El 4 de mayo se conmemoraron los 120 años de la creación del Hospital Nacional Psiquiátrico. 
Creado en 1890 bajo inspiración de los asilos europeos de fines del siglo XIX, alberga a población con enfermedad mental y discapacidad cognitiva, dispersa entre el Hospital San Juan de Dios, cárceles y calles de la época. 
A mediados del siglo XX la introducción de la primera medicación neuroléptica, la creación de servicios para una atención integral como trabajo social (1952) y psicología clínica (1957) y el inicio formativo de recurso humano especializado en salud mental en los años sesenta, impulsan una mejora sustancial de las prácticas de tratamiento. 
El cierre de la vieja estructura arquitectónica, durante la dirección del Dr. Abel Pacheco, dio paso a la nueva edificación inaugurada en 1974 en Pavas, creándose además, el Hospital Diurno, programa comunitario, que nos proyecta más allá de las verjas del prototípico manicomio, erigiendo también los primeros hogares transitorios de la vida hospitalaria a la vida en comunidad, génesis de un proceso de desinstitucionalización que nos acompaña hasta nuestros días. La institución, que no se mantuvo al margen de los aires de reforma psiquiátrica internacionales, representa al país y suscribe en 1990 la “Declaración de Caracas”, donde queda enunciado que “la atención psiquiátrica convencional no permite alcanzar los objetivos compatibles con una atención en salud mental comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva”.  Así mismo, se destaca, que la figura de los hospitales psiquiátricos, como única modalidad asistencial, obstaculiza el logro de dichos objetivos (OPS, 1990).  Como efecto de este compromiso se da un proceso de evaluación interna que reubica a los y las usuarias, por niveles de funcionamiento en los diversos pabellones de larga estancia.  Los programas terapéuticos emprendidos, se sistematizan en la creación a finales de los 90 y comienzos del año 2000, de un plan y un comité de rehabilitación institucional.En este proceso de transformación, ha sido amplio el avance, no obstante, los obstáculos no dejan de existir.  Entre estos, la carencia de una legislación que inhiba y sancione la institucionalización, insuficiencia de un plan de salud mental que potencie la formación de equipos comunitarios interdisciplinarios de atención integral primaria y secundaria (EBAIS, clínicas), que prevengan el internamiento y los problemas sean tratados en la comunidad en conjunto con el recurso de apoyo más importante: la familia.  Se suma, la urgencia de crear un programa de hogares comunitarios alternativos, pues los actuales servicios de apoyo residencial ofertados por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, a pesar de su gran aporte y satisfacción comprobada por parte de los y las usuarias, son insuficientes para la demanda existente.  Por último, se hace imprescindible, una política de empleo que minimice las barreras vinculadas con exclusión laboral y discriminación de personas con diagnósticos en salud mental en empresas privadas e instituciones públicas, en pos de legitimar su derecho a ser auto productivos.  Todos estos deben ser considerados temas prioritarios, que diversas carteras vinculadas con las áreas de salud, educación y trabajo, podrían tomar en cuenta en sus agendas para los próximos años y en el marco de un nuevo gobierno.Otro debate vigente es la conveniencia de institucionalizar dentro del mismo ámbito a personas con enfermedad mental que han cometido diversos delitos y que envían los juzgados, colocando al hospital en un dilema entre la función custodial y curativa, creando una disputa difícil de resolver dentro de las contradicciones del modelo asilar.  Así el panorama, posterior a una fuerte discusión interna, paros de labores y marchas pacíficas bajo la consigna “ni asilo, ni cárcel”, se observan algunos tímidos avances entre instancias médicas, administrativas y de justicia para la habilitación y/o posterior construcción de un centro especializado para este tipo de población.El hospital ha diversificado sus servicios y el cambio hacia la humanización del tratamiento es visible, sin embargo, aún nos queda una población aproximada de 400 personas viviendo en la institución, y esta realidad, no podrá abordarse hasta tanto el Estado Costarricense no oferte las condiciones necesarias para una verdadera reinserción social.  Una reinserción real implica que no se les prive del ejercicio de una ciudadanía plena, entiéndase, su capacidad para desplegarse integralmente como sujetos: sujetos sociales, políticos, económicos, educativos, laborales, sexuales, entre otras capacidades, limitadas en la actualidad, por la condición de institucionalización.Sin duda, una gran tarea, no obstante, el mayor desafío consistirá en evitar albergar por periodos prolongados a seres humanos tras sus paredes.  Para esto, es necesario más que la voluntad de un grupo de funcionarios (as).  Se requieren cambios coyunturales en el modelo de atención nacional en salud mental, una atención descentralizada, preventiva, no centrada exclusivamente en el uso de psicofármacos y que promueva abordajes integrales e interdisciplinarios en un marco de atención e investigación de alta calidad y con una práctica clínica y terapéutica basada en evidencia, potenciándose de forma paralela una oferta de integración en múltiples espacios del funcionamiento humano, que garantice una calidad de vida y un sentido de bienestar para la población en general.