Costa Rica se ha destacado en el ámbito internacional porque sus gobernantes tomaron decisiones trascendentales, tales como la abolición de la pena de muerte en 1870 o la abolición del ejército en 1949. 
Otra de estas decisiones, sólo que funesta para la nación,  ha sido la entrega de las frecuencias de las frecuencias de radio y televisión al sector privado, prácticamente de un modo vitalicio.  Eso jamás se ha hecho en naciones desarrolladas, como Estados Unidos o Inglaterra.
Si las dos primeras acciones tuvieron un efecto beneficioso para la sociedad, por el respeto a la vida y la voluntad de utilizar los dineros públicos de una mejor manera, lejos del derroche inútil en rifles y cañones, no ha sido así con esa entrega de las frecuencias, principalmente a un grupo grande  de empresarios, a cambio de nada a favor del Estado y del derecho a la información, que es un valor colectivo de la sociedad. 
Este derecho se ve perjudicado por la concentración de medios en pocas manos. Y lo que es más grave, nada impide que grupos poderosos continúen acaparando más frecuencias de radio o de televisión.
Esto último es algo que se reguló en Argentina el año pasado, donde se legisló que una persona física o jurídica no puede controlar más de diez frecuencias de radio.
Esas frecuencias son un bien escaso y de altísimo valor, son bienes demaniales. Tanto es así que la Constitución Política lo establece en el artículo 121, inciso 14: “No podrán salir definitivamente del dominio del Estado. A)… B)… C) Los servicios inalámbricos. Los bienes mencionados en los apartes a, b y c anteriores sólo podrán ser explotados por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo de las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa” (el subrayado es del autor).
Los ciudadanos nos hemos enterado que se está a punto de licitar y adjudicar las frecuencias necesarias para ofrecer el servicio de telefonía móvil (celulares).
Esa adjudicación de las frecuencias será por un tiempo limitado: 25 años máximo establece la Ley General de Telecomunicaciones de 2008 y a cambio de pagar al Estado millones de dólares por el derecho de explotarlas. Eso es lo correcto y así se estila en todo el mundo.
La excepción del correcto aprovechamiento de estos bienes demaniales lo constituye la administración de las frecuencias de radio y televisión por parte del Estado, a lo largo de casi seis décadas. Esta triste historia comenzó a tejerse con la aprobación de la Ley de Radio en 1954. Esta ley, en sus inicios, sólo contempló a las frecuencias de AM,  por las que se paga “hasta 3000 colones anuales”. 
Esta suma nunca ha variado, a pesar de la enorme devaluación del colón. Hay sumas ridículas como el pago de C25 anuales por el uso de una frecuencia de radioaficionado, que es lo que pagan los taxistas y a cuya sombra se hacen negocios millonarios. 
En el editorial de La Nación (17 junio de 2010) sobre el negocio de los porteadores se lee: “Entendemos que los dirigentes del negocio reciben en concesión una frecuencia –estatal- de radio, por una suma irrisoria, que irradia su servicio de comunicación a todos los porteadores y por la cual cada uno de ellos paga una suma determinada significativa.
Basta saber multiplicar para obtener un resultado concreto y revelador”. Tiempo después irrumpieron en el dial las frecuencias de FM, que son las frecuencias que abrumadoramente escucha la población. Resulta que como estas no se contemplaron en la ley inicial, entonces los empresarios no pagan nada por su explotación y para caerse de espaldas está el hecho de que la televisión comercial comenzó en 1960 y al igual que con las frecuencias de FM, los empresarios de la televisión tampoco pagan nada por su usufructo. De todos es sabido que Canal 7 y Repretel reciben anualmente más de $60 millones de dólares por ingresos de la publicidad y pensar que el Estado no percibe ni 1$ por esos bienes dados en concesión.
Actualmente no hay frecuencias disponibles, ni de radio ni de televisión, incluyendo a las televisoras que utilizan la frecuencia UHF (del 14 al 88).
Esas frecuencias fueron adjudicadas a un puñado de empresarios, fundamentalmente, por razones de amiguismo o clientelismo político, por parte del Poder Ejecutivo. Nunca medió un proceso licitatorio, como debió ser con un bien del Estado.
La excepción la constituyen las emisoras culturales que administra el Instituto Costarricense de Educación Radiofónica (ICER), a las que el Estado les concedió una frecuencia por la beneficiosa labor que ejecutan a favor de la educación y la cultura, al igual que con las que administran las  universidades públicas y el SINART,  por idénticas razones.
Siendo un bien escaso y de tanto valor comercial, uno no se explica cómo el Estado no ha recuperado, por ejemplo,  los canales 2 y 9, que actualmente no transmiten sino unas pocas horas y sirven para pasar viejos programas enlatados. 
En otras palabras, no se están utilizando como corresponde por parte de los concesionarios.  Entiendo que también SUTEL podría recuperar algunas frecuencias de radio que no se están explotando como es debido. En esta situación, los concesionarios las mantienen para hacer negocios millonarios con la plusvalía, como sucede con la venta de las patentes de licores y los lotes en las playas. 
Los empresarios ven las frecuencias  como un bien patrimonial, no algo que pertenezca al Estado.  Recuerdo lo que decía un empresario cartaginés, cuando se discutía el tema de ponerle un plazo a la explotación de las frecuencias de radio, “Entonces, ¿Qué les voy a dejar de herencia a mis hijos”.
A principios de junio se presentó una tesis de maestría en periodismo en la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA)  de la periodista Aida Faingezicht de Fishman. Tuve el honor de dirigir dicha tesis. La hipótesis principal de dicha investigación es: “Las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica han sido concesionadas por el Gobierno con inobservancia de las disposiciones legales y constitucionales que deberían aplicarse, por lo que su otorgamiento obedece, más bien, a intereses particulares, en donde confluyen el poder económico y el poder político”.
Más adelante dice doña Aida: “…puede afirmarse que el fenómeno de las telecomunicaciones ha sido pobremente regulado por el Gobierno de Costa Rica. En efecto, se cuenta únicamente con dos leyes en los últimos cincuenta años (Ley de Radio y Ley de Creación del ICE), y el resto de su regulación ha provenido de reglamentos, los cuales siempre han  sido volubles a los intereses de los políticos de turno.
De hecho, la mejor prueba de ello es que los cánones por el uso de las frecuencias no han sido actualizados desde hace más de 40 años, debido  las presiones de los concesionarios, con lo cual se han visto enormemente favorecidos en sus ganancias”.
“Tampoco ha sido posible establecer ningún tiempo de impuesto que genere beneficios al verdadero dueño del espectro electromagnético  (el pueblo de Costa Rica), mientras los concesionarios obtienen ganancias millonarias en rubros como la publicidad, alquileres y traspasos de bienes que, por orden constitucional, tienen carácter demanial”.