La profesora de la UCR, Rosaura Chinchilla Calderón, envió un texto de aclaración sobre el contexto en que ella dio su opinión para el reportaje “Acuerdos en seguridad ciudadana se enrumban hacia un “autoritarismo populista”, publicado en la edición anterior, página 4.
 “Con suma preocupación he observado el artículo bajo la responsabilidad del periodista Vinicio Chacón publicado por el Semanario UNIVERSIDAD y en el que se insertan declaraciones que él me pidió, en general, sobre el concepto de «populismo autoritario» y sus manifestaciones o repercusiones en el país.
Mi preocupación radica en que mis comentarios, que yo vertí en abstracto aunque analizando la situación general del país, se insertan en un artículo de cuyo contenido o enfoque nunca se me habló y que se titula «Reuniones entre Presidenta Electa y partidos de oposición: acuerdos en seguridad ciudadana se enrumban hacia un ‘autoritarismo populista». 
Como sé que el periodista podrá aclarar, por obedecer a la verdad, él me pidió mi posición general sobre el tema del populismo penal, mas nunca me indicó que, sobre esa base, se abordaría un tópico sobre el que no sólo no puedo opinar, por mi condición de jueza de la República, sino que, además, aunque pudiera no estaba a mi alcance hacerlo desde que desconozco a qué acuerdos se refiere el periodista, pues de su existencia y contenido me entero recientemente, con la referida publicación. Soy y seguiré siendo crítica de toda posición que menoscabe el Estado de Derecho, pues soy jueza dentro de una democracia y no puedo menos que defender los principios constitucionales y de derechos humanos en los que creo, que son garantías para todas las personas, y no solo para las acusadas de cometer delitos. Pero de la misma forma no puedo pronunciarme, para avalar o criticar, supuestos acuerdos cuyo contenido y alcance desconozco. Asimismo, en torno al tema de los brazaletes electrónicos, lo que también se mezcla en la nota y sobre lo que tampoco se me informó que se abordaría, yo mantengo una posición de reserva que no pasa por el rechazo absoluto de la medida, sino por la vigilancia sobre la forma en que pueda implementarse a fin de evitar abusos, como el periodista podrá constatar en el artículo de mi coautoría, que data de varios años atrás, denominado «Penas alternativas a la prisión: ¿menos cárcel o más control social?» (Revista de Ciencias Penales Nº 21, 2003) y en donde ese es uno de los tópicos que se aborda.
Por último, referí que las manifestaciones de ‘mano dura’ ya han permeado todos los poderes de la República, pues se ha perdido la esencia del sistema de pesos y contrapesos, propio de toda República, desde que no es función del Poder Jurisdiccional elaborar leyes u orientarlas hacia un mayor rigor punitivo, sino aplicarlas y juzgar con imparcialidad su acople constitucional o el acople de la conducta a ellas.
En suma, ruego aclarar en el siguiente número del periódico que las opiniones que vertí lo fueron en abstracto, sobre el tema del populismo penal, y que nunca se me informó o consultó sobre el título o contenido de la nota periodística en el que se usarían, ni sobre los otros temas que allí se abordan (brazaletes electrónicos o acuerdos de la presidenta con grupos de oposición) aspectos sobre los que, insisto, no puedo pronunciarse por desconocerlos.”