de movimientos financieros de un rincón a otro del mundo, conquistando así un lugar protagónico en la globalización”.Tales movimientos, agregó, “no se ven y eso alimenta la hipocresía de gobiernos e instituciones. Y por esa razón no combaten a la mafia en su real dimensión, es decir, financiera y social; sólo lo hacen en la parte criminal”.“¡Los bancos son el verdadero problema!”, enfatizó.Según Forgione, las mafias italianas producen anualmente una riqueza de 150 mil millones de euros, y solo el 30 o 40% se destina a la actividad criminal clásica: tráfico de droga, de armas, de personas o prostitución y el salario de sus miembros. Pero la mayor parte, un 60%, se destina a la economía legal. Según el autor, la ONU asegura que el 5% del producto interno bruto global es capital de la mafia.Las mafias “han sabido adaptarse a la globalización y más allá de sus manifestaciones más sanguinarias, se han convertido en auténticos ‘holdings económico-financieros criminales”.