Recursos que piden la nulidad del proceso, la solicitud de concesiones directas y políticas estatales insuficientes son algunos de los problemas que presenta la apertura.
El proceso de apertura en el mercado de las telecomunicaciones se ha caracterizado por las constantes irregularidades y falta de políticas de control por parte del Estado, en momentos en que se aproxima la llegada de empresas transnacionales que competirían con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), denunciaron especialistas en el tema.
El fin del monopolio del ICE se concretó con la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (TLC). Este acuerdo permite la apertura en las áreas de servicios móviles, Internet y redes privadas. Sin embargo, profesionales en el campo refutan que hay varios aspectos aprobados en el tratado que se han violentado a través de la ejecución de la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642), al existir varias contradicciones entre ambas legislaciones. Otro de los puntos de crítica es la aparente solicitud que empresas extranjeras hicieron al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) para que se les diera una concesión directa para obtener frecuencias para explotar el campo de la televisión satelital, entre las que se encuentra Claro CR Telecomunicaciones, filial de América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim. En agosto del 2009, el Grupo Jurídico Centroamericano Soley Saborío, Fallas & Asociados, encargado de los trámites legales de dicha compañía propiedad de Slim, presentó ante el MINAET una solicitud para  que emitiera criterio técnico sobre el posible conflicto normativo en regulación de concesiones de espectro de uso exclusivo, por medio del Informe Técnico IT-DCR-2009-060.En este documento, dicho grupo expone que “debe hacerse un análisis sobre lo dispuesto en el reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, para determinar si efectivamente se ha incurrido en un exceso de potestad reglamentaria… de haberlo, debería  modificarse…para que en vez de ser mediante proceso concursal, se indique concesión directa”.UNIVERSIDAD buscó la posición de la Viceministra de Telecomunicaciones, Hannia Vega, y se le envió un cuestionario vía correo electrónico. A la hora de cierre, no hubo respuesta. (Ver cuadro aparte: Cuestionamiento a MINAET).
Vacíos
Las incongruencias en el proceso de apertura en telecomunicaciones han sido denunciadas a través de varios recursos. El primero fue un amparo interpuesto por Juan Manuel Campos, Fabio Masís y Andrés Oviedo, en setiembre del 2009, en el que señalaban que el Poder Ejecutivo no había iniciado en el plazo máximo de tres meses (luego de la integración del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones -SUTEL-, que se concretó en diciembre del 2008) los procedimientos correspondientes para el otorgamiento de concesiones de las bandas de frecuencia de telefonía celular u otras requeridas, según lo establecía la Ley General de Telecomunicaciones. El 30 de julio, la Sala Constitucional declaró con lugar este recurso y ordenó a las autoridades encargadas a la realización y conclusión de los concursos públicos para otorgar las concesiones de frecuencias, en un plazo de tres meses. A su vez, el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE, RACSA, Filial CNFL y Proyectos (SIICE) abrió un proceso contencioso administrativo en contra del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, aduciendo que es un acto administrativo viciado de nulidad absoluta, ilegal e inconstitucional. Esta agrupación critica que según la legislación, el plan debe estar encabezado  por el Poder Ejecutivo (jerarca de MINAET y Presidente) y no por medio de una comunicación posterior dada por el Viceministerio de Telecomunicaciones. Además, se exige que sea coordinado con el Ministerio de Planificación, institución a la cual no fue remitido, así como ser publicado en La Gaceta, procedimiento que no se realizó. Gerardo Fumero, miembro del SIICE, comentó que al entregar el espectro, es decir, los espacios por donde transitarán las frecuencias, se han cometido muchos errores en el camino.El ingeniero alertó que si se otorga una adjudicación a una empresa transnacional y el tribunal contencioso administrativo declara que todo lo que se ha hecho de forma previa está mal, habría un conflicto porque esta compañía adquiriría derechos. “Estaríamos en la misma condición de (la explotación minera en) Crucitas, y se les debería pagar indemnización. Podrían demandar al Estado por sumas millonarias al amparo del TLC, por la sola expectativa de haber ganado por 25 años la operación de la telefonía celular”.Refutó que el sector privado afirme que el ICE es el responsable del atraso en la apertura. “Si estos recursos son declarados con lugar, estaríamos demostrando lo contrario, que hay faltas evidentes de las contradicciones y cosas que han hecho mal, y que han sido hechas por la fuerza y no por la ley. El culpable del atraso es el Poder Ejecutivo, el MINAET y la SUTEL”, aseveró. El abogado y consultor en regulación, Juan Manuel Campos, consideró que es muy difícil que esta medida se cumpla en ese lapso, debido a los puntos que debe seguir el proceso.Explicó que con el TLC, el país se comprometió a abrir los sectores de Internet, telefonía celular y redes privadas, pero que el resultado de la Ley de Telecomunicaciones es la apertura de todo el mercado, lo que implica que otros servicios estarían en competencia, por ejemplo, la telefonía IP, que permite llamadas internacionales salientes desde Costa Rica, incluso desde un teléfono fijo.  El especialista señaló que el proceso careció de gradualidad, lo que apunta más a un tema tecnológico que a una realidad de ley, lo que implicó que se llegara a abrir el mercado en lo que no se estaba negociando.
Sin políticas claras
Leonel Fonseca, exregulador, criticó que la viceministra de Telecomunicaciones Hannia Vega esté a cargo de este proceso, pues según manifestó, le corresponde a la presidenta Laura Chinchilla y al Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones Teófilo de la Torre, en su papel de rector del área. “Hay una falta de políticas del Poder Ejecutivo en todos los servicios públicos, nunca tuvo claridad”.Señaló como culpables de las circunstancias a quienes apresuraron el procedimiento con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (8660), así como el mismo ICE por haber cedido sus frecuencias, por las que recibió una indemnización de $7 millones, pero cuyo valor estimado es de cerca de $200 millones. Las inconsistencias en la apertura también fueron objeto de discusión en el Poder Legislativo. El jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, Juan Carlos Mendoza, envió el 26 de julio un oficio a la viceministra Vega, donde le preguntan sobre las concesiones directas sin concurso, para la televisión satelital, y en específico de la compañía Claro CR Telecomunicaciones. No obstante, al cierre de esta edición aún no tenían respuesta de su parte. “Hemos venido planteando que el proceso de apertura responde a una legislación mal hecha, ‘a la carrera’, bajo presión, sin análisis adecuado y con contradicciones en la normativa y reglamentación. En estos momentos, lo mínimo que se puede hacer es apegarse a la legislación pertinente que ellos mismos promovieron en su momento”, indicó el diputado a UNIVERSIDAD.

Cuestionamiento a MINAET
Estas son las preguntas que UNIVERSIDAD envío a la viceministra de Telecomunicaciones, Hannia Vega; sin embargo, a la hora del cierre de edición no hubo respuesta.
1. Especialistas en el área critican que el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones contradice lo estipulado en el TLC, como la apertura de todos los servicios públicos en el campo, además de la telefonía móvil, Internet y redes privadas. ¿Quién está controlando esta situación? ¿Cómo está actuando el Viceministerio para regular estos roces?
2. ¿Considera usted que el periodo ordenado por la Sala Constitucional (por el recurso presentado por el abogado Juan Manuel Campos) para implementar el proceso de apertura de telecomunicaciones (tres meses) es suficiente para promover una transición positiva para el país? ¿Es factible realizarla en este periodo?
3. ¿Qué respondió el Viceministerio sobre el informe técnico IT-DCR-2009-060, que consta de una solicitud para que se emita criterio técnico sobre un posible conflicto normativo en regulación de concesiones de espectro de uso exclusivo, con fecha 28 de agosto del 2009? ¿Le compete a la entidad dar una respuesta? De ser así, favor facilitar el documento con la resolución a esta petición.
4. Otro de los puntos que se refuta es la falta de políticas del Poder Ejecutivo y la premura para abrir el mercado a empresas extranjeras. ¿Fue adecuado que este proceso se impulsara de una manera tan rápida?
5. De aceptarse el proceso contencioso administrativo planteado por el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad y Afines (SIICE), ¿a qué procederá el Viceministerio de Telecomunicaciones, tomando en cuenta que se puede retrasar el proceso de apertura?
6. Diario Extra publicó que hay 10 empresas que solicitaron concesión directa para comercializar la televisión digital, entre estas Claro CR Telecomunicaciones, del mexicano Carlos Slim. ¿Cuáles son las otras nueve compañías que hicieron la solicitud?
7. ¿Habrá cambios en la legislación para dar concesiones directas para iniciar el proceso de transición a la televisión digital? ¿Sería legal y además ético hacerlo de esta manera? ¿Cómo se regulará esto?