Partidos opositores fraguan control de directorio legislativo.
La tortuosa y esperada reforma a la ley de tránsito, la regulación de la actividad del  porteo y taxis, así como la reforma a la ley de propiedad intelectual (décimo cuarta ley de implementación del TLC) serán algunos de los temas calientes que recibirá de herencia el gobierno de la presidenta electa Laura Chinchilla.
Ello, ante la imposibilidad de que el tiempo les alcance a los actuales diputados, para rematar el trámite de estas leyes antes de que finalice la legislatura el  1 de mayo, pese al avance de algunos de los proyectos, según fuentes involucradas en el quehacer legislativo.
Entre los asuntos pendientes rodeados de polémica que encontrará la nueva Asamblea Legislativa, están la ley general de electricidad (que ha sido colocada como una prioridad por éste y el próximo gobierno), el Tratado de  Libre Comercio (TLC) con China, empréstitos con el Banco Mundial y el Interamericana de Desarrollo (BID) para infraestructura, por un total de $1.350 millones;  ley del recurso hídrico, ley de flexibilización laboral e  impuestos a las casas de apuestas. Asimismo, heredará la creación del colegio de fisioterapeutas, la autonomía de los pueblos indígenas, titulación de tierras en zonas fronterizas, atención de comunidades costeras, unión civil entre personas del mismo sexo, y la reforma para aumentar el presupuesto de la educación al 8% del Producto Interno Bruto (PIB).
El conocimiento de estos temas se atravesaría en el camino de la futura mandataria,  quien ha mencionado entre sus prioridades, además de la aprobación de la ley general de electricidad, la reforma al reglamento legislativo, leyes para el control y prevención de la criminalidad, en materia de seguridad ciudadana, y ley de flexibilización laboral, como parte de las propuestas para elevar la competitividad del país.
Otro elemento para tomar en cuenta es el propósito de los partidos de oposición, de unir sus votos para controlar el directorio del Poder Legislativo, con lo que a la vez le arrebatarían al gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) el control de las comisiones de trabajo legislativo y el orden de prioridad de los proyectos de preferencia.De acuerdo con lo que circula en los corrillos legislativos, el Partido Acción Ciudadana (PAC), la mayor fuerza de oposición, el Movimiento Libertario (PML), Unidad Social Cristiana (PUSC), Accesibilidad sin Exclusión (PASE) y el Frente Amplio (FA) han acordado integrar un directorio de oposición.
En el primer año la presidencia sería del PAC y la vicepresidencia del PML; posteriormente se alternarían los demás partidos. En total son 31 votos, suficientes para hacer mayoría simple (29 votos). El PLN propone un “directorio compartido”,  hasta ahora con apoyo únicamente de Renovación Costarricense y Restauración Nacional, los llamados partidos cristianos o evangélicos,  que tradicionalmente pactan con el Gobierno. Cada uno de ellos cuenta con un diputado electo.
Viviana Martín, futura jefa de bancada del PLN, declaró a la prensa que no creía que la oposición lograra el acuerdo. Por otro lado, el oficialismo se estaría moviendo con seductoras ofertas para quebrar el pacto opositor, presumiblemente con la mira puesta sobre todo en el PUSC y del PML.
No obstante, Óscar López, actual diputado del PASE y uno de los principales impulsores del acuerdo, afirmó que los partidos de oposición están firmes y van “a muerte” por el directorio de oposición. A propósito del tema, comentó en un programa de radio que los diputados evangélicos “salieron güeros” y “venden su progenitura por un plato de lentejas.”
A su vez, Luis Fishman y otros diputados electos del PUSC, en una conferencia de prensa dada la semana pasada en la Asamblea Legislativa, reafirmaron la determinación de hacer causa común en el grupo de partidos opositores.
Desde el oficialismo, se ha censurado la actitud de los opositores como un proceder negativo, que intenta dificultarle la labor a la presidenta electa, a pesar de la disposición de diálogo que ésta ha mostrado en los diferentes encuentros sostenidos con líderes políticos y sociales.
Los opositores se sacuden diciendo que fue clara la voluntad del electorado de contrapesar dándole la mayoría de diputados a la oposición. Además, no sería la primera vez que el directorio legislativo no está en manos del partido de gobierno, y el querer impulsar una agenda propia no significa que no vayan a apoyar los proyectos del oficialismo que sean buenos para el país.
Algunos analistas políticos han señalado que esta es una oportunidad que los partidos de oposición no pueden dejar pasar para  ganar identidad y legitimidad de cara al electorado, e incluso como última carta de sobrevivencia en el caso del PUSC, muy diezmado tras los escándalos de corrupción en los que se vieron envueltos sus máximos líderes, los expresidentes Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez.
Así lo estarían entendiendo los dirigentes, que a la vez han sido unánimes en elogiar la disposición al diálogo manifestada por Chinchilla, en claro contraste con la arrogancia que atribuyen a la administración de Óscar Arias. No obstante, algunos critican las primeras decisiones de la presidenta electa por implicar más de lo mismo.
TALANTE Y CONTENIDO
El diputado José Merino, del Frente Amplio, dijo que desde luego que ha valorado “el talante” político de Chinchilla; pero, aparte de talante no ha visto todavía ningún contenido diferente, “incluso vemos atisbos de atraso en algunas cosas, como que sea el Gobierno de una mujer la que, por ejemplo, cree una comisión interinstitucional con la Iglesia Católica; que sea una mujer la que tenga una posición ya de hecho contraria a continuar con temas en que ha sido más progresista el Gobierno de Arias.”
Recordó que en la reunión que tuvo con Chinchilla (en la que también estuvo el diputado electo del FA José María Villalta), más que solicitar apoyos la presidenta electa, de lo que habló fue de compromisos -que son muy contradictorios dependiendo de con quien se reúne- y también dijo claramente con qué no estaba de acuerdo con la visión del FA.Por ejemplo, planteó que está de acuerdo con subir la carga tributaria, pero no en meterse en el tema de reforma fiscal, después de una experiencia de cuatro años que vivió como diputada (durante la administración de Abel Pacheco, en que no se logró aprobar un paquete fiscal).
Ella dice que está por los derechos de la mujer, los derechos de las minorías, pero tampoco quiere comprarse un pleito con la iglesia y con los evangélicos en esos temas. “Entonces, una cosa se dice y otra se hace, y por la conformación que se va viendo en el gabinete creo que es una presidencia que, a pesar de sus buenas intenciones, va a estar atada, porque los personajes que van a manejar la política económica, no solo es el continuismo; en algunos casos es peor que el continuismo”, aseguró Merino.
En esa perspectiva puso como ejemplo la vuelta de Anabel González al Ministerio de Comercio Exterior, “una señora que fue la cabeza visible del  TLC con EEUU, lo que es hasta una bofetada a un sector de nuestra sociedad.”
“Que ponga en Hacienda a un ministro (Fernando Herrero) que no pudo sacar su tarea en la administración de José María Figueres, y tuvo que renunciar en aquel momento, y como regulador hasta ahora ha sido un desastre. Que a la  cabeza de la política económica esté (el banquero) Luis Liberman, eso augura que doña Laura puede tener unas excelentes intenciones, pero que las fuerzas sistémicas estén ahí.  Y no es que sea inesperado, pero es hasta decepcionante que no  haya dado ni una señal de mayor independencia en la designación de los ministros. Salvaría de eso al ministro de Seguridad (el exfiscal José María Tijerino) y no se cuánto va a durar ahí”, comentó Merino.
Por su parte, el diputado Francisco Molina, del PAC, dijo que en la reunión sostenida con el excandidato presidencial Ottón Solís y otros dirigentes del principal partido de oposición, Chinchilla no pidió apoyos. Se trató de un “intercambio de buenas intenciones” en el que fueron ellos los que le plantearon temas y le ofrecieron apoyo para poner en práctica algunas de las promesas de campaña.
Igualmente, dirigentes de otros partidos consultados, aseguraron que en su reunión con Chinchilla la gobernante electa no solicitó apoyos, pues  el propósito era manifestar la voluntad de diálogo.
En ello coincidió Óscar López, aunque dijo que en su caso, Chinchilla le prometió apoyar su proyecto de jubilación voluntaria anticipada de los trabajadores a los 57 años  y para que las personas con discapacidad tengan acceso al 5% de las plazas en la administración pública.
Por su parte Ottón Solís, en una carta entregada a Chinchilla, le ofreció todo el apoyo del PAC para hacer realidad algunas de las propuestas de campaña, como ayudar a las mujeres en situación de pobreza, la creación de una red de cuido de niños para dar espacio a las mujeres a que estudien y trabajen, la universalización del programa de becas estudiantiles Avancemos, contratación de nuevos especialistas para la Caja del Seguro Social, y aumentar los inspectores de trabajo para el cumplimiento de la ley de salarios mínimos, entre otras iniciativas.
Chinchilla, en una carta de respuesta, le manifestó al líder del PAC que recibía con gran entusiasmo el apoyo ofrecido a los temas que el gobierno se propone impulsar, y acogía con mucho interés las propuestas presentadas por Solís.
Entre ellas, el aumento del presupuesto para Ciencia y Tecnología, presupuesto para becas en las universidades públicas, mejora de la infraestructura escolar, atención a las personas que habitan en zonas costeras, la protección del recurso hídrico y la eliminación de la minería a cielo abierto.
Particularmente le agradeció  las ideas contenidas en un documento que aborda el problema de la seguridad ciudadana de manera “integral y balanceada”, al tiempo que le reiteró el propósito de “construir un acuerdo nacional en este tema, con el concurso de las principales fuerzas políticas y sociales de nuestro país.”
En lo que sí le manifestó una “abierta discrepancia”, fue en lo concerniente a la propuesta del PAC para que el complejo portuario Limón-Moín siga en manos de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y se invierta alrededor de $80 millones (¢42.000 millones) para dotarlo de eficiencia y competitividad.
A la vez, que se dé en concesión al sector privado la construcción y operación de un nuevo complejo portuario, que compita con JAPDEVA. El Gobierno de Arias ha rechazado esa opción, pues está empeñado en concesionar los puertos del Caribe a una empresa privada.