La funestas consecuencias de lo recién ocurrido en el Instituto Tecnológico (ITCR) son harto conocidas, no así sus causas: problemática interna propia de las relaciones de poder en una universidad pública con un amplio espectro sociopolítico, extrapolada por el asedio externo debido a la posición asumida, no solamente por nuestro rector, sino por la amplia mayoría del ITCR respecto del TLC y la contrarreforma neoliberal liderada por los hermanos Arias.
Lo anterior indujo al acople de los favorecedores internos del TLC y de la contrarreforma neoliberal con los grupos hegemónicos (transnacionales) molestos con el accionar de la institución.
 Resultado: una larga campaña de desprestigio orquestada desde diversos medios bajo la excusa de la participación político-electoral del señor Eugenio Trejos, rector de la institución, la cual desemboca en el allanamiento desproporcionado por parte del OIJ para intimidar y desacreditar al TEC, y el inmediato, por qué no, incluso programado, despliegue mediático de la prensa comercial en momentos de contraofensiva de la universidad privada y del inminente recorte del FEES ante la negativa del anterior y del actual gobierno a negociarlo. (Anótese que la acción policial, en otras circunstancias, había sido ensayada en la Universidad de Costa Rica semanas atrás).  A la cola de toda esa trama, misma que presagia un país más controlado por la represión policial y la judicialización de la resistencia social, se atisban, en clara discordancia, dos diseños o modelos universitarios que obedecen a proyectos de nación según los diversos intereses económicos de los grupos hegemónicos/transnacionales o de los grupos medios y subalternos de nuestro país: la universidad-empresa tal y como nos la recetan, o la universidad pública tal y como la hemos conocido. Algunos colegas bien intencionados pretenden un equilibrio entre ambas posiciones. Lo que sucede es que el equilibrio, en estos casos, lamentablemente no existe: o tenemos una verdadera universidad tecnológica pública o acometemos una empresa universitaria, que son dos cosas muy diferentes.   Independientemente de los ataques personales, la mayoría de ellos desproporcionados y sin evidencias, y la extraña conducta de un “anónimo” que denuncia a su propia universidad sin atreverse a la discusión ponderada a través de los órganos universitarios pertinentes, de un auditor que no entiende aún qué es una universidad pública y su autonomía, y de una miembro del Consejo Institucional que aprovecha su condición para desharrapar horriblemente en la prensa comercial ladrando contra sus propios electores, lo oportuno para la oscura y trágica coyuntura que atravesamos  es que pudiésemos, de manera ponderada y justa, establecer un diálogo sobre estas dos dimensiones de cara al ITCR que queremos para el futuro: ¿Una universidad identificada con la problemática nacional o internacional o una productora de mano de obra para la maquila y la empresa transnacional? Lo anterior es extensivo  a las demás universidades públicas. No hay duda de que el modelo neoliberal/transnacional precisa de su reconversión para sostener sus ambiciosos objetivos económico/políticos y para favorecer a la universidad mercantil. Por esa razón la lucha por un TEC democrático, inclusivo, autónomo, solidario e identificado con la problemática nacional e internacional en todas sus esferas, especialmente con los sectores más golpeados por la contrarreforma neoliberal, es la lucha de todos los universitarios y costarricenses conscientes del avance científico/tecnológico y sociocultural alcanzado por nuestra sociedad gracias al compromiso sostenido de la educación superior pública. En definitiva, la defensa de la universidad pública implica la defensa de los más profundos valores costarricenses de cara a las luchas históricas de un pueblo que demandaba una sociedad más armónica y con mayor justicia social. Esa búsqueda no ha terminado. Hoy más que nunca, como en muchas coyunturas del pasado, y ante un adversario formidable por su carácter colonial/moderno/globalizador, las universidades estatales y la sociedad costarricense enfrentan nuevos desafíos.