La Sala I de la Corte Suprema de Justicia ratificó el pasado 9 de junio la condena contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que tuvo lugar en agosto del 2009, en razón de que dos de sus empleados se enfermaron de esclerosis múltiple, tras ser vacunados con el medicamento Fluzone contra el virus de la influenza.
La Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda condenó el 7 de agosto del año pasado a la Caja, al pago de indemnizaciones por ¢50 millones y ¢75 millones, a favor de Giovanni Barquero Gutiérrez y Marta Patricia Segura Abarca –respectivamente-, quienes a raíz contraer este mal, debieron acogerse a una incapacidad permanente.
La CCSS presentó un recurso de casación contra dicho fallo, el cual fue declarado sin lugar por la Sala Primera, la cual además le cargó las costas del juicio. Se espera que el texto de esta resolución esté listo para la siguiente semana.
Cabe recordar que Giovanni, de 35 años, y Marta Patricia, de 45, fueron vacunados en el 2006 en Cartago, como parte de una campaña preventiva de la Caja contra la gripe aviar.
A las pocas horas de ser inoculados con esa vacuna, comenzaron con problemas de salud que se fueron agravando, hasta el punto de que debieron ser incapacitados con frecuencia en sus trabajos (véase “Demandan a la CCSS por vacuna que provocó esclerosis múltiple”, en UNIVERSIDAD del 8 de julio del 2009).
Cabe indicar que la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa, causada por el daño que sufre la mielina, que es una cubierta protectora que rodea las neuronas.
Cuando este recubrimiento de los nervios se daña, los impulsos nerviosos que mueven el cuerpo disminuyen o se detienen.
Vértigo, dolor de cabeza, problemas de equilibrio, debilidad corporal, temblor de manos, incontinencia urinaria, dificultades visuales y problemas musculares, son algunos de los padecimientos que ocasiona este mal.
En vista de que los medicamentos en general –y en especial las vacunas contra la influenza- contienen sustancias que pueden provocar enfermedades  neurológicas, “es un deber y una obligación de la administración encargada, velar por la vida y la salud de los administrados.
Esta omisión de investigar engendra responsabilidad. Y si se investigó y no se actuó en consecuencia, la responsabilidad es mayor”, alegó durante el juicio del 2009 Jorge Bermúdez Hidalgo, abogado de Barquero y Segura.
Aparte de las indemnizaciones para ellos, el tribunal contencioso había ordenado que se les pagara la respectiva pensión por invalidez.