Se ha  destapado un escándalo  a raíz de un informe de la auditoría interna del Ministerio de Salud, en donde se cuestiona la contratación directa de ocho consultorías con la UCR por un monto exorbitante superior a ¢980 millones.
La denuncia fue originalmente  presentada por la ANEP, y entre los cuestionamientos se encuentran contrataciones directas amparadas en la figura de excepción que debilita el control interno, contratos de capacitación pagados antes de la recepción de los productos pactados, ausencia de justificaciones para la contratación directa, la imposibilidad de valorar precios alternativos o si había un proveedor mejor para cumplir las metas planteadas, contratación de al menos un caso de servicio que presupuestariamente no estaba previsto y sin la existencia de orden de compra.
Lo que no aclara la prensa ni la denuncia de la dirigencia de la ANEP, son dos cuestiones medulares. Primero: La contratación no la hace la UCR directamente con el Ministerio de Salud, sino que es una venta de servicios desde la Escuela de Ingeniería  Industrial, a través de FUNDEVI. Segundo: Lo más grave del caso es que el contenido de las multimillonarias consultorías es un rediseño que afecta las relaciones y derechos laborales de las y los trabajadores del Ministerio de Salud.
Rechazamos y denunciamos el mecanismo de lo que se ha denominado la Universidad paralela”, que a través de la figura de fundaciones privadas como en este caso  FUNDEVI, lucran y hacen su agosto con ventas de servicios, que se alejan de los cometidos esenciales de la educación pública universitaria y su Estatuto Orgánico, en materia de docencia, investigación y acción social, y que funcionan sin verdaderos controles de parte de la UCR.
Es muy grave que la UCR, bajo la mampara de FUNDEVI, se preste para este tipo de consultorías multimillonarias, pero más grave aún la eventual afectación que sufran  las y los trabajadores del Ministerio de Salud, por lo que los alertamos en el sentido de que no se puede aceptar un rediseño de corte neoliberal que se orienta hacia la flexibilización laboral,  a contramano de los derechos y la estabilidad laboral de las y los compañeros.
Es preocupante que mientras el Ministerio de Salud hace una “piñata” con semejantes consultorías que benefician a personas aparentemente vinculadas con la Ministra, en sentido opuesto y contradictoriamente, las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social prorroguen un convenio financieramente muy deficiente con la Universidad para la operación de  los EBAIS que administra la Universidad de Costa Rica (Programa de Atención Integral en Salud- PAIS), con serio perjuicio para las y los asegurados de las comunidades de Montes de Oca, Curridabat y la Unión. Al mismo tiempo no se renueva el convenio entre al CCSS y la UCR para asegurar campos clínicos a las y los estudiantes en esa institución pública, mientras se favorece con dichos campos clínicos a las universidades privadas. Esa incongruencia, de las autoridades del área de salud y seguridad social de este Gobierno, debe ser también denunciada, puesta en el tapete e investigada acusiosamente.