La historia repetida. Sicariato económico, sicarios autóctonos. Con la vieja metodología del creciente endeudamiento externo regresó la vieja moda al país: política pública dictada por organismos financieros internacionales, y democracia significando votar por quienes se hacen elegir convenciendo por su “idoneidad, capacidades y vocación de servicio”, para luego  dedicarse a cumplir fielmente postulados externos con el manual bajo el brazo. La administración de la cosa pública no se concibe de ninguna otra forma que no sea promover la empresa privada.
Objetivo: terminar de descarrilar toda la actividad estatal democratizadora que ha hecho a Costa Rica destacarse en desarrollo humano. “Vanifican” así el artículo 50 de la Constitución sobre el adecuado reparto de la riqueza. El interés público se desvanece o se tergiversa fomentando la desigualdad. Por eso el retroceso que ya se conoce Neoconservadurismo.
Ese y no otro, es el real contexto de la controversia Gobierno-Universidades Públicas por el financiamiento de la educación superior. “Malabarismos discursivos” y falacias de autoridad, lo demás es relleno, marketing, estrategia, manejo de opinión para desacreditar y permeabilizar la barrera que significan estima y prestigio que protegen a las universidades públicas. Una especie de impostura.
Me apoyaré en dos documentos: El primero -pero no el más antiguo-  por ser el libreto donde se habla de la universidad pública necesaria: “Competitividad en Costa Rica”/ Gobierno de Costa Rica y Banco Mundial, 11 de junio de 2009. “Chupando rueda”, 60 universidades privadas. “El equivalente” a centros de estudios superiores en Estados Unidos. “Proliferación no controlada” y “situación confusa (¿?) de la calificación de los graduados”. Aun así, el nivel de acceso es bajo comparativamente con otros países de la región. O sea, a los graduados de secundaria les cuesta realmente ingresar a la educación superior, por los costos de oportunidad o económicos.
Pero la solución no está en fomentar la creación de instancias privadas de investigación (cuyo rigor, calidad y objetividad estarían igualmente en duda), ni exigirlas o incrementar las exigencias a la calidad en los centros privados que además no generan conocimiento mediante investigación, sino, echarle el guante a la inversión pública, para ponerla a transferir conocimientos al sector privado. Renuncio a pensar en el acto suicida que ocurriría si se acepta el perverso endeudamiento con esos organismos financieros.
Es por eso que, autonomía, cuyo significado ha sido atacado sistemáticamente y financiamiento estatal a la educación superior, vienen a ser -sin ningún maquillaje- “obstáculos”. Ambas, circunstancias señaladas categóricamente en el documento de marras. La primera porque así como está no deja chance a los márgenes de maniobra y direccionamiento según requerimientos. Lo segundo, porque no crea la necesidad para la búsqueda de “fuentes flexibles de financiamiento” como lo son: empeorar el ya cuestionado bajo acceso a la educación superior,  sometiendo a los estudiantes y sus familias a recurrir a empréstitos, o, albricias, operacionalizando la investigación universitaria al servicio de las exigencias de la empresa privada, eso, a lo que llaman transferencia.
Mercantilización del conocimiento público. Es decir “outsourcing”, pero como el interés no es reducir costos esta vez disminuyendo los ingresos de los trabajadores, no se hace obligando a la entidad pública a contratar afuera en la empresa privada, sino al revés.  Nada nuevo o inédito. Más bien bastante añejo. Algo que de por sí no nos es extraño incluyendo cuestionamientos éticos, blanqueo y apalancamiento de algunas políticas.
El segundo documento es de Marcos Brito (“¡Que el conocimiento público sea de público conocimiento!”). Por contraste con el fondo del asunto que tratamos, se encuentra accesible en el siguiente enlace “maligno”: http://www.softwarelibre.cl/drupal//?q=node/767. Publicado el 12 de agosto de 2006: “Este texto tiene como base la exposición realizada en la primera jornada del III Encuentro de Trabajadores de las Universidades Nacionales, llevado a cabo los días 28 y 29 de Octubre de 2005 en Buenos Aires, y fue mejorado como producto del debate realizado”.
Se trata de un recorrido histórico contrastado con actos de corrupción de la cuestión. Nos relata Brito cómo, en una orgía, mercaderes del conocimiento, políticos y empresarios, se “despellejan” dentro y fuera de las universidades públicas para ir transformándolas mediante ese eufemismo de “transferencia tecnológica”.
Convirtiéndolas de creadoras de conocimiento a lucrativas o convenientes proveedurías para el sector privado. La “universidad pública concesionada”. El papel del Banco Mundial e instrumentalización del CONICIT, así como “sustitución del financiamiento estatal”, tienen su antecedente en Argentina. Recuerdan. El país que fue prácticamente llevado a la quiebra con ese tipo de políticas.
En nuestro caso, relaciones entre universidades y empresas se promueven como opción bendita (si se aleja de la mala influencia de las ciencias sociales que además son una pérdida de tiempo y recursos).
Paradójico si consideramos el tradicional rechazo de los gobiernos neoliberales a considerarlas como fuente de luz en temas polémicos, particularmente si no les son ideológicamente favorables por su rigor técnico y académico independiente. No sé cómo tamizarán eso que llaman eficiencia, pero en eficacia parece que las universidades públicas han sido realmente deficitarias. Por eso se extinguieron los estadistas.