Grupos sociales impulsan que congresistas discutan proyecto de uniones entre personas del mismo sexo o sociedades de convivencia.
Grupos sociales a favor de la igualdad de derechos impulsan que alguno de los dos proyectos de ley para legalizar las uniones de homosexuales y lesbianas, ingrese a discusión en la Asamblea Legislativa, al considerar que este es el momento oportuno, tras el fallo de la Sala Constitucional que prohibió un referendo para consultar este tema.
En la actualidad hay dos proyectos que podrían entrar a debate: el de unión civil entre personas del mismo sexo (16.390) y el de sociedades de convivencia (17.778). Precisamente, el primero fue el que se buscó aprobar o rechazar en el referendo que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pretendía llevar a cabo el 5 de diciembre junto con las votaciones de alcaldes.
La iniciativa de consulta popular, promovida por la abogada Alexandra Loría, del Observatorio Ciudadano, generó opiniones en contra de varios sectores como activistas, partidos políticos, profesionales en el área de derechos humanos e instituciones públicas como la Defensoría de los Habitantes. La mayor crítica fue el argumento relacionado con que una mayoría no puede decidir por un sector minoritario, como las personas homosexuales.
También se le ordenó al presidente del TSE Luis Antonio Sobrado, a abstenerse de incurrir en un futuro en iniciativas de ese tipo.
El abogado Esteban Quirós interpuso un recurso de amparo, que acogió la Sala Constitucional para su análisis, y que fue apoyado por coadyuvancias presentadas por habitantes y grupos políticos.
El 10 de agosto, la entidad declaró con lugar este recurso y detuvo el proceso, a pesar de que ya el TSE había validado las firmas requeridas para convocar a los comicios.
Luego de dicha resolución, grupos a favor del reconocimiento de las uniones de lesbianas y homosexuales buscan promover la discusión de alguno de los proyectos a través de los diputados y diputadas, pese a que la presidenta Laura Chinchilla reafirmó antes de asumir el poder su posición de no promover o apoyar proyectos de ley que contemplaran la posibilidad de abrir temas como los matrimonios entre personas homosexuales.
Cabe recordar que las propuestas que podrían llegar a la Asamblea Legislativa no mencionan la palabra “matrimonio”, ya que pretenden que se otorguen derechos como herencia, compartir el seguro social, obtener la residencia de su pareja y visitas médicas.
El tema surge en momentos en que Latinoamérica comienza a abrirse a la igualdad de derechos. Argentina se convirtió en el primer país en Latinoamérica en aprobar el matrimonio homosexual, sumándose al Distrito Federal en México. Hace dos semanas en Chile dos senadores presentaron un proyecto para también aprobar esta figura.
PROYECTO A DISCUSIÓN
Abelardo Araya, del Movimiento Diversidad, comentó que el fallo de la Sala Constitucional es un avance afirmativo, que no solo favorece a la comunidad GLBTTI (Gay, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales, Travestis e Intersexuales) sino a todas las minorías, ya que se ha creado jurisprudencia que evitaría la discriminación a estos grupos.
El dirigente indicó que están trabajando con asesores de distintas fracciones legislativas y que plantearían un solo proyecto.
Consideró que hay un buen ambiente en general para que llegue al plenario, y que se deben fortalecer los mecanismos de sensibilización, informar a través de los medios de comunicación y realizar foros, con el fin de dar a conocer lo que plantean esas propuestas.
La activista lésbica Emma Chacón explicó que la resolución es coherente con las leyes que el país ha aprobado en materia de derechos humanos, que ilustra una democracia en la cual deciden las mayorías, pero se respetan las minorías. Manifestó que los dos proyectos relativos al tema no son excluyentes, por el contrario se complementan, pero que el de uniones civiles está más avanzado, al llevar casi cuatro años en la Asamblea Legislativa, y al cumplir ese lapso, se vence. “Ya se ha discutido, ha tenido más consenso en las fracciones y está más cercano en los puestos de agenda, el de sociedades de convivencia llevaría un proceso más largo”.
Igualmente, cree que es el momento propicio para discutir el tema, al haber tres fracciones que abiertamente lo apoyan (Partido Acción Ciudadana, Frente Amplio y Movimiento Libertario) y tres en contra (Accesibilidad sin Exclusión, Renovación Costarricense y Restauración Nacional).
El Partido Unidad Social Cristiana no se ha pronunciado y Liberación Nacional no seguirá una línea de fracción, sino que cada integrante de bancada decidirá de acuerdo con su criterio.
“Si Costa Rica no se quiere quedar atrás en materia de legislación, hay que empezar a hablar ya”, resaltó.Afirmó que sí es necesario reformar la Ley de Referendo, para excluir los derechos humanos como tema de consulta, ya que en un futuro cuando lleguen nuevos magistrados y magistradas, puede haber criterios distintos.
CAMBIOS
La exdiputada Ana Helena Chacón, quien promovió estos proyectos de ley, destacó que las propuestas que tratan derechos humanos se discuten en el primer poder de la República, lugar donde ahora debe estar, y no en una campaña basada en el odio.
Enfatizó que en la actualidad hay fracciones políticas completas a favor, muy distinto al periodo anterior, donde eran tres congresistas quienes apoyaban la propuesta (además de ella, José Merino del Frente Amplio y Carlos Gutiérrez del Movimiento Libertario).
Adversó la posición del Gobierno de que el tema no es prioridad, debido a que “la prioridad es el ser humano, el centro de toda política pública”.
Añadió que “Laura Chinchilla no es la única que pone la agenda legislativa, con 38 diputados se puede mover el orden (para discutir el proyecto)”.
Exhortó a la alianza de grupos sociales, para que luchen en conjunto por esta meta.
Asimismo, cree que sí se debe modificar la Ley de Referendo. “No creo que ahora nadie se atreva a volver a solicitar una consulta popular, sin embargo se hace necesario un cambio en la ley, porque es un vacío por solventar”.
José Daniel Clarke, del grupo Ciudadanía por los Derechos Humanos, mencionó que se debe continuar por la vía política, puesto que el terreno está “fluido” para que alguno de los proyectos llegue al congreso.
Opinó que es esencial una estrategia de visibilización, con el fin de que se sepa que la totalidad de las personas cuenta con iguales derechos, de acuerdo con la legislación vigente.
“La posibilidad del referendo hizo que gran parte de la población dejara de lado los prejuicios, porque la situación obligó a meditar e hizo que se cambiaran muchas mentalidades”, aseguró.
Destacó que lo que comenzó con un anuncio del TSE de que faltaban pocas firmas para validar la solicitud de consulta popular, provocó la unión de grupos a favor del proyecto.
Clarke concordó en que un cambio a la Ley de referendo “no está de más”, aunque no cree que vuelva a darse otra iniciativa para una nueva consulta.
Por su parte, la socióloga Montserrat Sagot recalcó que este proceso implicó un debate abierto de un tema que hace dos años ni siquiera se discutía de manera pública. El paso a seguir, declaró, es ejercer presión al Gobierno y congresistas oficialistas, que provendrá de bancadas de oposición, lo que significaría que entre a discutirse, aunque no sea de interés del Poder Ejecutivo.
Ante la pregunta de que si la población está preparada para analizar el tema, la profesional expresó que la sociedad está lista en la medida en que la discusión se esté dando. “Tampoco estaba preparada para aceptar el voto femenino o la abolición de la esclavitud”.
Sobre la oposición de muchas personas a la unión entre personas del mismo sexo, Sagot consideró que no es que la población está desinformada, sino que es víctima de engaños, mentiras y falacias que confunden.
“Además, los sectores en contra tienen los púlpitos de las iglesias católicas y protestantes, es una batalla desigual. Es necesario que académicos y activistas penetren ese manto a través de artículos de opinión y presencia en programas de televisión”, subrayó. 

Alexandra Loría: “Costarricenses querían un referendo”
La abogada Alexandra Loría, proponente del referendo para consultar o rechazar las uniones entre personas del mismo sexo, manifestó a UNIVERSIDAD vía correo electrónico que Costa Rica es una democracia donde la ciudadanía puede participar en la toma de decisiones.
“Lamentablemente contra el texto de la Carta Magna, la Sala Constitucional no lo consideró así. Entregamos cerca de 175.000 firmas y fueron validadas más de 150.000, con lo que se recogieron más del 5% del padrón electoral para convocar un referendo. Sí le puedo asegurar que 8 de cada 10 costarricenses a los que le pedí su firma me la dieron, por lo que de acuerdo con mi experiencia la mayoría de los costarricenses querían un referendo para poder externar su opinión”.
Consultada sobre qué acciones tomará a futuro los grupos en contra de los proyectos de ley de uniones civiles o sociedades de convivencia, se limitó a mencionar que hasta que no lea la totalidad del voto de la Sala Constitucional no puede emitir una opinión, y que respecto de la resolución, la respeta pero no la comparte.
“Es prematuro para dar contestación a esta respuesta. Estoy esperando leer la sentencia completa para analizar todas las notas aclaratorias que pusieron los magistrados”.
Aseguró que la pregunta que se iba a hacer en el referendo no es relativa al área de derechos humanos, sino de derecho de familia.
Añadió que “por otra parte los derechos humanos se tienen como personas, no por una orientación sexual específica”.