El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, montó compañas de desprestigio contra quienes no comparten su propuesta de “seguridad democrática”, utilizando las estructuras del organismo de inteligencia conocido como Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), denunciaron personas que decidieron fundar un sindicato para evitar su destrucción.
Durante el gobierno de Óscar Arias se firmó un acuerdo con el de Colombia, para que la DAS prestara asistencia a su contraparte costarricense, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Un escándalo surgió cuando la revista Semana reveló que la DAS había estado interceptando llamadas de magistrados, periodistas y líderes opositores, en plena campaña de Uribe para lograr una reforma legal que lo autorizara a reelegirse por segunda vez consecutiva.“Uribe tenía todo fríamente calculado. Por debajo se cocinaba la guerra política: el paramilitarismo”, dijo a este Semanario Helena Villegas, presidente de la Asociación Sindical de Servidores de la Seguridad del Estado, el sindicato de la DAS.Creado hace seis meses, el objetivo del sindicato es evitar que Uribe cierre la institución para que no salgan a la luz pública los abusos cometidos, que incluyen el asesinato de agentes considerados peligrosos.“Cuando empezó la lucha por su reelección, Uribe necesitaba saber lo que pensaban en la Corte. Él utilizó la inteligencia para tratar de garantizar la reelección, para desprestigiar a la oposición, para vincularla con el terrorismo. Él necesitaba desprestigiar a la Corte y a la oposición para presionarlas sobre el referendo. Por suerte no lo pudo hacer. Y se le desmontó el aparato”, afirmó Villegas.
CONTRA LA OPOSICIÓN
Documentos publicados en Colombia revelan la dimensión de las acciones promovidas por el gobierno de Uribe.Se trata de una “guerra política” montada por la Subdirección de Operaciones, de la Dirección de Inteligencia de la DAS, con el objetivo de “defender la democracia y la nación” y “crear conciencia sobre las consecuencias de un sistema comunista”.Para eso la DAS montó tres operativos: Amazonas, Transmilenio y Bahía.Amazonas definía como blancos los partidos políticos opositores y miembros de la Corte Constitucional, que debía resolver sobre la legalidad de una consulta popular para permitir una nueva reelección. La Corte decidió, finalmente, en febrero pasado, en contra de esa aspiración.La operación Transmilenio tenía como objetivo “neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONG en Colombia y en el mundo”, vincularlas con organizaciones narcoterroristas, “en busca de su judicialización”. Para eso pretendía impedir la publicación de libros contrarios a los intereses del gobierno, neutralizar las acciones de organismos de derechos humanos, desprestigiar a dirigentes opositores y crear conflictos entre ellos.Lo que hoy se conoce como el escándalo de las chuzadas (intervenciones telefónicas) es una acción sistemática ordenada por la casa presidencial para utilizar las agencias de seguridad con el fin de interceptar comunicaciones privadas, construir montajes judiciales, intimidar, chantajear, amenazar, calumniar y atentar contra la integridad de los ciudadanos, instituciones, empresas y medios de comunicación, denunció el senador Alexander López en el Senado, el 4 de mayo pasado.“Ese grupo buscaba desprestigiar a la oposición, a periodistas y líderes de derechos humanos. ¿Con qué fin? Con el fin de obligar a un pueblo a alinearse con el presidente”, afirmó la presidenta del sindicato.“Ellos empiezan a escoger blancos, personas que denunciaban los vínculos del gobierno con el paramilitarismo. Luego fueron ampliando la lista. Ese grupo empieza a hacer una guerra política, atemorizando a la gente, haciendo llamadas en las que les hacían oír gritos de personas que eran torturadas, realizando seguimientos ilegales”, aseguró Villegas.“No se puede contener tantos secretos. A Uribe se le sale el poder de las manos cuando  estalla el problema del DAS. Ahora es la inteligencia del Estado contra la corrupción de Uribe. Ya es incontrolable, sale una cosa por aquí, otra por allá”, añadió.“Quieren liquidar al DAS para tapar las pruebas que comprometerían al presidente, para ocultar el grupo que crearon ilegalmente”, concluyó.