El día 12 de abril del año en curso se marcó un hito en la historia de la Universidad de Costa Rica,  a raíz de los hechos inauditos, cuyos actores y promotores principales, fueron los subordinados Oficiales del Organismo de Investigación Judicial.
En setenta años que cumplirá esta benemérita institución, esta es la segunda vez que sucede este tipo de atropellos contra la sociedad universitaria; en esta oportunidad tuve la desventura de presenciarlo en carne propia; es por ello que me atrevo, amparado en la fe pública con la cual he sido investido a compartir con la comunidad universitaria, las siguientes impresiones, de índole lógico algunas de ellas y otras de naturaleza jurídica, si me es permitido.
De acuerdo estoy, y es una apreciación muy personal, que el Organismo de Investigación Judicial tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, pero existe, y así es conocido por las autoridades del Poder Judicial, un procedimiento a lo interno que debe seguirse, y es precisamente coordinar ante la autoridades universitarias, cualquier acción que se vaya a ejecutar, demostrando documentalmente dos hechos, complementarios entre sí: el primero de ellos que se ha conformado un expediente de investigación preliminar – sea derivación de una denuncia o de oficio –  por parte de la Fiscalía con la participación por supuesto de las fuerzas de policía, en este caso el Organismo de Investigación Judicial, y cuyo resultado sea, la posibilidad de la existencia de la comisión de un delito; o bien ya sea la comisión inmediata de una infracción a las leyes penales.
Debemos tomar en cuenta que la misma Sala Constitucional mediante la resolución 4395-1995, amparada en aspectos de legalidad, ha determinado que el Campus Universitario es propiedad privada; por ende, se debe contar con la autorización de un Juez para poder conculcar el principio de la inviolabilidad de los domicilios, doctrina del numeral 23 de la Constitución Política como fuente primigenia del derecho, cabe pernotar,  requisito previo para poder ejecutar.
En el caso que nos ocupa, es muy sencillo, hubo evidentemente un error de coordinación y logística por parte de los encargados de la diligencia judicial, con los resultados nefastos, mismos que han sido acreditados mediante  grabaciones y prueba testimonial, hechos  que han generado todo tipo de reacciones en el nivel nacional y por parte de diferentes sectores de la sociedad civil, incluyendo a nuestros respetados diputados;  con justa razón por supuesto, debido al bochorno y a la vergüenza a la que fueron sometidos, no solo nuestros estudiantes, sino además importantes  representantes sindicales y autoridades del Consejo Universitario y de la institución, que sin ningún reparo los Oficiales del Organismo de Investigación Judicial, pese a conocer la legitimidad y condición que ostentaban,  porque así fue del conocimiento, arremetieron, contra cualquier persona que se les interpusiera, aunque la intención de ellas fuera calmar los ánimos y mediar en el conflicto.
Pude observar al inicio, un despliegue de vehículos con placas particulares, debido a que ese es  el estilo apropiado para efectos de conservar el anonimato y que no sean identificados; pero me llamó poderosamente la atención, que de cada  unidad se bajaron cuatro oficiales, hombres y mujeres, con chalecos antibalas y debidamente armados, pensé súbitamente vienen a capturar a un capo.
Señores,  cuál fue mi sorpresa, no era   así, me entero que venían a capturar a  uno de nuestros funcionarios, por la supuesta comisión de un delito: concusión; era suficiente un fiscal, un Juez garante procesal y dos Oficiales del Organismo de Investigación Judicial; les resultó insuficiente, acudieron alrededor de sesenta oficiales, más la Fuerza Pública, imagínense, ni en los barrios más peligrosos de este país realizan ese tipo de despliegues. Me pregunto, será que las personas que conforman esta institución no es gente digna, respetuosa,  con suficiente solvencia moral, como para no poder exigir respeto, por los derechos humanos, mismos que sin lugar a dudas fueron avasallados y dinamitados; y esto ha quedado evidenciado en las tomas de la prensa, o bien,  ya sea, será correcto este tipo de actuaciones como si el Campus Universitario fuera una guarida de capos y delincuentes de peligroso récord.
Debo reconocer que la intención original  se basaba en la necesidad imperante de perseguir un supuesto delito, entiendo así denunciado; pero  ello debe llevarse a cabo con medida y mesura, sin afectar derechos e intereses de terceros, mucho menos los intereses institucionales.
Como corolario de este derecho que ostento, de la libre expresión y derecho a opinar, seguro estoy que hubo una desproporción en el ejercicio de la potestad que tienen las fuerzas de policía; fue indubitablemente,  nada razonable el despliegue policial del cual fuimos víctimas todos  los universitarios. Dicho hecho me causa escozor y  es por ello que pienso debe ser emplazado no el señor Jorge Rojas, sino el presidente de la Corte de Suprema de Justicia para que le explique al pueblo, este sencillo y humilde pueblo, por qué se permitió  que se llegara hasta ese punto; siendo que debieron admitirlo, fallaron en la coordinación, al menos eso sospecho, partiendo del hecho que fuere cierto que el funcionario habría sido autor de los hechos que investigaban, porque recordemos el conocido y doctrinalmente aceptado Principio de Inocencia.
Insto al Estado como un todo a  incursionarse en un proceso de discusión y reflexión sobre lo sucedido, porque ello ha afectado no solo la imagen de la Universidad de Costa Rica, sino además la institucionalidad del Estado Costarricense y el estado de derecho mismo,  prueba de ello la agresión cometida en perjuicio del, tengo entendido,  Presidente de la Asociación de Derecho y otras personas no identificadas.
Por último, pero no por ello menos importante, menciono que no ingreso a conocer los costos operativos de dicho despliegue, señores; lo dejo para la  respectiva evaluación por parte de las organizaciones e instituciones que sean competentes, en caso de que haya sido innecesario dicho gasto; algún funcionario debe restituirlo de su propio peculio, ya que no es justo que los que tributamos debamos hacerle frente a este tipo de gastos superfluos.