Uno de los bastiones de la democracia son las universidades públicas y, particularmente, la Universidad de Costa Rica. Precisamente, el artículo 84 de la Constitución Política expresa:
“La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura que goza de independencia para el desempeño de sus funciones,  y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobiernos propios…”
Como se observa, la legitimidad de la autonomía universitaria no es una ocurrencia, ni un desvarío, reside en un goce de plena garantía constitucional. Ello no excluye, ni la exime de la jurisdicción y competencia de los Tribunales.   
Sin embargo, en apego a ese principio constitucional,  el Juez, la Fiscalía y el OIJ deben realizar los procedimientos de coordinación con las autoridades universitarias porque simplemente se trata de un “Campo Universitario” que está centrado en la búsqueda del conocimiento, de la investigación, extensión y docencia, no un nido de delincuentes o traficantes de toda índole. De tal manera que no se trata de un Estado dentro de otro Estado -ese privilegio solo lo tuvo el enclave bananero de principios del siglo XX con la complicidad de los gobiernos de turno-, ni de un fuero especial como maliciosamente acusa el “desvelado” editorial de LN (14-4-10). Tampoco se vale esgrimir el argumento de una vedette penalista que expresa su opinión jurídica: “por la vía de la autonomía universitaria toda la delincuencia del país buscará refugio en la UCR”.
Quienes legitiman los actos represivos que se dieron en la Universidad de Costa Rica amparados a un discurso jurídico se olvidan que los fascistas proclaman a “verga y garrote” la democracia participativa. ¿A qué viene esa demostración de brutalidad policial?  ¿A qué se debe la exhibición de violencia que protagonizó el OIJ y la Fuerza Pública? ¿Cuál es el mensaje que pretenden dar? ¿Cuál es la diferencia entre un régimen de militar y estos cuerpos represivos que se vanaglorian de romper dientes, arrastrar estudiantes, darles patadas,  golpearlos y echar mano a la cartuchera de sus armas para persuadir a cualquiera que se cruce en su camino?   
Y todavía los jerarcas del OIJ,  la Fiscalía, la Corte Plena tienen la soberbia de justificar la brutalidad de sus cuerpos represivos. ¿Qué respeto pretenden que se les tenga a estos matones que actúan amparados a la aprobación de sus jefes?  Por esa vía, ¿se les condecorará a los agentes del OIJ y de la Fuerza Pública por hacer gala de  valentía, decoro y coraje al reprimir bestialmente a estudiantes, docentes y administrativos de la UCR?
Y como si fuera poco los yerros policiacos, el discurso autoritario del jerarca de la Fiscalía General anuncia con arrogancia que perseguirá penalmente a los estudiantes, docentes y administrativos involucrados en los actos represivos que ellos mismos protagonizaron; todo para indicar que el autoritarismo es el mejor método para ejercer el control democrático.