El Instituto Costarricense de Electricidad será el gran perdedor si no se mejora el cartel para la apertura de la telefonía celular.
“Nos falta mucho para hablar con seriedad de una apertura del mercado celular”, aseguró el experto en regulación de telecomunicaciones, Juan Manuel Campos Ávila, de la firma Ciber Regulación Consultores, al referirse al borrador del cartel público que servirá para concretar la competencia del sector privado en este servicio de telefonía en el país.
La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) hizo público el pasado 5 de mayo un borrador del cartel “Concesión para el uso y explotación del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles”, con el fin de que los interesados plantearan sus observaciones al documento en los 15 días posteriores.
De acuerdo con la SUTEL, dicho cartel “contiene las normas del proceso licitatorio, y está integrado por 12 capítulos, que corresponden a las reglas del proceso de licitación y establecen toda la información respecto a los principios y procedimientos que rigen este proceso…”.El ente regulador agregó que “es el interés de la Administración proporcionar a los oferentes toda la información que requieran para una adecuada comprensión de los requisitos del cartel, por lo que se pone a disposición de los oferentes toda la documentación que sirvió de base para este concurso”. Sobre el cartel, Campos Ávila indicó que “es un documento muy básico que no responde a las necesidades del consumidor final”. Coincidió con estas críticas el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Eduardo Doryan, quien -en un texto de doce páginas que envió a la SUTEL- hizo una lista de objeciones y observaciones que, de no corregirse,  afectarán seriamente a la institución que dirige desde el 8 de mayo y que será el principal operador cuando la apertura sea una realidad. Al preguntarle este Semanario a Doryan si las debilidades del cartel obedecen a un interés de favorecer a los eventuales operadores privados, afirmó que este “es un proceso nuevo para todos, en el que tanto el ICE como los otros operadores y las instancias de supervisión y control también estamos aprendiendo”.Enfatizó en que “un buen cartel sería bueno para todos y un cartel malo perjudicaría a todos por igual. Es el interés nuestro que se obtenga un buen resultado del proceso actual y desde una perspectiva de interés nacional hemos formulado nuestras observaciones”.Al planteársele si  se equivocó la anterior administración superior del ICE al apoyar los recientes cambios de legislación aperturista, argumentó que “el proceso de apertura es una decisión país, ratificado mediante un referendo, al que estamos comprometidos y decididos a honrar”.Mientras tanto, para el especialista Gerardo Fumero, la falta de transparencia en todo este proceso para alistar el cartel es un mal síntoma y hasta la fecha no hay estudios que respalden las decisiones tomadas por el Gobierno. “Se ha atropellado al ICE (y se ha respetado a los privados) en relación con el espectro, lo cual aumenta la inseguridad jurídica, y se ha hecho caso omiso de las recomendaciones de sus propios asesores”, acotó. Por su parte, Maryleana Méndez, del Consejo de la SUTEL, dijo ante consultas de este Semanario, que “por respeto a este proceso no se va a adelantar criterio respecto de las posiciones”.Agregó que una vez que el equipo técnico designado analice las observaciones, le remitirá el informe al Consejo de la SUTEL y este resolverá lo que corresponda, aunque “hay varias observaciones enunciadas que trascienden el cartel; es decir, que no le son propias a este proceso”.NO HAY CLARIDAD
Al plantear el jerarca del ICE –Eduardo Doryan- sus objeciones ante la SUTEL, aprovechó para recordar que la próxima subasta del espectro radioeléctrico, “constituye una oportunidad irrepetible para promover el desarrollo nacional y fomentar la prestación de servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía, dos objetivos esenciales que comparte plenamente el ICE”. De allí su preocupación de que las deficiencias del cartel no permitan desarrollar “un adecuado proceso concursal y de la apertura, que efectivamente son indispensables para avanzar a favor de los intereses nacionales”. Para Doryan, el documento elaborado por la SUTEL refleja las contradicciones propias de un modelo de competencia que se promueve, sin que se tenga clara la visión de país que se quiere. Así, en uno de los puntos se menciona como objetivo la “promoción de la competencia en oferta de servicios”, luego en el siguiente se dice que es la “competencia en el desarrollo de las redes de telecomunicaciones”, y en el punto que sigue apunta a la “cobertura de los servicios de telefonía móvil”; estos dos últimos son propios de un modelo de competencia basado en infraestructura. “Para que exista una competencia basada en servicios, es necesario que previamente se haya logrado un 100% de cobertura en infraestructura. Este no es, obviamente, el caso de Costa Rica, pues aún no existe una cobertura del 100% en telefonía fija ni móvil, y hay una densidad mucho menor al 100% en redes inalámbricas”, hizo ver Doryan. Con base en lo anterior, el jerarca del ICE considera que “la contradicción sobre el tipo de modelo a seguir, implica una severa indefinición sobre los objetivos que se persiguen con la apertura, crea incertidumbre para los operadores, y puede llevar a la adopción de decisiones regulatorias contradictorias entre sí, como ya está ocurriendo”. Otro señalamiento es que el cartel no menciona las obligaciones de servicio universal que deberán cumplir los nuevos operadores, a pesar de que la Ley general de telecomunicaciones así lo establece, mientras que el ICE sí tiene obligaciones que le impone el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, lo cual provocaría una situación discriminatoria en su contra. También se le reprocha que pone muy poco énfasis en los requisitos técnicos que deben demostrar la idoneidad de los oferentes, lo cual hace recordar que el país ha sufrido recientemente las consecuencias en proyectos vitales de infraestructura: carreteras, aeropuerto, porque se les otorgan a empresas sin la solidez financiera necesaria. Otro temor es que deja abierta la puerta a que los nuevos operadores presten servicio totalmente o parcialmente desde el extranjero, en países en donde ya tienen plataformas, lo cual les reduciría el costo de inversión, en perjuicio del fisco y de la mano de obra costarricense. Tampoco se descarta que puedan operar en un régimen de incentivos fiscales de zona franca, con los mismos efectos para el erario público. A la lista se suman aspectos de los costos de migración e instalación de los nuevos operadores en las frecuencias de microondas para interconectarse; la poca claridad para exigir equipos nuevos y de última tecnología; información nula sobre la metodología para fijar el precio de las concesiones por subastar; y la carencia de información acerca del régimen tarifario, incluido el rebalanceo de las tarifas actuales.DESVENTAJAS PARA EL ICE
En relación con el borrador del cartel, el especialista Gerardo Fumero no dudó en darle la razón al ICE, “cuando afirma que la competencia en un mercado de telecomunicaciones en pleno desarrollo, vale decir, que no ha alcanzado su nivel de saturación, debe de tener un enfoque muy distinto al de un mercado `maduro´, como el de Europa”.Recordó que “jamás coincidí con el ministro Roberto Dobles, en que países como Suecia, Finlandia o Singapur pudieran ser nuestros modelos referentes. Un país en donde todavía el servicio no ha llegado a toda la población, debe enfocarse en la expansión de la red y ese debería ser el principio orientador para las autoridades responsables de la apertura, de tal forma que se garantice -antes que una competencia por precios- la universalidad del servicio”. Advirtió “la laxitud con que se fijan requerimientos en el cartel”; que no haya una verdadera exigencia de cobertura, calidad y servicio, que garantice que no llegará una empresa únicamente a “descremar” el mercado y a dejarle al ICE la obligación de asumir el servicio universal. Fumero lamentó que en todo este proceso no se hizo caso de las recomendaciones dadas en 1996 por el experto Doyle Gallegos, traído como consultor por el ICE y el gobierno de entonces, quienes “pregonaron a los cuatro vientos que por el contrario, la competencia bajaría los precios”. Agregó que “con ese discurso falaz engañaron a media Costa Rica, para que aprobara el TLC. Hoy no queda más que enfrentar esa realidad. Sin embargo, nadie habla del tema y mucho menos se han tomado las decisiones que son necesarias. La ley del mínimo esfuerzo tiene a las autoridades responsables de decidir tal rebalanceo, esperando a que sean los mismos operadores entrantes quienes lo demanden. Espera el ente regulador, responsable de tales decisiones, que algún tribunal de justicia así se lo ordene, con tal de no asumir el costo político que tan impopular decisión implica”.Por otro lado, Juan Manuel Campos opina que en lo referente al cartel presentado por la SUTEL, “ganó la precisa, en detrimento de la calidad técnica del cuerpo normativo presentado en días pasados”.En vista de que en el concurso pareciera predominar el factor precio, se preguntó “¿qué pasaría si una empresa gana con una red que no sea de última generación, cuál sería la razón por la que se sacrificaría al consumidor final?”. Campos Ávila sostiene que “el cartel es deficiente en materia de regulación de precios (…). Por el momento, lo único que  tenemos en materia de regulación de precios es la de tarifas tope que se impuso al ICE. Si eventualmente no se resuelve el rebalanceo de tarifas que el país necesita, tendremos un mercado poco competitivo y probablemente el ICE subsidiaría servicios sin quererlo y sin poderlo sostener”.En cuanto a cobertura, alegó que “el cartel es lo suficientemente pobre, como para que me pueda referir a las normas que se exigen a los concursantes para el cumplimiento de cobertura celular, ya que el documento remite indebidamente al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias”.