Colegio de Abogados seguirá aportando los recursos financieros que establece el  convenio.
Las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Colegio de Abogados rechazan el cierre del Consultorio Jurídico Ambiental, una instancia universitaria que nace de un convenio entre ambas partes y se encarga de dar una posibilidad real de protección jurídica del medio ambiente a las personas con menores recursos económicos.
El director de Acción Social de la Facultad de Derecho, Roberto Sossa,  dijo a UNIVERSIDAD que “no ha habido ninguna actitud de cierre” y que “no podrían permitirse cerrar el consultorio, porque es una materia que ha comenzado a calar en el medio nacional.
Eso sería una desprotección a la sociedad costarricense”.Ante la incertidumbre que se generó luego de algunos “rumores” entre la comunidad universitaria, así como en diversos medios digitales, este Semanario entrevistó a las partes que intervienen en el convenio que define el funcionamiento del Consultorio Jurídico Ambiental para aclarar su futuro.  Al respecto, la presidenta del Colegio de Abogados, Erika Hernández, expresó, “Me siento molesta de que digan que el Colegio no quiere apoyar el Consultorio Ambiental y que no le importa el ambiente. Estamos con una política ambiental, que nunca antes había existido en el Colegio, y estamos hablando más bien de la forma de reforzar el Consultorio”.
Aunque se intentó conocer la versión del decano de la Facultad de Derecho, Daniel Gadea, al cierre de esta edición no había sido posible obtenerla.
Sin embargo, en un comunicado a la comunidad estudiantil del 12 de febrero, se indica que “el Consultorio Ambiental resulta primordial para la defensa y custodia de nuestro entorno ambiental, y nuestro apoyo a esta iniciativa será una constante”.
Para llegar a un acuerdo se desarrolló una reunión en el Colegio de Abogado el día jueves 11 de marzo, en donde ambas partes pactaron la continuidad del convenio. De esta forma, el Colegio continuará dando la ayuda económica, que le permitirá a la UCR seguir brindando el acceso a la justicia ambiental a personas de bajos recursos socioeconómicos.
EL INICIO
El tema del cierre ha estado en discusión en periódicos digitales como El País o El Pregón, así como en distintos foros y redes sociales, en donde el común denominador es una exhortación para la permanencia de los Consultorios, dados los rumores del cierre.
En el caso de la profesora Sonia Contreras, quien hasta mediados de febrero fungió como coordinadora del Consultorio, indicó que el director de Acción Social, Roberto Sossa, le comunicó de forma verbal -el 4 de febrero- que iban a tener que cerrarlos. De inmediato, la preocupación se extendió entre los estudiantes que realizan prácticas en el Consultorio.
No obstante, Sossa indicó que “en enero empezó el problema del Colegio de Abogados, cuando dijo que iba a quitar las ayudas de los convenios”.
En todo caso, Sossa niega que él le haya informado a Contreras la idea del cierre, ya que aclaró que el Consultorio permanecería en funciones de cualquier forma, aún si el Colegio decidiera finalizar el trato.
De igual forma, la presidenta Hernández negó que en el Colegio de Abogados se haya hablado en algún momento sobre el tema del cierre; por el contrario, se acordó fortalecerlo como parte de la política ambiental que emprenden.