La comunidad de San Rafael de Alajuela teme que fábrica de cemento contamine fuentes de agua cercanas.
Por considerar que la construcción de una planta productora de cemento y derivados provocará serios impactos ambientales a la población aledaña y a fuentes de agua, la Asociación de Desarrollo de San Rafael de Alajuela presentó el 9 de marzo un recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, contra un permiso ratificado días antes por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
La comisión plenaria de la SETENA rechazó el 1 de marzo, un recurso de nulidad que habían interpuesto los vecinos de San Rafael contra la empresa COMCOAS S.A. (Cementos David de Costa Rica) y con ello confirmó que para las operaciones de esta fábrica solo basta con que cuente con un Plan de Gestión Ambiental (PGA) y no con uno de Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
De igual manera, el Concejo Municipal de Alajuela había aprobado el 23 de febrero en forma unánime, un informe de la comisión de obras de la Municipalidad de Alajuela, en el cual se ratificó que todos los permisos otorgados a Comercializadora de Concreto y Asfalto (COMCOAS) están a derecho, y por lo tanto la empresa puede desarrollar normalmente las obras constructivas. La Asociación de Desarrollo de San Rafael sostiene que por la magnitud de la infraestructura que desarrollará allí la firma cementera y por el eventual impacto ambiental que generará cuando funcione, lo que cabe es que la SETENA le pida de previo un EIA y no un PGA, que es menos exigente en cuanto a requisitos por cumplir. Sergio Ávila Zumbado, presidente de la agrupación vecinal, fue quien presentó el recurso de nulidad y en su argumentación se queja de que a pesar de que anteriormente había expuesto una serie de argumentos, “en el análisis que hace la SETENA se echan de menos y los mismos no solo no fueron atendidos, sino que además ni siquiera fueron analizados, razón por la cual la resolución de marras debe de anularse”. Por su parte, Juan Luis Céspedes –abogado y miembro de la comisión ambiental de esa asociación- dijo que la lucha no es por oponerse a que esa fábrica funcione, sino porque se están violando regulaciones ambientales. Mientras tanto, el gerente general de la empresa, Marco Méndez, expresó en un comunicado que “esta resolución de SETENA viene a corroborar que COMCOAS ha actuado siempre a derecho y  de manera transparente, desde el inicio de este proceso, y que es una empresa socialmente comprometida con el medio ambiente y con la salud de los vecinos de San Rafael de Alajuela”.
FÁBRICA DE CEMENTO
El proyecto denominado “industrialización del tajo Meco”, se ubica un kilómetro al este de la iglesia católica de San Rafael de Alajuela, y su construcción se inició en junio del año pasado. La fábrica estará en la parte norte del tajo, que comprende 12 hectáreas. Constará de infraestructura para molienda de cemento tipo Pórtland y para el despacho del producto, tanto a granel como en sacos. Para más adelante la empresa prevé otras obras industriales, destinadas a darle mayor valor agregado a los materiales, como la producción de bloques para construcción, baldosas, tubos de alcantarillas, y otros tipos de concreto.En el documento de revocatoria presentando por Sergio Ávila, recuerda que “mediante escrito presentado en el mes de noviembre, manifesté expresamente que en la tramitación de la viabilidad ambiental del proyecto de marras nunca se solicitó el certificado de uso de suelo a la Municipalidad de Alajuela, requisito esencial para que la SETENA de por iniciado el proceso de evaluación correspondiente”.En su opinión, la ausencia de este documento es “razón suficiente para que de acuerdo con el ordenamiento jurídico se anule la viabilidad ambiental aprobada, donde no consta documento alguno que indique que en esa zona puede procederse a la construcción de un proyecto de ese tipo”.Para el dirigente comunal, una industria como esta es de alto impacto ambiental y se localiza en una zona de gran vulnerabilidad hidrogeológica. “Este hecho debió haber sido argumento suficiente para solicitar un Estudio de Impacto Ambiental al proyecto”, reclama.Ávila advirtió en interpelación ante la SETENA, que “siendo que se trata de una zona, como San Rafael, que tiene una situación privilegiada en su mantos acuíferos y por ende de mucha riqueza hidrogeológica, no es posible que se contemple como de `impacto moderado´ una industria que se ubica precisamente en un sitio que ya ha sido explotado como tajo y por ende, toda la cobertura geológica ha sido extraída, haciendo en consecuencia más frágil el riesgo de un daño ambiental al acuífero existente en esta zona”.Vecinos de la citada comunidad han presentado varios recursos de amparo contra la empresa COMCOAS, que están pendientes de resolver en la Sala Constitucional.