El papel de la SETENA en la aprobación del proyecto minero más grande de Centroamérica, fue denunciado penalmente.
Por posible “incumplimiento de deberes en la función pública y otros”,  varios miembros de diversas agrupaciones ambientalistas presentaron ante la Fiscalía Adjunta Ambiental del Ministerio Público, una denuncia penal contra la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) el pasado 22 de abril, Día de la Tierra.
La acusación contra la SETENA tiene que ver con el trámite considerado irregular por los reclamantes, que dicho organismo siguió a la hora de darle trámite y  aprobar el proyecto de minería a cielo abierto, gestionado por la empresa de capital canadiense Industrias Infinito.
El pasado 16 de abril  la Sala Constitucional (IV) rechazó un recurso de amparo contra la operación de la mina y con ello despejó el camino para que Industrias Infinito continúe con sus planes de extraer más de 20 millones de gramos de oro en 55 hectáreas que se encuentran cerca de Crucitas, en una zona de gran fragilidad ambiental, cercana a la frontera con Nicaragua y al río limítrofe San Juan. Al 26 de abril, el oro se cotizaba a $37 el gramo, según datos del Banco Central de Costa Rica. Entre los firmantes de la denuncia contra la SETENA están Gino Biamonte Castro, Gustavo Gutiérrez Espeleta, Jorge Lobo Segura y Heidy Murillo Quesada. Mientras tanto, los acusados son los entonces integrantes de la comisión plenaria de la SETENA: Mario Céspedes Pereira, Sonia Espinosa Valverde, Luis Fernando González López, Eduardo Lezama Fernández, Eduardo Murillo Marchena, y William Villegas Chavarría. Los denunciantes enumeraron una serie de actos administrativos por parte de la SETENA, que no cumplieron con el debido proceso y con lo que dice la normativa ambiental, especialmente no haber exigido un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), tras una modificación sustancial que la empresa hizo a su plan original. “Eventualmente, si se comprueba que se cometió un delito, ello podría tener repercusión sobre los permisos de la mina, pero no suspendería los trámites de los permisos del proyecto minero”, explicó José María Villalta, ambientalista, abogado, firmante de la denuncia y próximo diputado por el Frente Amplio. Vale indicar que el pasado 23 de abril un tribunal contencioso administrativo acordó mantener las medidas cautelares que habían planteado organizaciones ambientalistas el mismo día en que la Sala IV  dio su “bendición” a la minera Infinito, la cual por el momento no podrá talar más bosque, ni emprender otras acciones que vayan en detrimento del ambiente. Para Villalta, en caso de que el mencionado tribunal rechace después las medidas cautelares, ello no significa que esta lucha haya acabado, pues todavía podrían impugnar acciones que deba gestionar la empresa minera en el ámbito de la municipalidad del cantón de San Carlos, así como realizar denuncias ante organismos internacionales y llevar a cabo movilizaciones populares. En relación con la promesa de la presidenta electa Laura Chinchilla, de emitir un decreto de moratoria para la minería a cielo abierto, el futuro legislador dijo que le tomarán la palabra. Es más importante ahora la aprobación de un proyecto de ley que está en la comisión de ambiente de la Asamblea Legislativa, que cierre en definitiva las puertas a este tipo de minería por medio de una ley.
TRÁMITE EXPEDITO
De acuerdo con la denuncia penal de los ambientalistas, “el cambio de diseño que planteó la empresa minera, representaba una duplicación del tamaño del proyecto, ya que a pesar de que el área del proyecto, en lo referente a la superficie impactada por la explotación a cielo abierto, se reducía de 125 hectáreas a 50 hectáreas, la profundidad se incrementaba de 15 metros a 65 metros, con lo cual el volumen total de materiales (suelos y rocas) a explotar se duplicaba”. De igual manera, consideran que los funcionarios no cumplieron con su deber, pues “no solicitaron el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), con lo cual incumplieron con el reglamento general de la SETENA y también con el Código de Minería. Además, con ese acto se impidió que la sociedad costarricense pudiera participar del proceso, ya que en la Ley Orgánica del Ambiente se establece que los estudios de impacto ambiental deben ser sujetos de un proceso abierto y participativo ante la sociedad”. Sumado a lo anterior, “los documentos presentados por la empresa ingresaron el 10 de diciembre del 2007 y la SETENA les notificó el otorgamiento de la viabilidad ambiental el 8 de febrero del 2008, en un tiempo récord de 8 semanas, en las cuales se incluyen 2 semanas de vacaciones que tienen los funcionarios públicos a finales de diciembre. Esto es un tiempo impresionante, pues la SETENA para trámites de viabilidad ambiental de proyectos de mucho menor tamaño, tarda hasta tres veces el tiempo que le llevó aprobar la viabilidad ambiental de un cambio de diseño tan riesgoso para el ambiente como el del proyecto minero Crucitas”.
¿INDUBIO PRO NATURA?
Consultado el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez, acerca de si la Sala IV valoró el principio de indubio pro natura (en caso de duda se favorece a la naturaleza) cuando votó recientemente a favor del proyecto minero en Crucitas, afirmó que este es uno de varios principios que ese tribunal no respetó. En su opinión, la Sala Constitucional debió aplicar este principio, que habla de tener precaución cuando hay duda de si los permisos para desarrollar obras pueden provocar daños al ambiente. “Ya la Sala ha reconocido ampliamente este principio en otras ocasiones, y aquí uno se pregunta por qué ahora no”, agregó.Según el especialista, también se violentó el principio de irreductibilidad (protección) del bosque, al emitir un decreto de conveniencia nacional (para este proyecto) sin ningún sustento, lo cual quedó demostrado en una de las audiencias, cuando un funcionario de la SETENA admitió ante preguntas de un magistrado, que no existía dicho estudio. Cabe mencionar que organizaciones nicaragüenses como el Centro Humboldt, Fundación del Río, Proyecto Socioecológico (PROSOCO) de León, e Hijos del Río, Condenaron el fallo de la Sala IV,  por desestimar “los múltiples cuestionamientos técnicos y jurídicos que han sido planteados por diferentes actores costarricenses y nicaragüenses, y a sabiendas de que tal proyecto alterará la naturaleza y afectará de manera negativa e irreversible los ecosistemas”.Asimismo, exigen al gobierno de Nicaragua, “tomar cartas en el asunto, para que se demande al Estado de Costa Rica por las posibles violaciones al derecho internacional ambiental, que comprometen la soberanía del país, el derecho comunitario a habitar en un ambiente saludable y de que la actividad que realice este país no ocasione daños a terceros”.Por su parte, el geólogo especialista en evaluación ambiental y exdirector de la SETENA, Allan Astorga Gatgens, coincidió con Sagot en cuanto a que la Sala IV no tomó en cuenta el principio que vela por la naturaleza. A pesar de que se le dieron muchos argumentos, la Sala no los incorporó a su decisión. De haberlo hecho habría anulado la viabilidad ambiental y habría obligado a la empresa a realizar un EIA completo e integrado, en lugar de los estudios fragmentados que tiene. En este sentido, recordó que en enero pasado la corte suprema de justicia de Canadá condenó esta estrategia de las mineras de ese país, para así eludir los controles  ambientales y conseguir los permisos de explotación.Astorga no duda de que si a Industrias Infinito se le hubiera exigido un EIA, la historia de este proyecto en los tribunales de justicia habría sido otra.A su parecer, uno de los grandes pecados de la SETENA, es que al no pedir el EIA impidió a las comunidades opinar y ser tomadas en cuenta en la decisión final. El hecho de que a este proyecto no se le exigiera este tipo de estudio, desde su punto de vista “es una anomalía total y eso vengo denunciándolo desde hace dos años”; con ello la SETENA irrespetó su propio reglamento, acotó. Astorga Gatgens reiteró las denuncias que ha hecho por no pedírsele a este proyecto estudios hidrogeológicos, situación que pone en riesgo de contaminación el manto acuífero regional y el transfronterizo río San Juan, que puede acarrear demandas internacionales por parte de Nicaragua.
Por otro lado, preguntado Sagot Rodríguez si se puede señalar a la SETENA como la culpable de que asesorara mal a la Sala Constitucional cuando se pronunció sobre el proyecto minero de Infinito, comentó que “si estamos hablando de que esta es la oficina nacional que debe verificar los impactos que se van a producir y le da un informe diciendo que todo es una maravilla, entonces por supuesto que tiene una gran responsabilidad”. Instó a la presidenta electa Laura Chinchilla, a revocar el decreto de conveniencia nacional dictado por el mandatario Óscar Arias y así ayudar a revertir este proceso, ya que entonces Industrias Infinito se quedaría sin argumentos –por ejemplo- para cortar especies de árboles vedadas, por estar en peligro de extinción.