El presidente Ricardo Martinelli enfrenta resistencia a sus intentos de debilitar las organizaciones sindicales en el país. Las protestas ya dejaron muertos y heridos.
Con dos muertos y más de un centenar de heridos se saldaron las jornadas de protesta en Panamá, la semana pasada, contra las medidas con las que el gobierno de Ricardo Martinelli pretende hacer avanzar su proyecto conservador.
Se trata de dos leyes –la “30” y la del “Carcelazo”– que provocaron las protestas de sectores sindicales y de una coalición política. Todo ello estalló en manifestaciones de trabajadores bananeros en la importante zona turística, fronteriza con Costa Rica, de Bocas del Toro.
Ya el pasado 1 de mayo los trabajadores habían manifestado su rechazo a lo que llaman “Ley Carcelazo”, que contempla penas de prisión para quienes cierren calles en protestas.
Ahora, durante casi dos semanas, los peones bananeros se enfrentaron a la policía en Changuinola, lo que obligó al gobernador Bonifacio Ábrego, a decretar el toque de queda en la zona.
Omar Becker, líder sindical de la bananera Bocas Fruit Company, exigió que el presidente Martinelli fuera a Changuinola a negociar con el personal la derogatoria de la «Ley 30», que permite suspender los contratos de las personas en huelga, contratar a nuevos trabajadores en esos casos y utilizar a la policía para garantizar la protección de la empresa. La ley elimina también la obligatoriedad de la cuota sindical que era descontada directamente por las empresas del salario del personal, una medida que busca debilitar a esas organizaciones.
Tramitada de urgencia, como una modificación a la legislación sobre aviación comercial, la ley incluye cambios en los códigos Penal, de Justicia y Laboral y en otras seis leyes, incluida la Ley Orgánica de la Policía, que ahora puede ser utilizada para “proteger” las empresas y garantizar su “operatividad”.
El Ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu aseguró que no se puede derogar la Ley 30, pero sí están dispuestos a discutir algunos aspectos de la norma.
Para aplacar la protesta, el Gobierno emitió un decreto sobre el descuento de la cuota sindical y creó una mesa de diálogo para la revisión de los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 30. El Decreto Ejecutivo No. 193, de 9 de julio, establece que pese a la entrada en vigencia de esa ley, los empleadores siguen obligados a descontar del salario del personal la cuota sindical respectiva. “No obstante, en aquellos casos en que las personas expresen por escrito al empleador su voluntad de dejar sin efecto el descuento directo de su salario de la cuota sindical, el empleador queda obligado de forma inmediata a suspenderlo”, señala la norma.
La mesa de diálogo estará integrada por representantes del ejecutivo, sacerdotes, dirigentes sindicales y de la empresa privada, así como de las bancadas políticas en el Congreso.
Sin embargo, todo el movimiento sindical ha dicho con claridad que, si bien este es un logro, no les satisface. Su demanda sigue siendo la derogación completa de la “Ley Chorizo”, como también llaman a la Ley 30, cuyos efectos no son solo antisindicales.  También contiene aspectos que afectan a las regulaciones ambientales y a los derechos humanos, como la impunidad que se pretende establecer hacia los elementos de la policía y “cuyos primeros efectos se han visto en las salvajes acometidas contra la población bocatoreña”, aseguran.
El dirigente indígena Samuel Quintero reiteró también la exigencia de que se suspendan los efectos de la Ley 30 en su totalidad, y que se reabra la discusión en la Asamblea Nacional sobre diferentes aspectos de la ley.“Hemos querido evitar una masacre y le hemos dado una tregua de 90 días al Gobierno”, dijo, por su parte, el sindicalista Ricardo Ábrego.
Pese al acuerdo, el pasado martes 13 se llevó a cabo una huelga nacional de 24 horas en Panamá que, según el dirigente magisterial Mario Almanza, “cumplió todos los objetivos, especialmente en el sector docente, la industria de la construcción y fábricas”.
PROMESAS PRESIDENCIALES
Martinelli asumió la presidencia de Panamá el 1 de julio del año pasado. Al asumir el cargo aseguró que “como presidente, haré todo lo que esté a mi alcance para avanzar en los ideales de una economía libre, desafiando el péndulo ideológico distinto que hay en Latinoamérica».
El mandatario es dueño de una cadena de 35 supermercados, con inversiones en la industria de alimentos, la banca y el comercio importador. Es presidente de Importadora Ricamar, de la junta directiva de la Central Azucarera La Victoria, de la empresa ERA y de la fábrica de plásticos Plastigol. Es director de empresas como Gold Mills de Panamá, Global Bank, Panasal S.A., Televisora Nacional de Panamá, Direct TV, Desarrollo Norte S.A. el Molino de Oro, AVIPAC y Calox Panameña, entre otras.
Fue ministro del Canal de Panamá y presidente de la Junta Directiva de Autoridad del Canal de Panamá (1989-2003) en el gobierno de Mireya Moscoso, y director de la Caja de Seguro Social (CSS) (1994-1996), en el de Ernesto Pérez Balladares, del PRD.
Entre sus promesas más importantes, recordó el académico panameño Marco Gandásegui, figura la de “poner fin a la creciente violencia y presencia del crimen organizado. También planteó que acabaría con la corrupción y la falta de transparencia en el manejo de la cosa pública. Colocó entre sus prioridades sanear la economía de la familia panameña que se empobrece cada vez más”.
También “prometió crear un eje político regional de la derecha política para combatir a los gobiernos que se identificaban con agendas progresistas. Señaló que abriría las puertas del país a toda clase de inversiones, sin importar sus consecuencias para el ambiente o la integridad del país”.
Sin embargo, en su primer año de gobierno Panamá ha sufrido “un crecimiento constante de la tasa de criminalidad, la agudización de las tasas de homicidio y actos delictivos en las comunidades del país y un aumento del tráfico de drogas y de la trata de blancas”, aseguró.
“El gobierno de Martinelli pretende imponer un modelo económico como el de Singapur, donde los trabajadores carezcan de los más elementales derechos democráticos, sindicales y hasta de manifestarse públicamente. La democracia panameña está en peligro”, afirmó el Comité Ejecutivo del Partido Alternativa Popular, de oposición.
Por su parte, el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), derrotado por Martinelli en las pasadas elecciones, también emitió, hace seis meses, un documento criticando a su Gobierno, al que calificó que “grave amenaza” para la democracia. “Lo que hace unos meses denunciábamos como una situación preocupante, ahora a casi seis meses de instalado en el poder, podemos decir que es una realidad, estamos en la antesala de un régimen dictatorial fascista. La tenue línea que separa la administración de los poderes públicos, sobre los que debe sustentarse una república democrática no existe.  El señor Martinelli controla no sólo las decisiones del Órgano Ejecutivo, cargo para el cual fue electo,  sino también las decisiones de los otros órganos del Estado”, aseguró el PRD.
Martinelli se defiende asegurando haber combatido la corrupción, haber aumentado los impuestos a las grandes empresas, a los bancos y  que ha perseguido la evasión fiscal.
En una entrevista publicada en el diario Nuevo Herald de Miami, afirma que mantuvo los artículos de primera necesidad “fuera del impuesto al consumo, que pasó del 5 % al 7%, y para la educación” ; se “aumentó el salario mínimo y estableció una pensión de $100 para todos los mayores de 70 años”, entre otras medidas de su gobierno.