En el país se ha dado un incremento de la tasa de homicidios dolosos por cien mil habitantes (15avo. Informe Estado de la Nación, pág. 274). Concomitante, el porcentaje de esos homicidios en que se ha hecho uso de armas de fuego, también creció:
Un abordaje simplista del problema, que ha ganado adeptos a todo nivel, propugna por la ‘justicia’, que en realidad es venganza, por mano propia; porque se pongan entre paréntesis garantías constitucionalmente establecidas para todas las personas; se ataque a quienes defienden los derechos humanos (como lo hiciera recientemente un medio al comparar al Presidente de la CSJ con un asesino, por su posición en torno a la cadena perpetua) y se pueda matar legalmente a un ser humano, aunque no se den los requisitos de la legítima defensa o de otras causas de justificación (cfr.: el expediente legislativo en trámite N° 16.877).
Esas políticas no han tenido efectos en la disminución de la inseguridad personal (en muy pocos los casos  el arma adquirida ha sido usada en defensa propia o de terceros) sino que, más bien, acrecentan los niveles de autoritarismo; fomentan la intolerancia y la arbitrariedad, públicas y privadas, e incrementan el armamentismo en la población, tanto que el número de armas de fuego inscritas, durante el lapso de 1989 a 2006, llegó a 91.253 (Dirección Gl. Armamento, Ministerio de Seguridad). Es lógico suponer que, cuatro años después, la cifra real en manos particulares sea muy superior, no sólo por el transcurso del tiempo y la intensificación de las políticas populistas, sino producto del mercado negro.  En los últimos días han surgido noticias que dan cuenta que la tenencia de armas de fuego en hogares costarricenses ha tenido consecuencias dramáticas e impensadas para sus poseedores.
El arma de fuego cumplió su misión: generó muerte, aunque no la presumida por quienes la adquirieron sino la de miembros de su propia familia por el uso accidental o en juego, o de terceros cercanos, por temas relacionados con su custodia.
También es frecuente su sustracción o el uso en situaciones de violencia intrafamiliar ¿Cuántas muertes más, ocurridas en situaciones similares a esas, ocupamos, para tomar conciencia sobre lo que, como sociedad, ganamos o perdemos con el uso de las armas de fuego? ¿Qué tan cercanas a nosotros queremos las evidencias?
Una familia tibaseña, posterior a esos hechos, decidió, voluntariamente, destruir un revólver adquirido diz que para defensa personal. Ese es un acto digno de alabar e imitar.
Pero las acciones no deben ser aisladas. Se deben concertar esfuerzos, públicos y privados, para generar actuaciones masivas en esa misma dirección a fin de que, a través de diferentes estímulos, se puedan recoger, las armas, lícitas e ilícitas, que existen en manos de particulares y se desestimule, a largo plazo, su adquisición y uso.
De ese modo podríamos acercar un poco nuestra realidad al imaginario de sociedad pacifista con que nos definimos.
Campañas similares se producen en otras latitudes, luego de períodos de guerra. En C.R., el 1 de diciembre, en que se conmemora la abolición del ejército como institución permanente, sería una fecha simbólica para concretar un esfuerzo semejante. El gobierno coordinaría el proyecto, con el aporte de lo que cada sector, voluntariamente, pueda ofrecer, como parte de la concientización que el desborde de la violencia y la intolerancia afecta a todas las personas.
En ese marco, a cambio de la entrega de las armas, instituciones privadas de primaria y secundaria podrían otorgar becas para estudiantes con buen rendimiento académico y limitaciones socio-económicas; hospitales y servicios de salud privados podrían dar gratuitamente tratamientos, consultas o exámenes médicos; casas farmaceúticas estarían en capacidad de suplir medicamentos en tanto las instituciones estatales lo estarían de otorgar servicios gratuitos de internet, telefonía móvil, cable, bonos de vivienda; el sector bancario podría brindar créditos blandos para vivienda u otros servicios; las casas comerciales podrían donar electrodomésticos, materiales de construcción o educativos; los medios de comunicación, como parte de su responsabilidad social, cederían espacios gratuitos para la difusión de un plan de esa naturaleza y los y las habitantes, en general, contribuirían no solo con la entrega de armas, sino con la difusión de dicho proyecto a través de las redes sociales, blogs y otros medios electrónicos. Mientras tanto, el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad Pública, que necesariamente tendrían que participar en tal esfuerzo, aplicarían criterios de oportunidad por mínima culpabilidad a quienes, sin tener permisos de portación o sin tener las armas inscritas, hagan entrega de ellas (art. 22 inc. a CPP) y se cerciorarían de la custodia o destrucción del armamento acopiado.
Disminuir las armas en circulación, lícita o ilícita, es un factor que puede incidir en el número de delitos violentos. Aunque de esa medida no pueden esperarse logros más allá de la coyuntura concreta, sí puede tener mejores resultados que aprobar uno, alguno o los 73 proyectos de ley en trámite legislativo tendientes a crear más delitos, aumentar las penas de los ya existentes y disminuir garantías constitucionales, que es a lo que se ha reducido la discusión en nuestro medio y que ha llevado la política criminal a absurdos tales como que, desde el pasado 07 de mayo de 2010 en que se publicó la ley número 8799 denominada “Control de ganado bovino, prevención y sanción de su robo, hurto y receptación”, sustraer o matar una vaca pueda castigarse con la misma pena que matar a un ser humano (12 años) y que cualquiera de ambas conductas pueda generar mayores sanciones que matar a un grupo de seres humanos, hecho penado con 10 años como mínimo (genocidio: arts. 111 y 375  C.Pe.). Por lo pronto, implementar un plan de aquel tipo no requiere ninguna reforma legislativa…solo voluntad y solidaridad…¿las tendremos?
De igual forma, no debe perderse de vista que la inseguridad ha sido un negocio para muchos, que ven incrementadas sus ganancias con la venta de servicios privados, armas y tecnología. La cantidad de empresas de seguridad prolifera, sin normas mínimas y, en muchos casos, sin controles ni responsabilidades. La cantidad de vigilantes privados es superior, según otros estudios, a la de policías. Por ende, esa actividad, tanto como la importación y venta de armas, debe estar sujeta a fuertes impuestos con cuya efectiva recaudación se pueda, al menos en parte, financiar el déficit de policías, su preparación y los equipos requeridos. Para esto sí se requiere cambio legal…¿habrá voluntad política?