“La Dirección de la Escuela de Ingeniería Industrial incurrió en inobservancias con respecto a sus obligaciones”, asegura informe.
Ante una serie de aspectos que todavía no quedan del todo claros, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) pedirá a sus instancias de fiscalización que profundice la investigación en torno a nueve polémicos contratos celebrados con el Ministerio de Salud, los cuales fueron denunciados meses atrás en varios medios de comunicación por presuntas irregularidades.
Héctor Monestel, miembro del Consejo Universitario, informó que el acuerdo para indagar más a fondo sobre el tema, lo tomarían en esta última semana de mayo, luego de conocer el informe que el 30 de abril presentó la Oficina de Contraloría Universitaria (OCU), denominado “Análisis de la gestión realizada por las instancias universitarias en el marco de los convenios y contratos suscritos para apoyar el desarrollo organizacional del Ministerio de Salud por medio de PROIDII”.
Los contratos y convenios en referencia representaron para el Ministerio de Salud pagos por más de ¢1.000 millones a la UCR, de los cuales el 68% de los montos se utilizaron para pagar a un grupo de 62 consultores, entre ellos uno que entre el 2007 y el 2009 obtuvo ingresos por ¢77 millones y otro por ¢68 millones.
El manejo de los contratos por parte de la UCR, estuvo a cargo de la Escuela de Ingeniería Industrial y su Programa de Investigación y Desarrollo de la Ingeniería Industrial (PROIDII).
Cabe recordar que el Consejo Universitario ordenó en marzo pasado la mencionada investigación, debido a la divulgación en la prensa de serios cuestionamientos que hicieron dos auditorías del Ministerio de Salud, tras analizar los nueve contratos con la UCR, tendientes a implementar un nuevo modelo de desarrollo organizacional en esa institución.
Entre las objeciones que hicieron dichos auditores, está que las contrataciones se hicieran de manera directa (sin realizar un concurso público) y sin  las justificaciones técnicas que exigen las leyes de contratación administrativa, así como supuestos incumplimientos en las consultorías pactadas (véase “Jerarcas del Ministerio de Salud chocan con auditores por informes”, en edición del 17 de febrero del 2010).
Hacia lo interno de la UCR, el Consejo pidió un informe que contuviera un estudio del presupuesto y su distribución en los proyectos contratados, un análisis de los pagos realizados, bajo qué conceptos se hicieron, su legalidad y justificación, así como el nombre de las personas que determinaron y autorizaron los montos pagados. Además, evaluar el cumplimiento de contratos en términos de calidad de los productos y servicios ofrecidos, y los planes de trabajo de cara el impedimento de  superposición horaria.
Los informes de la Dirección General de Auditoría provocaron serias discrepancias y el rechazo por parte de las autoridades superiores del Ministerio de Salud, hasta el punto de que el desacuerdo deberá ser resuelto por la Contraloría General de la República, en donde se informó que aún tienen en estudio el caso y por eso no pueden referirse a él por el momento.
La ausencia de esta resolución sobre los señalamientos de los auditores del Ministerio de Salud, de alguna manera obligó al órgano contralor universitario a indicar que “es oportuno considerar los resultados de la discrepancia, en estos momentos planteada ante la Contraloría General de la República, y las decisiones que final y consecuentemente tomen las autoridades de dicho Ministerio, en lo que respecta propiamente a la prestación de los servicios y entrega de los productos pactados en los convenios y contratos”.
Vale aclarar que la Contraloría Universitaria no entró a conocer detalles pertinentes al cumplimiento y calidad de los servicios brindados por la UCR en los contratos con el Ministerio de Salud, en razón de que la ministra María Luisa Ávila reiteró -en un oficio del 18 de marzo anterior- su conformidad con todos los productos y servicios recibidos del 2007 al 2009. A ella se le envió un cuestionario para que se refiriera a algunos puntos del informe de la UCR, pero aseguró que esta universidad no se lo ha facilitado, por lo que desconoce el contenido.
Anunció que “pienso seguir contando con la UCR haciendo convenios de cooperación de manera directa, como la ley me faculta. No tengo por qué privar al MS de los servicios de la mejor universidad de este país, ni a la UCR de trabajar en coordinación con el Ministerio de Salud, que quiere convertirse en el mejor del país”.
Más allá de si hubo o no anomalías en el desarrollo de estos contratos y convenios, para el integrante del Consejo Universitario, Héctor Monestel, lo que esta situación pone sobre el tapete de discusión es el modelo de universidad que se quiere, a partir del concepto institucional llamado “vínculo externo remunerado”, que en su opinión se ha desvirtuado y que sirve para hacer negocios solo por hacerlos.
NADA IRREGULAR
En cuanto al informe de la Contraloría Universitaria, este concluyó que “los convenios y contratos suscritos en relación con los servicios de asesoramiento y formación brindados al Ministerio de Salud, y los proyectos, presupuestos y contratos para obtener el apoyo del recurso humano, de acuerdo con el resultado de nuestras pruebas, se sujetaron a las normas y disposiciones que ha establecido la Universidad para su trámite y recibieron la aprobación de las autoridades respectivas”.
De acuerdo con esa indagación, todos los elementos dentro de los contratos “fueron aprobados por las autoridades competentes, los recursos se canalizaron por las instancias técnicas autorizadas, y los productos fueron recibidos a satisfacción por parte del Ministerio de Salud. Existe también evidencia del trabajo realizado e informes de los productos entregados”.
El informe recordó que la UCR tiene la potestad de realizar actividades de vinculación remunerada con el sector externo y en este sentido se apoya con facilidades que le otorga la Ley para la Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico.  
Dicha ventaja -agrega el documento -le ha generado a la UCR un crecimiento sustancial de este tipo de actividad, por lo que ha debido desarrollar normativas y mecanismos de control interno para regularla, aunque estos esfuerzos han sido  insuficientes, como ha quedado en evidencia en este estudio.
Por lo anterior es que la OCU recomendó al ente legislador de la UCR (Consejo Universitario) evaluar y actualizar la normativa que regula el vínculo externo remunerado, con el fin de definir aspectos como el proceso de declaraciones juradas de horario y de jornada laboral, al igual que el sistema de cargas académicas y los límites máximos de contratación.
En relación con el vínculo externo, el representante Héctor Monestel aseguró que este se ha desvirtuado en la UCR y se aprovecha solo para hacer negocios, desligados de las actividades sustantivas de la institución.
Puntualizó que por esta razón están próximos a conformar una comisión que replantee  ante la comunidad universitaria  el concepto de vínculo externo remunerado, “para evitar precisamente este tipo de distorsiones”.
Monestel comentó que “a partir del informe de la Contraloría se desprenden algunas líneas de orientación preliminares, porque el Consejo no ha planteado su posición al respecto”.
Detalló que “tenemos que precisar –primero que nada- la calidad del servicio que se está brindando en nombre de la UCR, porque uno de los cuestionamientos que hace la auditoría del Ministerio de Salud es sobre esto”.
Otro punto por revisar tiene que ver con el tema de la legalidad, en donde si bien el informe de la OCU no detectó nada irregular, sí se debe ahondar en materia de superposición horaria (mezcla de horarios de los distintos cargos que desempeña una persona).
Monestel expresó la necesidad de que los pormenores de estos contratos y vínculos se ventilen de forma transparente a lo interno y externo de la UCR, sobre todo en el contexto actual, en el que se percibe una arremetida contra las universidades públicas. “Por eso no podemos darnos el lujo de tolerar corrupción en la institución y dejar impunes las cosas que no se deberían dejar impunes”. OBJECIONES
Por otro lado, pese a que en términos generales el informe de la OCU no encontró anomalías en los contratos pactados con el Ministerio de Salud, sí señaló que “algunos aspectos de orden administrativo, en el ámbito de acción de la Dirección de la Escuela de Ingeniería Industrial, se han observado para que se tomen las acciones pertinentes”.
En este sentido, la investigación sostiene que “se identificaron algunos aspectos  concretos en el ámbito de acción del coordinador del proyecto, que podrían eventualmente estar sujetos a responsabilidades, los que serán objeto de estudio específico y, dependiendo de los resultados, serán trasladados hacia los órganos competentes para que se tomen las acciones necesarias”.
Las dos personas designadas por parte de la UCR en todos los contratos y convenios con el Ministerio de Salud fueron Armando Castro Arias, coordinador de proyectos del PROIDII, y Carolina Vázquez Soto, directora de la Escuela de Ingeniería Industrial. Ambos respondieron juntos a consultas sobre el informe, que este Semanario les hizo.
La normativa institucional establece que en el caso de los servicios profesionales contratados bajo la modalidad de vínculo remunerado, es responsabilidad de la unidad académica y del ente administrador de los recursos velar porque no se den relaciones laborales encubiertas.
Según el documento de la Contraloría Universitaria, para el cumplimiento de los contratos con el Ministerio de Salud han sido contratados como consultoras un total de 62 personas, de las cuales 24 eran egresadas de la Escuela de Ingeniería Industrial, 18 son docentes, 8 provienen de otras escuelas y unidades administrativas, 7 eran profesionales independientes, 4 eran estudiantes de último año de ingeniería industrial, y 1 funcionario del PROIDII.
Seis de los alumnos contratados disfrutaban de beca institucional que los obligaba a informar sobre los ingresos recibidos, fueran temporales o permanentes. Sin embargo, no lo hicieron y la directora de la Escuela, Carolina Vásquez, atribuyó la responsabilidad de ello a los estudiantes, aunque la normativa dice que las unidades que ejecuten proyectos de vínculo externo son las obligadas a fiscalizarlos y hacer que se respete la legalidad.
Acerca de los señalamientos en torno a que entre los consultores contratados se encontraba un hermano y un sobrino del coordinador de los proyectos con el Ministerio de Salud (Armando Castro), el funcionario alegó que su hermano es un arquitecto que labora para la UCR y tiene amplia experiencia. Mientras tanto, su sobrino es egresado de ingeniería industrial y poseía alguna experiencia que le sirvió para ser contratado. Aparte de esto, argumentó que la normativa institucional no prohíbe estas contrataciones.
Por otro lado, el informe reveló una serie de inconsistencias y omisiones entre el 2007 y el 2009 por parte de varios consultores –entre ellos Castro Arias-, en las Declaraciones Juradas que tienen que llenar todos los trabajadores de la UCR.
Al ampliar el informe sobre el docente, precisa que “en las declaraciones del 22 de febrero y 11 de junio, ambas del año 2007, se reportaron compromisos laborales y contratación por servicios profesionales, que sumados a los otros compromisos remunerados en el mismo periodo por honorarios, superarían criterios de razonabilidad y eficiencia, que a nuestro juicio debería aplicar la Universidad”.  Similar situación registró la docente Liliana Arrieta Quesada, quien si bien asumió compromisos laborales cuya sumatoria de jornadas no superaron los límites legalmente permitidos, “resulta pertinente indicar que esas dedicaciones son, únicamente, aquellas que fueron declaradas por la docente y no contempla el tiempo destinado para la prestación de otros servicios por la cual se le remuneró mediante honorarios”.
Tanto Castro Arias como Vásquez Soto, admitieron que las observaciones del órgano contralor sobre las inconsistencias en las Declaraciones Juradas, servirán para mejorar el cumplimiento de este trámite.
En opinión de la OCU, “la participación simultánea en varios proyectos de vínculo externo (sea de investigación o de acción social), adscritos a una o distintas unidades operativas, y remunerada por diferentes mecanismos (honorarios, complementos salariales, planilla en FUNDEVI, etc.), ha permitido que funcionarios universitarios asuman una carga de trabajo que no solo puede ir en detrimento de su salud física y mental, sino que pone en riesgo la calidad de las labores sustantivas, por las que la Universidad le contrató ordinariamente y las asumidas directamente a través de los proyectos”.
La Contraloría presentó como irregularidades atribuidas a la Dirección de la Escuela de Ingeniería Industrial, el haber permitido que funcionarios “asumieran una cantidad considerable de compromisos adicionales a su jornada ordinaria con la institución, en atención de varios proyectos de vinculación remunerada y por diversas modalidades de contratación”.
A la vez autorizó en algunos casos y por ciclos lectivos completos, “horarios excesivos en días específicos para que el Coordinador de los proyectos vinculados con el Ministerio de Salud asumiera los compromisos derivados de su jornada ordinaria, superando el máximo establecido en el Código de Trabajo”.
Además sentenció que “circunstancias tales como las observadas en la Escuela de Ingeniería Industrial, ponen de manifiesto que la institución no ha establecido límites en la cantidad de compromisos y total de horas que, de una manera sana y equilibrada, podría dedicar a los proyectos de vinculación remunerada con el sector externo”.
 

Mayores ingresos por contratos con Ministerio de Salud (2007-2009)*
Nombre                                     Procedencia            Monto total recibido
Randall Hidalgo Solano         Esc. Ingeniería Industrial    ¢77.049.387 Armando Castro Arias          Esc. Ingeniería Industrial    ¢68.566.435 Mauricio Vargas Fuentes      Esc. Salud Pública             ¢32.115.000 Lilliana Arrieta Quesada        Esc. Ingeniería Industrial    ¢28.249.000 Ana Catalina Peralta Rojas    Esc. Ingeniería Industrial    ¢24.951.168
*Fuente: Informe de la Oficina de Contraloría Universitaria (no incluye salarios de la UCR.