Los delegados afirman que continúa “la ola de tratados de libre comercio en todas sus variantes”, cuyos brazos ejecutores “son las instituciones financieras internacionales”.
Realizar una auditoría de la deuda externa latinoamericana y revisar los tratados bilaterales de inversión, que ponen en manos de una institución del Banco Mundial los arreglos de controversias, son dos de las propuestas surgidas en el IV Foro Social de las Américas que se llevó a cabo del 11 al 15 de agosto en Paraguay.
El Foro reunió en Asunción a unos diez mil delegados internacionales, representantes de organizaciones campesinas, indígenas, mujeres y otros movimientos sociales del continente.
En su resolución final se destacó que “en los últimos años, luchas sociales renovadas condujeron a la salida de gobiernos neoliberales y al surgimiento de gobiernos que han llevado a cabo reformas positivas como la nacionalización de sectores vitales de la economía y redefiniciones constitucionales transformadoras”.
Pero, advirtió, “la derecha en el continente  se está rearticulando aceleradamente para frenar cualquier proceso de cambio. Sigue actuando desde sus enclaves político, económico, mediático, judicial, a lo que se suma una nueva ofensiva del imperialismo –incluso militar– en su apoyo”.
Desde el anterior Foro Social de las Américas, realizado en Guatemala en 2008, añade el documento, “presenciamos el golpe de Estado en Honduras, el incremento de la presencia militar estadounidense a lo largo y ancho de nuestra América. Proliferan acuerdos de instalación de bases militares, operan la IV Flota en nuestros mares”.
Como parte de esta ofensiva, “continúa la ola de tratados de libre comercio en todas sus variantes”, cuyos brazos ejecutores “son las instituciones financieras internacionales –Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional; los bancos regionales de ‘desarrollo’ y los grupos bancarios privados– están creando nuevos y enormes endeudamientos con impactos directos para los pueblos y la naturaleza”.
“Todas estas amenazas se vinculan con un mismo modelo de desarrollo primario exportador, excluyente y depredador que se profundiza sobre muchos territorios”, destaca el documento.
DEUDA
La auditoría de la deuda es una iniciativa que permitiría a los países conocer el destino de los préstamos o, como dicen sus promotores, la “legalidad o la ilegalidad” de la deuda contraída por nuestros países en las últimas décadas.
El primer país en avanzar con esta medida fue Ecuador. «Los hallazgos son espeluznantes, estamos estudiando la posibilidad de avanzar con las medidas legales», dijo el presidente Rafael Correa al concluir la auditoría, en septiembre del 2008.
Correa sostuvo que «muchas cosas se sabían, pero ponerlas todas juntas, sistematizadas, da escalofríos e indignación de ver cómo vendieron a la patria, ver cómo muchas veces rompieron la misma ley».
La idea se ha ido generalizando. En el Foro de Asunción se recordó que en Paraguay se está avanzando en la investigación sobre la deuda que reclama Brasil a dicho país, producto de la construcción de la represa binacional de Itaipú.
En Brasil acaban de presentarse los resultados de una auditoría sobre la deuda realizada por una Comisión Parlamentaria de Investigación, mientras que la organización Diálogo 2000 presentó, en Argentina, una demanda para que el Congreso apruebe un proyecto presentado para la creación de una comisión investigadora.
Si bien el tema implica delicados aspectos legales, como lo recordó el presidente ecuatoriano, las auditorías de las deudas externas latinoamericanas pueden poner en evidencia el modelo de desarrollo adoptado en las últimas décadas y el papel de las instituciones financieras internacionales.
“Los créditos y programas financiados por organismos internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, BID, CAF) se caracterizaron por imponer políticas neoliberales basadas en cambios del rol del Estado y el traspaso de sus recursos, infraestructura y servicios al sector privado”, afirmó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, en Ecuador.
TRATADOS DE INVERSIÓN
Los tratados bilaterales de inversión también fueron analizados en la cita de Asunción. Esto incluye el papel de los tribunales de arbitraje, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial, con sede en Washington.
La firma de esos tratados, que incluyen el acatamiento de las resoluciones del CIADI, son una creciente exigencia de las transnacionales, que los gobiernos aceptan con el argumento de que son indispensables para la atracción de inversiones extranjeras.
El argumento fue cuestionado en el Foro, donde el economista ecuatoriano Pedro Páez señaló que eso es un “mito que ha obligado a nuestros países a resignar la soberanía nacional con el supuesto objetivo de una mayor atracción de inversiones directas”. Pérez recordó que Brasil, el país que ha recibido mayor cantidad de esas inversiones, “no resignó su soberanía, ni firmó ningún tratado bilateral de inversión”.
Pérez destacó también que el próxima año está previsto que el CIADI emita diversos fallos contra Bolivia, Argentina, Ecuador y Venezuela. Para enfrentar esa realidad, el economista ecuatoriano sugirió dividir el problema en tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro.
Respecto de este último, propuso “generar nuestros propios mecanismos institucionales regionales, que tengan gran transparencia, generen un marco jurídico serio y adecuado para nuestra región, posibilitando bases firmes para el desarrollo y la integración. El camino para lograrlo es UNASUR o el Banco del Sur, donde se puede crear un sistema de arbitraje para las inversiones y también para los conflictos relacionados con la deuda externa”, señaló.
Costa Rica, que ha firmado tratados bilaterales de inversión, puede enfrentarse a ese dilema, cuya importancia quedó en evidencia en el debate sobre la mina de oro de Las Crucitas, donde el propio vicepresidente de la República, Alfio Piva, habló de indemnizaciones por $1.700 millones, cifra muy superior, inclusive, a la que alguna vez soñó la propia empresa afectada.
AGRO
El Foro puso particular atención a la situación de la agricultura en Latinoamérica, tanto en el problema de la concentración de la propiedad de la tierra, como en los efectos de los agronegocios para el ambiente y la economía de nuestros países, provocando el desplazamiento de miles de familias campesinas.
“El modelo de producción agrícola-exportador a gran escala, instalado en las últimas décadas en América Latina, ha llenado los campos del continente de monocultivos y plantaciones transgénicas, provocando la devastación de la biodiversidad y la destrucción de las tierras campesinas e indígenas”, señalaron los participantes en el evento.
Los monocultivos –producción a gran escala de una sola especie foránea, planteada para la exportación– invaden las tierras de campesinos y comunidades indígenas “con nefastas consecuencias, como la reducción de la tierra destinada al cultivo familiar y la expulsión de sus habitantes hacia la ciudad”.
En Brasil, donde el agronegocio invade las tierras y acelera el proceso de concentración de la propiedad, el último censo reveló que “15.012 terratenientes con propiedades superiores a 2.500 hectáreas, son dueños de 98 millones de hectáreas. Son los terratenientes del agronegocio que, representando menos del 1% de las propiedades rurales, controlan el 46% de la superficie total de las tierras del censo”.
Es una situación que se repite por todo el continente y que contribuye a aumentar las tensiones sociales y el deterioro del ambiente, denunciaron los participantes en el Foro.