Texto actual no responde a las necesidades del país en dicha materia.
Costa Rica requiere con urgencia una nueva ley que verdaderamente permita conservar su patrimonio cultural, dado que cada vez las noticias son más alarmantes sobre la falta de controles adecuados para evitar atropellos como el sucedido recientemente con la casa de San Lorenzo de Flores.
Así lo aceptó Erick Chaves, presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, sección Costa Rica, (ICOMOS), Sandra Quirós, del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura, y Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
Para Chaves es necesario que el Ministro de Cultura, Manuel Obregón, se comprometa a impulsar una sólida política de Estado en materia de conservación del patrimonio, porque su destrucción es patente y preocupante.
En ese sentido, afirmó que la Ley  7555, promulgada en la Gaceta el 20 de octubre de 1995, está descontinuada y es imprescindible un nuevo texto.  El año pasado se impulsó una reforma a dicha ley, pero se quedó archivada. Una opción es retomarla en este nuevo período legislativo.En el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, apostarán por consensuar y presentar una nueva propuesta al parlamento, debido a la situación que se ha dado en los últimos  meses con el derribo de edificaciones de un gran valor. “La ley 7555 nació muerta por los mismos políticos que negociaron en aquel momento con ICOMOS. Esta ley no es eficaz, no está a la altura del patrimonio cultural ni de sus beneficios a la cultura del país. Además en los años recientes ha sido desmembrada de sus artículos más sobresalientes, dentro de las limitaciones que ya traía de nacimiento, a saber: cada declaratoria debe ser aprobada por el ministro de turno y después por el presidente de la República. A veces estos personajes no tienen la menor idea de qué se les está hablando o en el peor de los casos tienen intereses particulares para que el inmueble no sea declarado patrimonio”, afirmó Chaves.Añadió que en la ley “no se pudo incluir lo relacionado con los centros históricos. Necesita de una reforma profunda para que sea funcional, o al menos proactiva en beneficio del patrimonio cultura de  la nación”.Destacó además que para preservar y darle un oportuno mantenimiento a las edificaciones patrimoniales se requiere de un presupuesto acorde con las necesidades, lo que en la actualidad no ocurre. “Es muy difícil declarar y mantener los edificios protegidos, porque primero se necesita presupuesto para ello y recurso humano capacitado para hacerlo. Casos como el de la Casona,  la Casa de los Leones, la Plaza de la Democracia – en tiempos de Óscar Arias también – y algunas otras lamentables pérdidas como la Biblioteca Nacional, la casona de Santa Rosa a manos criminales,  evidencian  lo que sucede con el patrimonio”. El representante del ICOMOS expresó que si bien se da mucha preponderancia a lo natural, lo que está muy bien, no se debe dejar de lado el patrimonio cultural que incluye a las edificaciones de valor histórico y arquitectónico y aquellas expresiones culturales que caracterizan a los pueblos. “Costa Rica, país rico en cultura hacia la conservación de la naturaleza, trabaja lentamente por la conservación del patrimonio cultural y el patrimonio construido”. CUIDAR LAS RAÍCES
Olman Vargas del Colegio Federado aceptó que existe una gran preocupación por el derribo de inmuebles de un indudable valor histórico y arquitectónico como sucedió con la Casa de San Lorenzo de Flores, el pasado 26 de abril, construida en 1844. Debido a esa y otras situaciones, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos propondrá la creación de una comisión interna que pretende trabajar en conjunto con el Centro de Patrimonio y el ICOMOS, con el fin de redactar un texto que permita o una reforma profunda de la actual ley de patrimonio o que surja una propuesta totalmente nueva. El ingeniero expresó que el Gobierno debería asumir una posición más comprometida con todo lo concerniente a una política de conservación del patrimonio cultural y arquitectónico del país.Pasados 15 años de que la ley 7555 entró en vigencia, hoy está claro que tiene muchas falencias y que es urgente  un nuevo marco legal que permita conservar ese pasado arquitectónico y cultural que el país no puede destruir.“Tenemos que definir cuáles son las obras que cumplen con el concepto de patrimonio cultural, porque no se pueden declarar todas las edificaciones. También debemos dar las condiciones adecuadas para que haya un mantenimiento oportuno”, dijo Vargas.Un aspecto que resaltó es la necesidad que desde la primaria y la secundaria se prepare a los estudiantes y futuros ciudadanos para que tengan una conciencia de lo que significa y representa para las nuevas generaciones el legado del patrimonio cultural. Aquí, de nuevo, resulta insoslayable un compromiso del Estado que todavía no existe de forma integral, expresó. INCONVENIENTES
Uno de los mayores inconvenientes con los edificios patrimoniales es que sus dueños cuentan con pocos o nulos incentivos para su conservación, lo que en muchos casos les plantea problemas económicos.  De ahí que se opta por destruir el inmueble, a sabiendas de que las sanciones previstas en la ley tampoco son de consideración.Este es uno de los vacíos que se debe corregir en un nuevo texto, según Sandra Quirós. “Cuando el propietario de la edificación carecía de los recursos para darle un adecuado mantenimiento se suponía que el Ministerio de Cultura tendría que ayudar, pero esto no ha sido así, en la mayoría de los casos por falta de recursos”.Una de las formas de financiación era mediante la venta de estampillas por parte de CORTEL, pero esa iniciativa nació muerta, reconoció la directora del Centro de Patrimonio. Otro de los portillos que tampoco ha funcionado es que se preveía que los bancos estatales dispusieran de financiación más accesible para las personas que debían darle mantenimiento a inmuebles de un valor histórico y arquitectónico, pero esto en la práctica ha sido un fiasco. Quirós reconoció que existen muy pocos incentivos para que la persona que tiene un bien patrimonial trate de cuidarlo, y más bien, en muchos casos,  se buscan salidas ilegales para acabar con él, debido a los requerimientos y cuidados que conlleva.“El proyecto de los incentivos para lograr préstamos blandos no quedó bien redactado en la ley y se perdió en el camino.  Los bancos simplemente obviaron esa posibilidad”. Costa Rica cuenta con 400 edificaciones declaradas de valor patrimonial, pero para poder ser monitoreadas por parte de los funcionarios del Centro de Patrimonio se ha tardado cuatro años, debido a la escasez de personal, entre otras razones.El panorama del patrimonio cultural en el país tiene muchos cabos sueltos.  De acuerdo con lo afirmado por los expertos, hay un vacío legal de gran envergadura que bien podría dormir el sueño eterno de los justos en el convulsionado Congreso.