Critican que Poder Ejecutivo cercene áreas en zonas protegidas, mientras el patrimonio histórico de la isla se degrada de manera acelerada.
Los magistrados de la Sala Constitucional decidirán si el Poder Ejecutivo, por la vía de un decreto, puede cercenar una parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas para que sea administrada por la Municipalidad de Puntarenas en conjunto con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).
En sus manos, los jueces tienen tres acciones de inconstitucionalidad contra ese decreto, cuyos recurrentes estiman que viola entre otras normas el artículo 50 de la Constitución Política, el cual establece el derecho a “un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
Juan Figuerola, de la Asociación Bosques Nuestros, uno de los recurrentes, calificó el decreto como “engañoso”, pues  “25 hectáreas son segregadas, precisamente donde está el centro histórico, a cambio añaden 210 hectáreas en el mar y unos islotes, pero la legislación establece que sólo a través de una ley se le puede quitar territorio a un refugio de vida silvestre”.
Además de Figuerola, a nombre de Bosques Nuestros, también el exdiputado José Merino y el ciudadano Álvaro Ugalde plantearon acciones similares, las cuales se enfocan en que no se puede desmembrar un refugio de vida silvestre.
Así, el pasado 4 de junio dos magistrados y una magistrada de la Sala Constitucional realizaron una vista oficial a la isla, para conocer de primera mano el terreno que se cercenaría del Refugio Nacional de Vida Silvestre. Se trata de un sector que representa el 5,5% del territorio actual del área protegida y tutelada por el MINAET, que abarca desde el centro histórico hasta Playa Cocos y que atraviesa la isla de lado a lado en una zona estrecha.
En la gira participaron el Ministro de Turismo, Carlos Ricardo Benavides, y el de Cultura, Manuel Obregón, como instituciones firmantes del decreto, así como los recurrentes José María Villalta, diputado del Frente Amplio, y Ugalde.  Por su parte, el Ministro de Turismo, Carlos Ricardo Benavides, expresó que lo que busca el decreto es crear condiciones que faciliten la inversión en la restauración del patrimonio histórico y el desarrollo de servicios básicos: “nuestro interés fundamental es que esta área se pueda dedicar a la recreación basada en el patrimonio histórico, de manera que los costarricenses tengamos derecho a conocer lo que no conocemos”.
“RECTIFICACIÓN” DE LÍMITES
Desde 1874 hasta 1991, la Isla San Lucas funcionó como un centro penal para personas sentenciadas por diversos crímenes. Sin embargo,  muchas de sus historias son de gran crueldad, como atestigua la novela La Isla de los Hombres Solos, de José León Sánchez.
Desde 1974 la propiedad de la isla pasó a manos de la Municipalidad de Puntarenas; sin embargo, en el 2001 se constituyó como un Refugio Nacional de Vida Silvestre, con lo cual su administración pasó a manos del MINAET.
En febrero del 2008 se publicó en La Gaceta el decreto ejecutivo No. 34282, el cual fue firmado por el entonces presidente Óscar Arias; Carlos R. Benavides, como ministro de Turismo, y María Elena Carballo como Ministra de Cultura.
Hace exactamente un año, en junio del 2009, el Museo Nacional organizó una gira con varios periodistas, entre ellos UNIVERSIDAD, para dar a conocer unos importantes hallazgos arqueológicos hechos precisamente en Playa Cocos (Ver UNIVERSIDAD del 16 de junio del 2009). En esta nueva visita fue inevitable constatar el acelerado deterioro de los edificios históricos, sobre todo de la capilla.
También es evidente la recuperación silvestre de la isla, sobre todo para quienes la conocieron cuando dejó de funcionar como presidio.
El decreto citado ordena que se “rectifiquen” los límites de la porción de tierra insular, excluyendo el área ya mencionada, como también en la porción de mar frente a la Playa Cocos. Para ello adiciona al Refugio un área marítima que incluye varios islotes donde anidan aves.
En la visita del 4 de junio, estuvieron los magistrados Ernesto Jinesta, Fernando Castillo y la magistrada suplente Aracelly Pacheco, quien antes de empezar el recorrido por la isla manifestó a UNIVERSIDAD que la necesidad de visitar la isla radica en que “es muy importante ver en el propio sitio las pretensiones que existen y confrontarlas con los documentos, para formarse mejor criterio para tomar la decisión.  Nuestro criterio de derecho se debe amparar en criterios técnicos”.
“UNA ABERRACIÓN”    Figuerola se preocupó por las implicaciones que podría tener el decreto, al ponerse en marcha un modelo diferente de administración. “El atractivo turístico de la isla es precisamente lo que queda del antiguo penal y la restauración de los edificios es responsabilidad del Estado a través del MCJ, pero temo que con este decreto buscarán construir donde se pueda y aducir que restaurarán los edificios.
Así, queda la mesa servida para montar negocios turísticos”, manifestó  Al respecto, Benavides señaló que el decreto obedece a la necesidad de “poder hacer inversión en la parte patrimonial histórica y en el desarrollo de servicios básicos”.
Se le insistió al funcionario por qué son necesarias las modificaciones que introduce el decreto para hacer una inversión que podría realizarse desde el Centro Patrimonio del MCJ,  a lo cual respondió: “Me parece muy difícil, me remito a las pruebas: el estado de deterioro en que el MINAET tiene esto. Hace un año algunas casas del barrio Las Jachas estaban en pie, el muelle tenía baranda y la pulpería se derrumbó”.
Benavides señaló que si llega a ejecutarse el decreto, el área que se le quita al Refugio será administrada en conjunto por el ICT, el MINAET, el MCJ y la Municipalidad de Puntarenas, al tiempo que destacó que el ICT ya presupuestó ¢120 millones para la restauración de la capilla.
También se le planteó al jerarca que quienes se oponen al decreto señalan que la posibilidad de reducir áreas protegidas vía decreto podría ser un mal precedente que a futuro sea un portillo para la corrupción.
A ello respondió que como funcionario público: “no puedo vivir de prejuicios, es vital la recuperación histórica de este sitio y brindar un espacio de facilidades básicas de turismo para que la gente desee visitarlo”.
El Ministro insistió en que: “no pretendemos que exista un desarrollo hotelero, de canchas deportivas o cabinas, de lo que se trata es de conservar esto, con espacio para el arte y en Playa Cocos, que la gente encuentre facilidades como duchas, sanitarios y algún restaurante”.
Por otra parte, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, quien acudió para dar continuidad a la acción de inconstitucionalidad presentada por Merino, calificó el decreto como una “aberración, una violación a normas básicas de la legislación ambiental, ya que por un simple decreto no se puede desmantelar un área silvestre protegida como es la Isla San Lucas”.
El legislador enfatizó que “eso es lo que busca el decreto, le arranca un pedazo al refugio de vida silvestre para dárselo a la Municipalidad de Puntarenas y al ICT para que hagan negocios, violando los principios más básicos de nuestra legislación ambiental”.
Durante el recorrido, Villalta observó que en la zona que se le pretende cercenar al Refugio figura bosque recuperado.
Por su parte, el recurrente Álvaro Ugalde, quien trabajó en el MINAET y estuvo detrás de la creación de muchos parques nacionales, manifestó a los magistrados que “si bien decimos que las áreas son protegidas a perpetuidad, al segregar una zona como ésta, se abre la puerta para que se hagan segregaciones en todo el país”.
Por su parte, Benavides insistió en que no se pretenden grandes obras de infraestructura, solamente “servicios básicos” y lamentó que “las autoridades del MINAET siempre se opusieron a establecer servicios”.
La segunda parte del recorrido se centró en la zona marítima que sería añadida al Refugio. UNIVERSIDAD no pudo escuchar los alegatos, pues magistrados y recurrentes viajaron de forma oficial en cuatro lanchas del guardacostas.
Villalta luego dijo que Benavides: “nos llevó a ver un islote donde anidan unas aves y ni siquiera fue capaz de decirnos cuáles son las especies, trató de venderles a las personas de la Sala la idea de que para proteger esos islotes es necesario mutilar la protección del área terrestre de la isla, lo cual es falso”.

Dudan de que decreto sea necesario
En la gira también estuvieron presentes Manuel Obregón, jerarca del Ministerio de Cultura, y Sandra Quirós, directora del Centro Patrimonio de esa cartera.
Quirós informó que desde hace un año su dependencia trabaja con el ICT en los planes de restauración del conjunto arquitectónico. Señaló que la posición que el Ministro le autoriza a manifestar es que “el decreto es innecesario, pues de acuerdo con todo lo que estamos viendo y haciendo, podemos trabajar sin necesidad de él. Más bien es un problema porque nos divide en el nivel institucional a quienes debemos trabajar juntos”.
Esa posición fue confirmada por el mismo Obregón, quien recalcó lo innecesario del decreto.
“El objetivo es lograr una alianza entre todas las partes, el interés de todos es similar: brindar un acceso cómodo a la isla con protección al ambiente. La posición de este Gobierno, en lo que a Cultura se refiere, podría diferir un poco de lo que fue cuando se firmó este decreto en el gobierno anterior”.