Diputados del Partido Acción Ciudadana pidieron a la Contraloría investigar la contratación de un abogado como “proveedor único” en el ICE.
Diputados del Partido Acción Ciudadana pidieron a la Contraloría investigar la contratación de un abogado como “proveedor único” en el ICE.
“El perfil del profesional contratado, en razón de su especialidad académica y experiencia como litigante, es el ideal para el caso de la demanda interpuesta por Alcatel contra el ICE”, aseguró Abraham Madrigal Saborío -gerente general del Instituto Costarricense de Electricidad-, al defender la contratación del abogado Enrique Rojas Franco, cuya selección es cuestionada por diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Siete legisladores de esta agrupación pidieron el pasado 11 de marzo a la Contraloría General de la República (CGR) que indague las condiciones en que fue contratado Rojas Franco como “proveedor único” del ICE en materia jurídica, para atender el conflicto judicial con la empresa Alcatel.
Plantearon la misma denuncia ante el Ministerio Público, al considerar: “A nuestro juicio se ha cometido un abuso en la calificación de este caso, para favorecer al Sr. Rojas Franco y evadir el procedimiento adecuado de nombramiento, el cual, por protección de la ética y el sano uso de los recursos públicos, debió realizarse en forma concursada”. Para los diputados del PAC, no se justifica el nombramiento de Rojas como prácticamente proveedor único y con pagos por $315.000, si se toma en cuenta que el ICE “tiene en su planilla una fuerte representación propia de abogados”, sumado a que también la entidad contrató a un bufete (“Saavedra, Peloso, Goodwin & Hermann”) por $350.000, para atender el mismo caso.
La legisladora del PAC, Leda Zamora Chaves, criticó en un comentario que publicó en el Diario Extra (16-03-10 al mencionado abogado, porque en ese mismo periódico escribió el artículo “Don Pedro Pablo (Quirós) debe seguir liderando al ICE”, en el cual recomendaba a la presidenta electa Laura Chinchilla mantenerlo en el cargo de presidente ejecutivo de ese ente.
“Con su llegada al frente del ICE ha producido cambios positivos dignos de proseguir en diversos campos de sus actividades, pero hay una que destacar especialmente: con inteligencia y valentía hasta ese momento ausentes a todo nivel, ha permitido ir adelante con firmeza en la defensa de las reivindicaciones del ICE ante la opinión pública, frente al daño causado por una empresa transnacional confesamente corrupta”, alabó Rojas.
Por su parte, Zamora Chaves reprochó que “el señor Rojas no tiene ningún interés en que el señor Quirós salga del ICE, porque durante la gestión de éste tiene abiertas a su favor las contrataciones directas 2008CD004361, 2009CD000550 y 2009CD002117, que cubren la nada despreciable suma de $315.000, de los cuales ya se ha embolsado más de $211.000, o sea, más de ¢118 millones”.
Un hijo de Rojas Franco también ha sido objeto de cuestionamiento, al ser nombrado el año anterior en un cargo y en una categoría dentro del ICE, sin que aparentemente se ajustara a la normativa interna, según la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (ANTTEC).
Por lo anterior, recientemente esa organización le pidió explicaciones sobre el nombramiento, al gerente general, Abraham Madrigal, quien alegó que todo se hizo dentro de los procedimientos establecidos por la institución (véase recuadro “Contrato está a derecho”.
Al tratar este Semanario de consultar al abogado Rojas Franco, por medio de su oficina remitió un artículo que salió publicado en Diario Extra el pasado 30 de marzo, en el que desmiente a la diputada Leda Zamora y a la ANTTEC. En ese documento sostiene que “participó en un proceso de contratación directa promovido por esa entidad, en el cual participamos tres oferentes, y como resultado fui adjudicado por haber ofertado el menor precio y la mejor calidad, es decir, no fui proveedor único”.
“PROVEEDOR ÚNICO”
Acerca de la denuncia del PAC ante la Contraloría General de la República, los legisladores firmantes expusieron que “en términos generales existe una serie de elementos que son cuestionables, anómalos o totalmente irregulares y que ameritan una investigación profunda sobre las contrataciones de servicios por `proveedor único´, realizadas por la Administración Superior del ICE a nombre del Licenciado Enrique Rojas Franco”.
Seguros de que “la prueba aportada demuestra claras violaciones en materia de contratación administrativa y que además todos los indicios también evidencian la comisión de delitos de orden penal, le solicitamos a esa Contraloría una rápida intervención en este caso en particular y sentar las responsabilidades que corresponden, según la legislación vigente”.
Mientras tanto, el gerente general del ICE –Abraham Madrigal- dijo a UNIVERSIDAD que la contratación de Rojas Franco se hizo al amparo de la “Ley de fortalecimiento y modernización de las entidades del sector de telecomunicaciones” y tras tomar en cuenta que el departamento legal de la institución atiende una gran cantidad de gestiones administrativas y judiciales de relevancia, importancia y complejidad para la empresa.
Al justificar la designación de Rojas para el caso Alcatel, precisó que “nos encontramos frente a un proceso contencioso administrativo complejo, de un monto importante y de alto interés institucional, que requiere atención personalizada, permanente y especializada en la materia, de ahí que el perfil del profesional contratado, en razón de su especialidad académica y experiencia como litigante, es el ideal”.
Rojas Franco, por su lado, al responderle a la diputada Zamora y a la ANTTEC -en el Diario Extra- por sus alabanzas a favor del presidente ejecutivo del ICE, adujo que “no es acorde a la realidad que Pedro Pablo Quirós me haya utilizado para promover su imagen. Aclaro que ésta fue una iniciativa propia, siendo que soy un costarricense interesado en el futuro del ICE como patrimonio nacional”.
Asimismo, afirmó que en vista de que al ICE se le venía un conflicto judicial con Alcatel a finales del 2008 y de que esa entidad no disponía de un especialista en derecho público entre sus 400 abogados, promovió un proceso de contratación directa, en el que participaron tres oferentes. “La Administración realizó una verificación objetiva de los atestados académicos, profesionales y de experiencia del suscrito”. “De ningún modo existe corrupción, ni tráfico de influencias”, puntualizó.
Respecto de la contratación del bufete Saavedra, Peloso, Goodwin & Hermann para el litigio contra Alcatel, el gerente del ICE –Abraham Madrigal- no quiso aportar las calidades profesionales de esta firma de abogados y agregó que “los atestados constan en el expediente”.
La búsqueda de alguna referencia sobre este bufete por medio de varios buscadores en la Internet, fue infructuosa. Por ningún lado apareció un vínculo con el nombre comercial de esta compañía, contratada por el ICE por $350.000. En la Contraloría General de la República –por medio de su oficina de prensa- se confirmó la existencia de una denuncia por la contratación de Rojas Franco. Sin embargo, dijeron no poder dar más detalles, al estar en proceso de investigación.

Gerente del ICE: Contrato está a derecho
“El proceso de selección del señor Rojas Solís (Christian) se realizó de acuerdo con la normativa legal y técnica de la empresa (ICE), aplicable a las planillas denominadas 05”, aseguró el gerente general del Instituto Costarricense de Electricidad –Abraham Madrigal Saborío-, al atender una denuncia de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (ANTTEC).
Dicha organización del ICE pidió explicaciones a Madrigal, sobre el nombramiento en agosto del año pasado de Rojas Solís, quien es hijo del abogado Enrique Rojas Franco, contratado por el Instituto por más de $315.000, para que brinde asesoría legal (véase información adjunta).
Según la ANTTEC, Christian Rojas fue nombrado como Profesional 5 por un periodo de once meses. “En circunstancias normales, un profesional de la Institución logra acreditarse como Profesional 5 después de realizar una sana carrera administrativa en un plazo no menor a 10 años, gracias a la experiencia desarrollada en su profesión. No alcanzamos a comprender cómo un funcionario de nuevo ingreso logra ubicarse de manera inmediata como profesional 5, evadiendo la normativa que rige esta materia”, preguntó Jorge Arguedas, presidente de la ANTTEC.
En torno a lo anterior, Madrigal Saborío detalló que el respectivo nombramiento en la categoría citada, “constituye una práctica empleada para compensar salarialmente a un profesional con el perfil adecuado para las funciones a desarrollar”.