Última ley del TLC permitiría que se registre como “nuevo” un agroquímico viejo combinado con ingredientes nuevos.
La última ley de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos permitiría que productos  agroquímicos que ya circulan en el mercado, puedan ser protegidos por las leyes de propiedad intelectual durante 10 años.
Así lo denunció el presidente de la  Cámara de Productos Genéricos, Román Macaya, quien asegura que el país tendrá un perjuicio de $50 millones (más de ¢26.000 millones).
El largo recorrido de este proyecto de ley se inició en diciembre del 2008, cuando el Gobierno emitió un decreto en el que incluye una definición de qué es lo que se entiende por un “agroquímico nuevo” en el TLC.“Ese fue un decreto sin pies ni cabeza, un decreto que se sacó sin la debida consulta pública. Ese decreto le da una definición de agroquímico nuevo que básicamente vuelve retroactivo el TLC”, afirmó Macaya.De acuerdo con el empresario, este decreto permitía que un producto viejo combinado con uno nuevo, sea considerado también como nuevo, por lo que se extiende su protección por 10 años.Esta protección a los “datos de prueba” impediría la producción de un agroquímico genérico, que es mucho más barato que uno de marca, por lo que los costos para los agricultores en sus insumos se verían multiplicados.“La definición hace que 170 productos que ya existían en el mercado desde antes del TLC, se puedan clasificar como nuevos y se puedan monopolizar por 10 años. Ahí estamos hablando de un valor de $50 millones por año en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, todos los años”, aseguró Macaya.El empresario y bioquímico comentó que ante el malestar manifiesto del sector agropecuario por el decreto, la respuesta del Poder Ejecutivo fue proponer una ley, que es la que se pretende aprobar en la Asamblea Legislativa.
FIRMA SECRETA
“Es una ley que se basa en un acuerdo firmado en secreto por el Ministro de Comercio Exterior,  Marco Vinicio Ruiz, en una carta que firma el 22 de diciembre del 2008, con su homólogo de EE.UU., donde compromete al país a pasar una ley que tiene tres artículos basada en temas de derechos de autor”, indicó Macaya.Esta ley contiene además del artículo que se refiere a la definición de agroquímico, otro sobre derechos de autor y un tercero sobre las sanciones penales por infringir la propiedad intelectual.En la carta, el ministro Ruiz se compromete a que la ley sea aprobada antes del 31 de diciembre del 2009, y de no cumplirse esta condición, Costa Rica sería sancionada comercialmente por los Estados Unidos.“El propio ministro de Comercio Exterior de Costa Rica puso el comercio del país con Estados Unidos en la guillotina a cambio de nada; y por eso ahora le urge la aprobación del proyecto”, criticó.La llegada del proyecto a la Asamblea Legislativa en enero del año anterior, generó polémica entre los diputados, e incluso, dos comisiones legislativas se disputaron la potestad de pronunciarse sobre este proyecto.Finalmente, los diputados del oficialismo lograron eliminar el artículo tercero de esta ley, el que se refiere a la definición de agroquímicos, dejando vigente la definición del decreto del 2008.“Ya hay más o menos 37 productos presentados que han solicitado registro bajo esa definición y al menos 6 solicitaron protección de los datos de prueba, que les da 10 años de monopolio y esto es nefasto, porque hay muchos productos que ya existían desde antes”, manifestó Macaya.Según Macaya, esta legislación va más allá de lo que establece el propio TLC y afectará de manera importante a la producción agrícola nacional.
SIN PROBLEMA NI PRESIÓN
El ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, explicó que el proyecto de ley sigue en trámite legislativo y tiene pendientes la resolución  de 20 mociones de reiteración.“El problema es que la Asamblea ha estado muy poco diligente, primero con la Ley de Tránsito; ayer (11 de marzo) pudieron haber sesionado y solo sacaron dos mociones;  pidieron recesos para ponerse de acuerdo en otras cosas, que no tiene nada que ver con ese proyecto”, reprochó el ministro.Respecto al tema de los agroquímicos, Ruiz anunció que el 15 de marzo saldría publicado un reglamento con el cual se aclaran las dudas sobre este asunto.“Algunas de las dudas que había expresado el señor Macaya, que es el que dirige a los diputados del Partido Acción Ciudadana, y  que es el que ha estado presionando, pues tienen que quedar claras con ese reglamento, donde queda claramente establecido que no vamos más allá del TLC”, agregó Ruiz.“También aclaramos que no se puede, en lo más mínimo, registrar un producto viejo y ya con eso debería quedar listo”, acotó.La no aprobación de esta ley en el tiempo indicado, ocasionó que Estados Unidos aplicara como sanción el suspender la cuota de exportación de azúcar a precios preferenciales. Sobre este hecho, el Ministro negó que exista presión por parte del sector azucarero para que se apruebe la ley.“No es presión, es un asunto de sentido común. La presión la tenemos todos, pues no vamos a tener casi capturado un sector que no tiene vela en el entierro. A mí me preocupa mucho esta situación, pero ya depende del trámite legislativo y la buena voluntad de los diputados”, afirmó.El jerarca externó además su preocupación por el rumor de que algún diputado de oposición enviaría este proyecto a consulta ante la Sala Constitucional, lo que prácticamente dejaría para la próxima Asamblea Legislativa el aprobarlo o no.“Eso me parece una medida innecesaria. Durante las elecciones se habló mucho de no ser obstruccionista y que a tal partido le fue mal en las elecciones por eso; pero, no aprenden la lección, y no hay razón para enviar un proyecto a la Sala Cuarta. Nosotros en el ministerio no tenemos ningún miedo a la consulta, pero nos atrasa 30 días más”, lamentó Ruiz.

Problema con las fotocopias aún sin solución
El diputado del Frente Amplio, José Merino, aseguró que en esta última ley de implementación del TLC aún no se ha resuelto el problema con las fotocopias y las sanciones a esta actividad.Merino aseguró que si bien está claro que se pueden fotocopiar textos con fines educativos y sin fines de lucro, los locales de fotocopiado necesitan de un lucro, aunque sea mínimo, para seguir operando.“Ustedes en el Semanario ya han hablado de esto, y la propia presidenta electa, Laura Chinchilla, aseguró que es un tema que debe revisarse; por eso el proyecto está congelado”, afirmó Merino.De acuerdo con el legislador, entre los dueños de fotocopiadoras hay mucha confusión sobre este tema y algunos han optado por dejar de fotocopiar libros, e inclusive, las llamadas “antologías”.Sobre este tema, el ministro Marco Vinicio Ruiz aseguró que este proyecto de ley no tiene que ver nada con las fotocopias, y partidos como el Frente Amplio le dan un matiz político a este asunto.“Hay partidos que han tomado una bandera política, como el señor Merino. Nada tiene que ver eso con las fotocopias, pero aprovechando la entrada de la Universidad, arma otra vez un refrito sobre el tema”, cuestionó.