El 75% de las zonas liberadas por el decreto son de “alta o muy alta” vulnerabilidad ambiental y son propensas a desastres.
El exdirector del Proyecto de Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana (Prugam), Eduardo Brenes, fue separado de su cargo como Secretario del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, luego de disentir del criterio de la Ministra de Vivienda, Clara Zomer.
Brenes emitió su opinión en Radio Monumental sobre el decreto publicado el pasado 23 de febrero, con el cual el gobierno amplía en 200 metros el anillo de contención del Gran Área Metropolitana (GAM).El criterio de Brenes, contrario al decreto que promovió el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), pareció molestar a la ministra Zomer, quien tres días después de las manifestaciones públicas del experto, le comunicó su separación del cargo.
Si bien Zomer negó ante la prensa que tal destitución tuviese que ver con su declaraciones, para Brenes está claro que le “cobraron” expresar una opinión distinta a la de la jerarca.
DECRETO IMPROVISADO
El Decreto Ejecutivo 35748 –MP-MINAET-MIVAH establece una ampliación del anillo que delimita la “mancha urbana” de la GAM en 200 metros a su alrededor, lo que abre un total de 54.562.000 metros cuadrados para la urbanización.El decreto, firmado por el presidente Óscar Arias, y los ministros de la Presidencia, Vivienda y Ambiente, establece que en las zonas ampliadas se puede construir hasta en un 50 % del área total de las fincas, esto sin las consideraciones ambientales que sobre estas zonas ya hicieron tanto Prugam como la propia Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).Según explicó Eduardo Brenes, dentro de esa franja de 200 metros, solo un 25% de los terrenos son aptos para urbanizar, mientras que el 75% restante está calificado bajo los criterios de SETENA como “de alta fragilidad”, o sea que podrían usarse en actividades agropecuarias; y “de muy alta fragilidad” que quedan básicamente para actividades de conservación.“De acuerdo con lo aprobado, el desarrollo sería un 20% para la parte agropecuaria y un 10% para las zonas de protección y lógicamente excluyendo todas las partes que tengan que respetar la legislación ambiental”, explicó.En su criterio, sería más conveniente que la directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) aprobara y acogiera lo establecido en el plan Prugam, pues para las áreas que se pueden urbanizar, permite hasta un 70% de desarrollo en las fincas. Sin embargo, las autoridades de vivienda afirmaron que el proyecto Prugam terminó el pasado 31 de diciembre, por lo que no han podido conocer los alcances del proyecto, afirmación que Brenes refutó.“Desde junio 2008 se entregaron al presidente ejecutivo del INVU los primeros borradores para que se comenzara a manejar un diálogo técnico. En diciembre del 2008 oficialmente se le hizo llegar el borrador último, y finalmente en 2009 después de varios talleres con diferentes sectores se hicieron algunos cambios y se envió todo al INVU”, afirmó Brenes.“Esas modificaciones no alteran el contenido ni el espíritu del proyecto, como para que se diga que el INVU no tenía esto desde hace meses”, acotó.
CONVENIENTE “REORGANIZACIÓN”
Tras expresar su criterio sobre este decreto, Brenes recibió una carta en la que se le comunica su separación como Secretario del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, para el cual había un convenio vigente hasta diciembre de este año.“A mí se me separa como secretario, no porque no tuviéramos nada que hacer, y no porque no tuviéramos un convenio para justificar lo que estamos haciendo aquí, pero el convenio se interrumpe abruptamente, creo que por mis declaraciones sobre el decreto”, detalló. En el cargo que ocupó Brenes tras la finalización de Prugam el 31 de diciembre, venía colaborando con 22 municipalidades que están en proceso de concluir sus planes reguladores. Comentó además que el ministro de Competitividad, Jorge Woodbridge, ha estado muy involucrado en estos temas, con  el objetivo de agilizar trámites y todos estos procedimientos.“Le mostramos que el plan Prugam era una pieza fundamental para contribuir con los procesos de simplificación de trámites, porque cualquier desarrollador, si se fundamentaba en dicha cartografía y los corrobora con los contenidos de cada plan regulador, ya llevaba un trámite muy fluido”, afirmó.Consultado sobre los motivos por los cuales se emitió este decreto, Brenes indicó que los desconoce, pero deben ser poderosas razones, pues esta es la tercera ocasión en que se intenta consolidar un decreto de este tipo.UNIVERSIDAD realizó gestiones ante la oficina de comunicación del Ministerio de Vivienda para consultar sobre este tema a la ministra Zomer, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Presentan recurso contra decreto
El especialista en derecho ambiental, Álvaro Sagot, junto al el físico José Alberto Brenes, presentaron la semana anterior un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que amplía el anillo de contención de la GAM Sagot explicó a UNIVERSIDAD que el recurso fue planteado porque el decreto trata de eliminar un área de contención que sirve de protección ambiental, protección del paisaje, y limita el desarrollo de sitios de mediano y alto riesgo, que incluyen fallas geológicas.“Dice la ministra que no hay problema en liberar esta área, pero es una irresponsablidad. Pedimos una declaración de inconstitucionalidad del decreto porque podría poner en riesgo a la gente”, afirmó Sagot.Este abogado y ambientalista fue el artífice de lograr la impugnación de un decreto similar en el 2007, cuando se redactó sin el debido componente ambiental, por lo que la Sala Constitucional lo anuló.Ahora, el decreto pretende “aprovechar” la vialidad ambiental del proyecto Prugam, pero sin aplicar sus conceptos y permitiendo una urbanización indiscriminada en zonas de peligro.De acuerdo con Sagot, para el proceso del decreto anterior, la Sala realizó una “vista” en la que llamó a las partes, y algunos propietarios de terrenos en estas zonas pretendieron hacer creer a los magistrados que su intención era segregar lotes para darlos a sus hijos.“Pero quedó más que claro en las propuestas de estos desarrolladores, que pretendían dividir las propiedades en hasta 40 lotes, con la clara intención de urbanizar”, indicó Sagot.El especialista aseguró que no conoce los nombres de los eventuales interesados en que se emitan este tipo de decretos, pero la insistencia en ellos hace pensar que el asunto “tiene nombres y apellidos”.

Llamado Urgente advierte peligro con decreto
El grupo de expertos en temas ambientales de las universidades públicas, “Llamado Urgente por el país”, advirtió en un comunicado sobre los peligros concretos que puede traer el decreto de ampliación del anillo de contención de la GAM.Los especialistas señalaron que 75,5% del total del área liberada con el decreto no son tierras aptas para desarrollo urbano y se consideran de “muy alta y alta fragilidad ambiental” . Así desglosaron las áreas peligrosas:
-2.567.1 hectáreas de terrenos vulnerables a deslizamientos y otros procesos de erosión, dada su pendiente y limitadas condiciones geológicas, la mayoría de aptitud forestal y que también son áreas de recarga acuífera, representando el  47 % del total.-161.6 hectáreas de terrenos altamente vulnerables a inundación, dada su cercanía a cauces de los ríos, representando el 3 % del total.-308.2 hectáreas cubiertas con bosques primarios y secundarios, en terrenos de pendientes moderadas a altas, es decir, 5,7 % del total.– 31.7 hectáreas de terrenos de alto riesgo volcánico, o sea el 0,6 %.– 667,3 hectáreas de terrenos vulnerables a procesos de sedimentación y erosión activos, asociados a abanicos aluviales activos, es decir el 12,2 %.-51.7 hectáreas de terrenos de muy alta vulnerabilidad acuífera, es decir, 1.0 %.-161.2 hectáreas de terrenos vinculados a fallas geológicas activas, sobre su traza o en su zona de seguridad de 50 metros, 3,0 %.-148.6 hectáreas de terrenos impactados ambientalmente por industrias, tajos o rellenos sanitarios, 2,7 %.Además advierten que el decreto no da lineamientos claros en qué zonas se puede dar el desarrollo en el 50% de las fincas, y aseguran que obliga a las municipalidades sin planes reguladores a dar el “uso de suelo” a pesar de que Prugam y SETENA hayan identificado estas zonas como peligrosas.