En el 2004, el entonces Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y expresidente de Costa Rica, ante fuertes cuestionamientos de corrupción en su gestión presidencial, decidió abandonar su cargo y regresar al país para someterse a los procesos judiciales del caso. No buscó escudo en otro país ni latinoamericano ni europeo.
Apenas había llegado al Aeropuerto Juan Santamaría cuando los oficiales de seguridad estaban preparados, como en un guión dramático, para esposarlo, “montarlo a la perrera” y con la participación de varios medios de comunicación, mostrarle al país la gran hazaña de capturar a quien vino a entregarse. De inmediato las cámaras, las luces y las sirenas  concentraban la atención de un país que nunca antes había vivido tal situación.
    El 12 de abril de 2010, el Organismo de Investigación Judicial se da a la tarea de capturar a un oficial de la Universidad de Costa Rica que se supone ha cobrado “una mordida” de veinte mil  colones a un chofer de un vehículo ubicado en los alrededores de esta Institución. Cuando el citado oficial encuentra que su principal salida en ese momento es ingresar al campus, el Organismo de Investigación Judicial, sin ninguna coordinación con las autoridades universitarias, viola la autonomía universitaria y en un acto inmediato, casi fantástico y mágico, un contingente de alrededor de sesenta oficiales de seguridad invaden el campus y provocan golpes, heridas, empujones, lesiones, ataques, atropellos y violaciones a los derechos humanos. Con la misma celeridad o simultaneidad, llegan varios medios de comunicación y dan la “máxima cobertura” para informar al país de un modo espectacular, un hecho insólito que jamás  en los setenta años de historia de la Universidad de Costa Rica se había presentado. En las casas, en las calles, en los autobuses… el país observa y comenta el gran esfuerzo de las autoridades policiales para apresar al “cobrador de la mordida”.    El 8 de mayo de 2010 en el acto de “continuidad de poderes”, en el que la señora Laura Chinchilla, asumió la presidencia del país, un policía montado en su caballo, casi volando, como en una película, arremete “con heroísmo” contra un manifestante que protesta contra las últimas políticas gubernamentales. Éste último corre y trata de protegerse al otro lado de un eucalipto, sin embargo es golpeado brutalmente. Entre tanto, varios policías trabajando en equipo dan con un joven al que casi ahorcan con sus brazos mientras tiran de su cabello. Cabe preguntarnos si era necesario llegar a tal extremo y sobre cómo las autoridades judiciales de este país deben atender la protesta social.      Los tres hechos anteriores nos permiten reflexionar sobre la importancia de la aplicación de la justicia, pero especialmente, en relación con el modo de hacerlo. Somos conscientes de que la ley debe cumplirse cuando efectivamente corresponda, pero ¿será necesaria la forma espectacular observada en los tres casos citados, a  lo cual algunos medios de comunicación han contribuido?  ¿O será acaso que los cuerpos policiales y quienes los han dirigido buscan una reafirmación particular en la que el pueblo les otorgue, de una vez por todas, la categoría de garantes del orden social?  Preocupa, además, que la forma como se han transmitido estos hechos pueda haber producido diferentes efectos emotivos e ideológicos que hayan limitado la capacidad de analizar, relacionar y tomar una posición crítica ante ellos.      Específicamente en relación con los sucesos del 8 de mayo de 2010,  los grupos afectados interpusieron la respectiva denuncia y con un criterio afortunado y justo, la Sala Constitucional en el fallo 2010-9332, señaló que la Policía usó, esa fecha, fuerza desmedida y ordenó al Ministerio de Seguridad Pública evitar que este tipo de hechos se repitan. Los  y las costarricenses aplaudimos este tipo de resoluciones porque no menoscaban la aplicación estricta de la ley y propician la búsqueda de la justicia y la paz social. Este fallo alienta las expectativas de la búsqueda de las formas más idóneas de lograr la seguridad ciudadana, tarea en la que la Universidad de Costa Rica, sustentándose en sus programas y proyectos podría realizar significativos aportes.