UNDECA interpuso un recurso donde señala que las autoridades no han mostrado interés alguno por cobrar la deuda.
Una deuda de casi ¢300.000 millones del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) crece sin parar desde el 2000, sin que a las tres últimas administraciones les interese pagarla.
Este es el reclamo que realiza la Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (UNDECA), la cual presentó un recurso de amparo el 1 de junio ante la Sala Constitucional, para obligar a las autoridades a tomar cartas en el asunto.
El secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, se quejó de que la Sala Constitucional aun no ha resuelto el recurso de amparo planteado en agosto del 2009.
ORIGEN
El dirigente explicó que esta deuda tiene como origen la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador en el 2000, durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez. “En ese momento se realizó un proceso de concertación nacional con diversos sectores,  en la que se vieron alternativas para garantizar la estabilidad económica del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)”, afirmó.Con la Ley de Protección al Trabajador, se estableció que las empresas del Estado y los bancos debían entregar hasta un 15% de sus utilidades anualmente a la CCSS, hecho que nunca ha ocurrido.Entre las empresas que deberían aportar este dinero se encuentran la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y los bancos estatales.Para la aplicación efectiva de esta norma, era necesario que el Ministerio de Trabajo emitiera un reglamento en el que se regulara este traspaso de dinero, situación que en 10 años nunca se dio.“Terminó la administración de Miguel Ángel Rodríguez, pasó la de Abel Pacheco y Oscar Arias, y llegó Laura Chichilla, pero a nadie le ha interesado elaborar el reglamento, y así se han pasado 10 años”, declaró Chavarría.Con estudios actuariales que realizó la misma CCSS, UNDECA ha determinado que lo que no ha recibido hasta el momento el IVM ronda los ¢300.000 millones, casi la mitad del total de deudas que tienen entidades públicas y privadas con la institución.“Esto nos parece sumamente relevante, sobre todo en momentos cuando se está poniendo en entredicho la estabilidad del régimen de seguridad social; estamos seguros que esos ¢300.000 millones colaborarían mucho”, comentó.De acuerdo con Chavarría, uno de los problemas con la ley es que se estableció que el aporte debería ser de “hasta” 15%, por lo que se puede interpretar que el no aporte es una posibilidad; lo que hace necesario contar con el reglamento.
RECURSO SIN RESOLVER
El pasado 1 de junio UNDECA presentó un nuevo recurso a la Sala Constitucional, para recordarles el recurso pendiente desde el 2009.Según explicó Chavarría, la Sala se había pronunciado sobre este tema desde el 2006, e inclusive, la CCSS habría realizado los estudios actuariales para determinar el monto, que para ese momento rondaba los ¢200.000 millones.“Sabemos que el ministro de Trabajo del gobierno anterior, Francisco Morales, conoció el tema y lo llevó a Consejo de Gobierno, pero no les interesó, y prefirieron dejarlo ahí”, recordó.Lo que más molesta a UNDECA es que hubo otro recurso de amparo presentado por el ciudadano Roberto Mora, en octubre del 2009, cuyo contenido es similar al planteado por la organización gremial.“El recurso de Roberto Mora ya lo resolvieron, mientras que el nuestro, que se presentó antes, todavía no tiene respuesta”, aclaró.El planteado por Mora fue resuelto el pasado 5 de marzo, y en él nuevamente se ordena a la CCSS a entregar los estudios actuariales necesarios al entonces presidente de la República, para que el Gobierno emita el reglamento correspondiente y se proceda al pago de esta deuda.Sin embargo, UNDECA denuncia que aún no se ha cumplido lo que ordenó la Sala y siguen a la espera de que su recurso también sea resuelto favorablemente, para que se obligue al Gobierno a tomar acciones.“El Ministerio de Trabajo es el gran responsable de todo esto, y hasta el momento no hemos visto voluntad para arreglarlo. La situación también se la planteamos a la nueva presidenta ejecutiva de la Caja”, detalló.Chavarría indicó que UNDECA tiene el “deber moral” de denunciar esta situación, pues con esta deuda se afecta sobre todo a las personas de escasos recursos y a quienes se benefician del régimen no contributivo.
NO SE RECUPERA
Para el actuario y profesor de matemática de la Universidad de Costa Rica, Rodrigo Arias López, la cifra que se adeuda a la CCSS por este concepto es muy importante; aunque solo alcanzaría para pagar menos de un año de gastos en pensiones y administración del IVM. Este último tuvo erogaciones por ¢384.157 millones en el 2009.“La CCSS no va a recuperar nada de eso, ya que las autoridades de la CCSS en contubernio con el Gobierno lo tienen todo amarrado para que no pague. Si se revisa el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador dice que el Gobierno pagará lo que la CCSS le diga según estudios actuariales, pero lo cierto es que el Poder Ejecutivo se escudará en que nunca ha recibido esa solicitud de parte de la CCSS”, afirmó Arias.En su criterio el año anterior el Estado nuevamente amplió sus deudas con la CCSS al dejar de pagar más de ¢10.000 millones por concepto de cuotas patronales y la cuota del Estado como tal. “Además, observemos que en 2009 las cuotas efectivas no alcanzaron para pagar los gastos, faltaron ¢28 mil millones”, indicó Arias.El actuario criticó también que para el 2009 la CCSS aumentó el porcentaje de títulos del IVM que prestó al Gobierno, al pasar del 70%-80% de años anteriores, a un 93%; lo que supera el billón de colones. 
SIN RESPUESTA
UNIVERSIDAD quiso conocer la opinión de la Ministra de Trabajo, Sandra Piszk, sobre este tema. Se realizaron las gestiones con el asesor de prensa del Ministerio de Trabajo, quien aseguró que para el lunes 19 se tendría una respuesta, ya fuera por parte de la ministra o del viceministro.Sin embargo, al cierre de edición no se recibió la respuesta indicada.De igual manera se envió un correo electrónico con consultas a la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, Ileana Balmaceda, quien al cierre de edición tampoco respondió.