Ecologistas aún tienen recursos legales para intentar detener el proyecto minero en Las Crucitas.
A pesar de que la Sala Constitucional rechazó sus alegatos y los de gran cantidad de expertos ambientalistas, el abogado Edgardo Araya no pierde la esperanza de que la presión popular pueda impedir el desarrollo de la mina para extraer oro en Las Crucitas.
El pasado 16 de abril, los magistrados constitucionales rechazaron lo expuesto por Araya en un recurso de amparo que cuestionaba la forma y motivaciones técnicas con las que se dio la viabilidad ambiental al proyecto por parte de SETENA.
La resolución creó tristeza y preocupación en gran parte de la opinión pública; sobre todo por la posibilidad de que al día siguiente (sábado 17) la empresa minera intentara terminar lo que empezó en octubre del 2008: limpiar de bosque la zona del proyecto.
Sin embargo, la oportuna solicitud ante el Tribunal Contencioso Administrativo de medidas cautelares, hizo que desde el propio viernes 16 el plan se paralizara de nuevo, en espera de una nueva discusión.
Organizada desde la base de las redes sociales en Internet y los grupos ambientalistas una manifestación se realizará el próximo 22 de abril frente a la Sala Constitucional, para repudiar el aval que dio la Sala al proyecto de extracción de oro a cielo abierto.
PRESION POLÍTICA
Edgardo Araya ha sido uno de los principales luchadores contra la instalación de la mina en la zona norte y fue la presentación de un recurso ante la Sala IV lo que frenó la destrucción autorizada por un decreto del actual Gobierno en el 2008.
Para este abogado sancarleño, la decisión de cinco de los siete magistrados no es una sorpresa, pues las decisiones de la Sala en otros temas hacían prever este resultado.
“Vea si no nos sorprende, que pudimos reaccionar rápidamente con la presentación del contencioso administrativo para que se impusieran de inmediato las medidas cautelares”, afirmó Araya.
El ambientalista aseguró que lo preocupante de este fallo es el precedente que se sienta, y que deja desprotegidos a todos los bosques del país, los cuales serán destruidos cuando una empresa llegue a ofrecer dinero y algunos empleos en cualquier comunidad.
Araya indicó que independientemente del resultado ante la Sala Constitucional, la lucha continuaría, pues ni la empresa minera se va a retirar fácilmente, ni el movimiento social se dejará vencer.
“Esto de Crucitas lo decide la gente. Todo el país tiene que decidir si quiere o no minería, debemos manifestar qué es lo que queremos y decirle a la minera que no le vamos a permitir sacar el oro de Crucitas”, expresó.
“Si hay que asumir las consecuencias, se enfrentan con dignidad; pero hay cosas que no se negocian y el ambiente es una de ellas”, añadió.
Se manifestó esperanzado en el proceso contencioso administrativo, pues afirma que en este se podrá ampliar la discusión técnica, lo cual no se pudo hacer con la Sala Constitucional.
Como regidor en la Municipalidad de San Carlos a partir del próximo 1 de mayo, Araya indicó que se estudiarán las posibles acciones que se puedan tomar desde el municipio para detener la mina, entre las cuales se valora la realización de un plebiscito.
Otra posibilidad es que el ayuntamiento pueda declarar una moratoria a la actividad minera, aunque hay que determinar qué permisos ya le fueron otorgados a Industrias Infinito, empresa de capital canadiense que pretende explotar la mina.
El activista recordó que la presidenta electa, Laura Chinchilla, también podría hacer algo a favor de la naturaleza, y derogar el decreto que declara la actividad de Las Crucitas como de “interés nacional”, sin el cual el plan no podría llevarse a cabo.
“Pero creemos que no lo va a hacer, porque aquí les interesan más las señales que se le den a los inversionistas extranjeros, que la calidad de vida de los costarricenses y su medio ambiente”, declaró Araya.
Además de la manifestación frente a la Corte Suprema de Justicia, Araya indicó que habrá una protesta durante la visita de Laura Chinchilla a Muelle de San Carlos ese mismo día.
¿SALA TÉCNICA?
Para el geólogo y especialista en evaluación de impacto ambiental, Allan Astorga,  es peligroso el hecho de que la Sala Constitucional se haya querido comportar como un ente técnico al afirmar que el proyecto en Las Crucitas se puede desarrollar sin impacto para el ambiente.
“Creo que ni la propia Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) está en capacidad de decir semejante cosa. Crucitas no hizo un estudio de impacto ambiental completo ni coherente, como sí lo exige la propia Corte Suprema de Canadá a las empresas de ese país en una sentencia reciente”, afirmó Astorga.
El especialista recordó que el Estudio de Impacto Ambienta de esta mina fue rechazado una vez por la Sala Constitucional; y cuando la empresa presentó un rediseño significativo de la mina a la SETENA en 2007, esta entidad debió haber solicitado un estudio nuevo.
“Todo lo que se argumentó no fue bien comprendido en la Sala. Sorprende que venga a decir que Crucitas tiene un estudio de impacto ambiental bueno, cuando no está completo, no es coherente, ni ha tenido amplia participación. Es un estudio que tiene problemas de raíz y de fondo”, declaró el geólogo.
Para Astorga, es incomprensible que los magistrados omitieran argumentos como el hecho de que la concesión para la mina se otorgó mientras aún estaba vigente la moratoria minera; o que ante ellos mismos, SETENA reconoció que nunca hubo un estudio de “costo-beneficio” sobre el proyecto.
“Pareciera que para la Sala no fue significativo el proceso de cambio de diseño de la mina que se aprobó en dos meses, el riesgo de la posible falla geológica en la zona de la represa, y el daño que se puede causar al acuífero regional”, señaló.
NUEVA LUCHA
El abogado y profesor universitario Álvaro Sagot, coincidió con Astorga en los aspectos que la Sala Constitucional despreció; y aseguró que se trabajará con más detalle en el proceso contencioso administrativo.
Para Sagot, la Sala no dio importancia a la falta de estudios costo-beneficio que no aparecen por ningún lado en los expedientes de SETENA, o los votos de este mismo tribunal sobre la protección al almendro amarillo y la lapa verde.
“Hay muchos puntos no se entraron a valorar porque son de legalidad. Para revisar el detalle habrá que esperar el fallo completo, y otros aspectos que son más del acto administrativo, los cuales serían los que podríamos impugnar”, afirmó Sagot.
De acuerdo con el abogado, también estaría en trámite una demanda penal contra la SETENA por incumplimiento de deberes; y en última instancia se podría acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La ambientalista y expresidenta de la Federación Conservacionista de Costa Rica (FECON), Heidy Murillo, indicó que lo resuelto por la Sala molesta a la población, pero era previsible el resultado.
“No  nos extraña, dada la actitud a favor de la empresa durante la inspección. Pero aquí no se agota el proceso, hay otros recursos legales que estamos explorando”, afirmó Murillo.
Para la ambientalista, la movilización de organizaciones y ciudadanos contra este proyecto, será el punto fundamental, y quizá el único que pueda detener realmente la instalación de este proyecto.