Se requerirá de voto de varias fracciones para nombrar personas en los dos puestos.
Actualmente, la Asamblea Legislativa tiene en sus manos la estratégica tarea de nombrar a un magistrado de la Sala Constitucional (IV), en sustitución de Adrián Vargas Benavides y uno de la Sala Penal Tercera, en lugar de Alfonso Chaves Ramírez.
Para el caso de la Sala Constitucional, la Comisión de Nombramientos recomendó una lista de 10 profesionales, de los 26 postulados, integrada por Rodolfo Piza Rocafort, Julio Jurado Fernández, Paul Rueda Leal, Rosa María Abdelnour Granados, Ronald Salazar Murillo, Enrique Ulate Chacón, Fernando Bolaños Céspedes, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, Jorge Araya García y Doris María Arias Madrigal.
En la lista para la Sala Tercera figuran Alfredo Chirino Sánchez, Jenny Quirós Camacho, Álvaro Burgos Mata, Rafael Sanabria Rojas, Omar Vargas Rojas, Ronald Cortés Coto, Sandra Zúñiga Morales, Carlos Manuel Estrada Navas, Doris María Arias Madrigal y María Elena Gómez Cortez.
La designación en ambos puestos es de vital importancia, pues según expertos, un voto en cualquier de estos órganos hace la diferencia a la hora de emitir una sentencia de índole constitucional o de juicios que van a Casación.
En el caso de elegir a un magistrado para la Sala Constitucional, el tema tiene un interés nacional, al ser la encargada de decidir sobre los problemas y necesidades de toda la población, dado que sus resoluciones no solo afectan a quien presenta los recursos de amparo, sino que se aplican a todos los ciudadanos.
“La Sala IV funciona maravillosamente, viéndola desde el punto de vista de la defensa de los derechos individuales; pero desde la visión del interés de ciertos sectores, cuando  presentan recursos de amparo -de forma directa o por medio de un testaferro- es una lástima, pues han usado esta herramienta para judicializar la política y utilizan esta herramienta para ganar fácilmente sus batallas”, detalló el exdiputado José Miguel Corrales.
Prueba de ello, de acuerdo con el exdiputado, fue que en tiempos de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) se demostró lo delgada que es la línea, entre la independencia que pueda tener esta Sala y los intereses del gobierno, al declarar que ninguno de los elementos que incluía el tratado era inconstitucional.
Por otra parte, el nombramiento en la Sala Penal siempre tiene un carácter sumamente especial, y ahora ha tomado más fuerza, en vista de que es la que analizará la sentencia del expresidente Rafael Ángel Calderón y probablemente la de Miguel Ángel Rodríguez.
“Me parece que el sistema de selección de los magistrados que tenemos actualmente, debe mejorar sosteniblemente, porque la Asamblea Legislativa normalmente obedece a los intereses del Poder Ejecutivo y siempre escogen a quien les recomiende el gobierno”, explicó.
Para solucionar este inconveniente, Corrales considera necesario generar una reforma constitucional que inste a presentar ternas por parte de las universidades que gradúen profesionales en el área, del Colegio de Abogados y del Poder Judicial.
De esta forma, se contaría con candidatos que serían académicos notables, jueces de carrera, profesionales con amplia experiencia  y se daría la oportunidad de premiar a los jueces que vienen en ascenso y que desean llegar al más alto nivel profesional que hay en el país para ellos.
En la actualidad, el proceso de selección incluye la presentación de la hoja de vida, los títulos que demuestren sus calidades y son entrevistados personalmente por la Comisión de Nombramiento de la Asamblea Legislativa.
Para Corrales, el proceso tiene un enorme defecto, pues no califica el carácter del juez para ser nombrado, ya que quienes ocupan estos cargos, son sometidos a horrorosas presiones y de no contar con la personalidad adecuada podrían ceder a ellas.
UN PROCESO VIEJO
El nombramiento de magistrado para la Sala Tercera y la Constitucional es un proceso que ya había iniciado en la administración anterior; sin embargo, se amplió el plazo al ingresar la nueva Asamblea Legislativa.
Según el diputado liberacionista Francisco Chacón, presidente de la Comisión de Nombramientos, el plazo para la inscripción de candidaturas ya había vencido antes, pero los actuales diputados querían dar la oportunidad a otras personas de que participaran en la terna.
De hecho hubo nuevos profesionales que concursaron, tanto para la Sala Constitucional como para la Sala Penal.
“Esto es en beneficio del proceso de selección, pues entre más candidatos haya, mejor podremos escoger a los magistrados. Después del análisis que hicimos en la comisión, podemos decir que las diez personas que recomendamos tienen excelentes atestados”, comentó Chacón.
No obstante, esta ampliación del período de inscripción no fue de mucho agrado para otros sectores, como es el caso del Partido Acción Ciudadana (PAC), el cual votó en contra de la propuesta de Liberación Nacional (PLN) y que fue avalada por el Movimiento Libertario, para recibir nuevos candidatos.
El diputado del PAC Manrique Oviedo e integrante de la Comisión de Nombramientos, compartió el criterio de Chacón de que los candidatos a magistrados son excelentes, sin excepción. Pese a ello, señaló la sorpresa de su bancada al conocer las intenciones de ampliar el plazo.
“Nos hizo tener nuestras reservas y cuestionarnos, cuando entre el PLN y los libertarios aprobaron abrir nuevamente el proceso de publicación en la prensa, inscripción y demás.  Posterior a la apertura del proceso, de todos quienes presentaron sus atestados  solamente uno fue tan bueno de entrar en la lista de recomendados, y ese señor es tan bueno que fue quien tuvo la mayor calificación para ellos”, señaló Oviedo.
El diputado Chacón -del PLN- aseguró que esos candidatos tienen una amplia experiencia como jueces, y otros se destacan en el campo de su especialidad; ninguno presentó una objeción de carácter moral o ético.
Le corresponde ahora al Plenario tomar la decisión final, aunque para el diputado Oviedo del PAC, la forma en que se calificó a ciertos candidatos no fue la correcta. “Nosotros manejamos calificaciones entre 40 y 70 puntos.
El mayor puntaje en esta selección puede ser de 75, por lo que bajo este modelo un 50 es una buena nota.
Nos topamos con la sorpresa de que al enviar a nuestro asesor a ver los números finales, hubo candidatos a quienes diputados de otras fracciones les pusieron de nota cero o diez, lo que es a todas luces muy poco serio y deja mucho que desear de la actitud de esas personas”, argumentó el miembro del PAC.
Incluso hay quienes cuestionan que el primer lugar en cada una de las listas, son candidatos negociados en el acuerdo llamado Li-Li, que fue el convenio de gobernabilidad firmado por Liberación Nacional y el Movimiento Libertario.
Respecto a lo anterior, el libertario Carlos Góngora afirmó que el pacto en ningún momento hablaba de puntuar a nadie y que los puntos fueron alcanzados de acuerdo con el currículo de cada candidato.
“Además, trascendiendo más allá del pacto de gobernabilidad, se necesitará de una alianza de al menos cuatro fracciones, pues con los votos de Liberación y el Libertario no es suficiente para nombrar a los magistrados”, agregó.
Por su parte, Francisco Chacón hizo ver que quienes ocuparon los primeros lugares en las listas de calificaciones fueron Rafael Sanabria, para la Sala Tercera, y Rodolfo Piza Rocafort, para la Sala IV. 
“Pero eso no significa que sean los que van a resultar elegidos;  la lista la recomienda la comisión, pero el Plenario puede escoger del grupo de diez profesionales o fuera de ese grupo”.
El diputado libertario Góngora indicó que se llevó a cabo todo el proceso de selección, la evaluación de atestados, calificación de docencia y obviamente la experiencia, valores que arrojaron una valoración.LÍNEAS DE PREFERENCIA
En el caso del Movimiento Libertario, el perfil que quieren para la Sala Constitucional está muy claro: esperan elegir a una persona que defienda las libertades individuales, sobre todo de los inversionistas y la propiedad privada.
Buscan que la persona que ocupe el puesto de magistrado sea constitucionalista, ya que  según él, en los últimos años han llegado a esta sala penalistas, administrativistas o ambientalistas, que por supuesto tienen peso, pero es mejor que sean de formación constitucionalista, que cuenten con una conjunción de experiencia, formación académica, valores morales sólidos y con independencia de criterio.
“Está de más decir que estos puestos son fundamentales en estos momentos, pues para nadie es un secreto que en la Sala Constitucional un voto inclina la balanza hacia una posición u otra. Y en el caso de la Sala Tercera también se podría ir hacia una corriente más garantista -que ha prevalecido-, versus una de mano firme y con un fuerte sentido de persecución”, recordó Góngora.
Mientras tanto, en la bancada liberacionista aseguran que aún no han discutido quién podría ser su candidato preferido, aunque Francisco Chacón reveló que quieren a una persona preparada y comprometida con el Poder Judicial, que sea recta, independiente. “En la terna procuramos la proporción de género y quizá también al momento de elegir”.
Sobre este particular, el PAC todavía  hace valoraciones para elegir al candidato idóneo.
El diputado Oviedo recordó que en ambas Salas únicamente hay una magistrada y su partido siempre busca la adecuada representatividad de las mujeres, por lo que verían con muy buenos ojos que los puestos fueran ocupados por las candidatas.

Candidatos a Sala III
A continuación se ofrece un resumen de los atestados de los diez candidatos a la Sala Penal que fueron recomendados por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea:
-Rafael Sanabria Rojas: juez de casación y magistrado suplente de la Sala Tercera, con  maestría en ciencias penales, doctorado en derecho y especialista en responsabilidad civil extracontractual.-Alfredo Chirino Sánchez: Juez del Tribunal de Casación, fue magistrado suplente de la Sala Tercera y director de la Escuela Judicial; doctor en derecho.-Jenny Quirós Camacho: Magistrada suplente de la Sala Penal, jueza del Tribunal Penal y gerente del proyecto del Poder Judicial para la moderna gestión de los despachos en materias constitucional, laboral y penal.  Tiene maestría en ciencias penales y doctorado  en pensamiento latinoamericano.-Álvaro Burgos Mata: Juez coordinador del Tribunal Superior Penal Juvenil y juez de juicio de adultos en el II Circuito Judicial. Posee un doctorado en derecho penal y criminología y maestría en psicología criminal.-Omar Vargas Rojas: Ha sido juez de casación, juez del Tribunal Penal y letrado de la Sala Constitucional. Es doctor en derecho, máster y especialista en ciencias penales.-Ronald Cortés Coto: Juez de casación penal de Cartago y del Segundo Circuito Judicial de San José. Tiene maestría y especialidad en ciencias penales.-Sandra Zúñiga Morales: Es jueza de casación y consultora internacional, con doctorado en derecho y derecho penal.-Carlos Manuel Estrada Navas: Magistrado suplente de la Sala Tercera y juez penal suplente de Cartago. Es licenciado en derecho y obtuvo un certificado del Instituto Internacional de Derechos Humanos.-Doris María Arias Madrigal: Actualmente es magistrada suplente de la Sala Constitucional, fue jueza penal, jueza de casación penal y del Tribunal Penal Juvenil.  Es doctorada y especialista en derecho penal, con un diplomado en derechos humanos y mujeres.-María Elena Gómez Cortez: Magistrada suplente en la Sala Tercera de Casación Penal y jueza de juicio del Tribunal Superior Penal.  Es máster en ciencias penales, con una pasantía en “Dimensión jurídica de la integración política y económica europea.”*Fuente: Despacho del diputado liberacionista Francisco Chacón.

Candidatos a la Sala IV*
La lista propuesta por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa para nombrar un magistrado en la Sala Constitucional, consta de diez candidatos:
-Rodolfo Piza Rocafort: Director del Proyecto Cumple y Gana, para el fortalecimiento de los derechos laborales en Centroamérica y República Dominicana; fue magistrado suplente de la Sala Constitucional y presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social en la administración de Miguel Ángel Rodríguez. Tiene una especialización en derecho laboral y un doctorado en derecho.-Julio Jurado Fernández: Consultor de la Unidad Ejecutora del Programa de Regulación del Catastro y Registro, y fue procurador en el área ambiental, letrado de la Sala Primera y de la Sala Constitucional. Posee un doctorado en derecho y especialidad en derecho agrario.-Paul Rueda Leal: Letrado de la Sala Constitucional. Fue asesor de la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros. Es doctor en derecho constitucional y becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico  (DAAD)  para la  realización  de estudios  de doctorado en  el Instituto de Derecho Europeo, Derechos Humanos y Derecho Público.-Rosa María Abdelnour Granados: Magistrada suplente de la Sala Constitucional y directora de la Casa de Justicia de la Universidad Latina y directora de derecho de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Latina.  Es doctora en derecho público, especialista en desarrollo de habilidades docentes y máster en docencia e innovación educativa.-Rónald Salazar Murillo: Juez del Tribunal Superior de Casación Penal, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo un postgrado en justicia constitucional, un doctorado en derecho, una maestría en ciencias penales y otra en derecho constitucional.-Enrique Ulate Chacón: Es magistrado suplente, miembro del Tribunal Agrario, doctor y especialista en derecho agrario.-Fernando Bolaños Céspedes: Es magistrado suplente de la Sala de Casación, consultor de la Organización Internacional del Trabajo, doctor en derecho con un diplomado en derecho comparado.-Carlos Manuel Rodríguez Jiménez: Juez del Tribunal Registral Administrativo, juez suplente del Tribunal Aduanero y juez civil y de trabajo de la Sala Primera. Tiene un  doctorado en derecho, maestría en derecho comparado, derecho económico y propiedad intelectual.-Jorge Araya García: Es magistrado suplente de la Sala Constitucional, miembro y director del comité ejecutivo de la Comisión Costarricense de Cooperación de la UNESCO, viceministro de la Presidencia en la administración de Miguel Ángel Rodríguez. Tiene un doctorado en derecho y especialidad en derecho constitucional y ciencias políticas.-Doris María Arias Madrigal: Se desempeña como magistrada suplente de la Sala Constitucional, fue jueza penal, jueza de casación penal y del Tribunal Penal Juvenil.  Obtuvo un doctorado y una especialidad en derecho penal, un diplomado en derechos humanos y mujeres.
*Fuente: Despacho del diputado liberacionista Francisco Chacón.