Sectores desconfían que nueva propuesta del PLN busque enterrar la protección del agua.
La bancada oficialista buscaba al cierre de esta edición una salida a un nuevo embrollo surgido en la Asamblea Legislativa, tras su decisión de retirarle la semana pasada su apoyo a la reforma para elevar a rango constitucional la protección del agua como bien de dominio público, que no pueda salir de manos del Estado.
Inesperadamente, cuando estaba a punto de ser votada la reforma al artículo 121 de la Constitución Política, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) le retiró su apoyo al proyecto el martes de la semana pasada, aduciendo que abogados consultados habían advertido que de aprobarse la enmienda tal como estaba existe el riesgo de que las concesiones deban ser otorgadas por la Asamblea Legislativa, lo que podría dificultar proyectos turísticos e hidroeléctricos.
A este argumento, Viviana Martín, jefa de fracción, añadió además que de todas maneras el agua ya está protegida en diferentes leyes y por resoluciones de la Sala Constitucional, por lo que la reforma sería innecesaria.  Con esas mismas alegaciones, el Movimiento Libertario ha bloqueado durante más de cuatro años la aprobación de la reforma por el Poder Legislativo.
Tras el revuelo que causaron con el abrupto cambio de criterio, los oficialistas matizaron al día siguiente su posición, afirmando que apuestan por elevar al rango constitucional la protección del agua, pero no por vía de reforma del 121, sino del 50, declarando el acceso al agua como un derecho humano, como propuso el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, como una opción en caso de que la propuesta original fuera enterrada.
La iniciativa generó cierta confusión entre las bancadas frente a la nueva propuesta de reforma, ante la desconfianza de los opositores de que se trate de una maniobra del oficialismo para abortar la reforma mediante su reemplazo por una nueva iniciativa que habría que empezar a discutir por tiempo indefinido.
Juan Carlos Mendoza, jefe de bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC) se mostró cauteloso con el procedimiento de introducir el cambio en el proyecto original, porque dijo que los enemigos de la reforma podrían alegar que el procedimiento está viciado y traérsela abajo.
Algunos opositores atribuyeron el cambio de posición del oficialismo a un acuerdo con el ML, cosa que negaron tajantemente Danilo Cubero, jefe de los libertarios, y diputados liberacionistas como Víctor Hugo Víquez y Alfonso Pérez.
Víquez aseguró que la posición de los diputados del PLN es elevar a rango constitucional el tema del agua y en eso no hay discusión, solo que hay recomendaciones de abogados constitucionalistas de que no se haga vía artículo 121.Dijo, eso sí, que a él y a varios diputados liberacionistas no les gusta que se deseche el proyecto que iba, el cual estaba a punto de ser votado, y que se empiece un nuevo proceso; “por eso estamos trabajando en un texto para adicionar a lo que ya viene discutiéndose en la Asamblea Legislativa.”
Para el Partido Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Accesibilidad sin Exclusión (PASE)  y el Frente Amplio existe el riesgo de que sin la protección constitucional el agua sea privatizada en el futuro mediante una ley o un tratado internacional;  de ahí el interés en pasar la reforma.
El retiro del apoyo del PLN a la modificación del artículo 121 causó preocupación entre organizaciones defensoras del agua que han estado acudiendo a la Asamblea Legislativa los miércoles, día en que discute el tema, y que anunciaron una intensificaron de acciones para lograr su aprobación. La decisión causó inquietud incluso entre los liberacionistas; algunos han escrito en la prensa y en Internet recordando que la propuesta de elevar a rango constitucional la protección del agua es uno de los acuerdos del último congreso ideológico de la agrupación. Un grupo incluso anunció que van a proponer que la próxima reunión de la  Asamblea Nacional del  PLN acuerde exigirles a los diputados aprobar la reforma.
La exdiputada liberacionista Maureen Ballestero, quien en la Asamblea Legislativa anterior defendió la propuesta de reforma constitucional, advirtió que hay una confusión de los diputados, porque la reforma del artículo 121 se refiere a la titularidad del agua, cosa distinta al tema de los derechos que trata el artículo 50.
“Me parece  maravilloso que ahora se plantee declarar el agua como derecho humano; pero una cosa no tiene que ver con otra, eso es confundir la gimnasia con la magnesia”, dijo Ballestero consultada por UNIVERSIDAD.
Consideró un error desechar el anterior proyecto y arrancar con uno nuevo que tardaría “diez años” en aprobarse. “Si quieren la nueva reforma perfecto, pero eso no quita la otra”, recalcó.
Comentó que en la legislatura anterior 52 de los 57 diputados apoyaban la reforma, es decir, todos menos los libertarios. “Oponerse a la reforma constitucional e incluso a la reforma de la ley de agua ha sido una bandera libertaria, y me parece que ahora a algunos los asustaron con la chaqueta del muerto e hicieron una confusión que no hay por donde.”
Consideró que el temor que tienen algunos de que la reforma al 121 complique las concesiones de agua no se justifica, porque ello no impide que las personas puedan hacer uso del agua. En el país existe una legislación muy sólida, que data desde hace 123 años,  que define el sistema de concesiones. El Estado permite que las personas privadas o el mismo Estado como es el AyA o el ICE usen el agua a través de la figura de la concesión o de la figura del aprovechamiento, igual que no se han impedido las concesiones en el caso de otros bienes demaniales incluidos en el 121.
“Ese es el fondo de la reforma y es lo que tiene que pelearse. Lo otro es ganancia. Si usted quiere declarar además que el acceso al agua es un derecho humano, pues genial, es un paso más. Pero una cosa no tiene que ver con otra, porque además si privatizamos las aguas el acceso es imposible prácticamente”, aseguró.
Ballestero comentó que actualmente la condición de titularidad pública de las aguas públicas se tiene por ley,  pero una ley se puede cambiar más fácilmente que la Constitución, y en el futuro una ley podría privatizar las aguas, como ya ocurrió hasta el año 82. De ahí el interés de que la protección quedara en la Carta Magna.
MANIOBRA
El abogado Jorge Mora Portuguez, de la Red Centroamericana del Agua (FANCA siglas en inglés), advirtió que la propuesta de introducir una nueva reforma vía  artículo 50 es una maniobra  de los legisladores oficialistas para sacar la discusión del tema ahora y volver a empezar el proceso.
Aseguró que “es un entierro diplomático que intentan darle a la reforma, haciéndole creer a la gente que ellos están a favor de darle protección constitucional al agua, cuando lo que están haciendo es una traición incluso a su propio partido, porque fue Joyce Zürcher, cuando fue diputada, la que presentó la primera propuesta para reformar el 121 inciso 14. Incluso el congreso ideológico Daniel Oduber dice expresamente que ellos están por elevar a rango constitucional el dominio público del agua, y es que es la única defensa que tenemos de lo que ellos mismos han hecho.”
Como ellos mismos vienen promoviendo los Tratados de Libre Comercio, y éstos están por encima de la ley,  entonces la mejor forma de defender el carácter público del agua es ponerlo en la Constitución, que está por encima de los tratados, recalcó Mora.
Gabriela Cuadro, del Centro de derecho ambiental y recursos naturales (CEDARENA), dijo que la reforma constitucional a favor del agua ha contado con el apoyo de todas las fracciones, menos del ML, “y el primer vicepresidente Alfio Piva nos dice que tienen mucho interés en la reforma, pero después resulta que Liberación echa para atrás y este cambio nos preocupa”.Dijo que lo ideal es que apruebe la propuesta original, pero si ya no van a dejar que pase, que por lo menos haya una segunda opción con la reforma al artículo 50,  aunque realmente esperaban que la enmienda constitucional se aprobara de una vez y no empezar un proceso nuevo.
El politólogo Francisco Barahona comparó este episodio en torno a la reforma constitucional con lo que ocurrió con el fallido aumento salarial de los diputados, hace dos meses, que ante el rechazo popular a la medida, Liberación Nacional tuvo que dar marcha atrás, situación que atribuyó a los “devaneos ideológicos” de la agrupación oficialista.
“Es un Liberación que no se da cuenta de cuál es el sentimiento de la mayoría de la gente, y entonces se lanza sin ninguna prueba de tanteo frente a la opinión pública y solo de acuerdo con un liderazgo  de poca profundidad que los Arias han ejercido en el partido. Y todos sabemos que los Arias tienen intereses en cuestiones relacionadas con el agua”, observó Barahona.
Entonces frente a una reacción bastante rápida de la oposición y de mucha gente pensante en este país, pues no tienen más remedio que izar un poco las velas y tratar de regresar por los fueros de cierto contenido ideológico que siempre ha tenido Liberación Nacional, dijo Barahona en alusión a la nueva propuesta de reforma anunciada por la bancada oficialista.
No obstante, dijo, la gran duda es si se trata de  una declaración para tranquilizar conciencias y en el fondo es para posponer la reforma para siempre. “El problema de Liberación es que es un náufrago de principios ideológicos. Entonces esa especie de nuevas adopciones que tienen que ver con el arismo y los cambios que éste provocó dentro de Liberación hay que tomarlos en consideración”, apuntó el analista.

Denuncian persecución en SENARA
La ASES (Asociación de Empleados del Servicio Nacional de Aguas subterráneas, Riego y Avenamiento –SENARA) denunció ante el Ministerio de Trabajo hostigamiento laboral contra uno de los funcionarios que en mayo pasado hizo público que la institución no había hecho los estudios hidrogeológicos en el Proyecto Minero Crucitas, contrariamente a lo afirmado por el gerente general Bernal Soto.
La agrupación de empleados solicitó a la Inspección de Trabajo del Ministerio realizar una investigación urgente para defender los derechos del funcionario Miguel Ramírez Hernández, a quien supuestamente las autoridades del SENARA  estarían buscando cómo despedir.
El pasado 5 de mayo, la directiva de SENARA, a propuesta de su presidente Jaime Villalobos Vargas, acordó por unanimidad iniciar un órgano director (investigación administrativa) a Ramírez, acusándolo de afectar la imagen de la entidad con su salida a la prensa.
Luego Soto, quien había terminado su nombramiento en mayo pero fue colocado nuevamente en el puesto por el nuevo Gobierno de Laura Chichilla, dos días después de su llegada ordenó a la jefatura inmediata de Ramírez que le suspendiera las vacaciones, según la denuncia de ASES.
Pasado más de un mes desde que se presentó la denuncia, “no nos han resuelto nada (en el Ministerio de Trabajo) por lo que se giró instrucción a la compañera secretaria de conflictos para que consulte qué ha pasado y por qué no ha habido ninguna reacción de parte del Ministerio”, dijo Marco Monestel, secretario general de ASES.
De acuerdo con la denuncia de ASES, Ramírez indagó lo dicho por la magistrada de la Sala IV Ana Virginia Calzada y “de forma muy valiente y transparente” declaró que SENARA no ha hecho los estudios hidrogeológicos que permitan definir las zonas de recarga y descarga, y el impacto de la actividad minera a los mantos acuíferos y las aguas superficiales en Crucitas.
La Magistrada había declarado al mismo canal, que los expertos de SENARA avalaron el proyecto minero Crucitas, y que ese fue uno de los criterios considerados para emitir el voto 08-014068-007-CO en que la Sala Constitucional avaló el decreto 34801-MINAET del 13 de octubre del 2008, en el que el pasado Gobierno de Óscar Arias declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto Minero de Crucitas.
Las declaraciones de Ramírez molestaron al Gerente General, Bernal Soto, quien en Telenoticias aseguró que los geólogos de la institución visitaron varias veces al proyecto minero para realizar  los estudios de campo necesarios y que el proyecto había sido avalado. Posteriormente rectificó diciendo que lo que SENARA  hizo fue validar la metodología.
La Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA en el oficio DIGH-267-2010 del 6 de mayo del 2010, aclaró entre otros puntos que “la institución no realizó ningún estudio hidrogeológico sobre el proyecto en mención, ni llevó a cabo estudios de campo con el fin de valorar los datos aportados por la empresa en el estudio hidrogeológico”.
No obstante, Soto entregó a la Sala IV el oficio GE-097-2009 donde SENARA “valida” el proyecto Crucitas, aprovechando su investidura de gerente y sin tomar en cuenta los criterios de los expertos de la DIGH, atribuyéndose competencias que no le corresponden según lo señalado por la Contraloría General de la República, además de que indujo a la Sala Cuarta a cometer errores. “Tal funcionario confundió a la Sala Cuarta y debería abrírsele un proceso para que quede confirmada la realidad de los hechos”, apuntó ASES.