Reducir las negociaciones (una lucha ciertamente) por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) a un aspecto eminentemente económico -como se ha querido ver en aquellos dos campos pagados-, significa una verdadera falacia de tipo reduccionista; esto es, la proposición de un argumento cuyo propósito o intencionalidad persigue concretar u obtener, vía métodos falsos, desleales, impropios… en fin, persuasivos, objetivos o finalidades específicas; y reduccionista, dado que procura conformar mediante prejuicios, descartes u omisiones adrede y hábiles palabras una simplificación de la realidad que el asunto en su conjunto interpela o conlleva, todo ello, desde luego, en clara coincidencia con la lógica de un eventual sesgo ideológico -que en este caso no difiere de aquel propugnado por el neoliberalismo-.
(Parte I)
De esta manera, permítaseme describir algunas de las razones que los referidos discursos exponen. 1) Decir del FEES -del 13% de financiación presupuestaria solicitado- un “aumento automático {del 8% anual} en las planillas universitarias” significa invisibilizar, según el proceder de la falacia aludida, ámbitos integrales de las Universidades Públicas como lo son la investigación y la acción social.
Lo anterior sucede no porque los ministros -algunos(as) quizá- sean ignorantes profesionales, sino porque estas actividades adscriben, desarrollan y re-producen cierto modelo social, político, económico y cultural que en Costa Rica hemos conocido, mediante el sustento que la Constitución Política de 1949 auspicia, como nuestro Estado Social de Derecho, cosa que a Luis Liberman (un cowboy de las finanzas) y asociados les molesta sin duda alguna. Por lo tanto, dicha invisibilización no es casual, antes bien ella pretende una censura, un obstinado reproche -bastante violento por lo demás- de aquello que constituye nuestra institucionalidad en tanto Estado Social de Derecho.
2) Asimismo, de ambos discursos podemos hablar -con cierto tono de sospecha- de la existencia de una posible estrategia, por parte de los ideólogos del Gobierno (buenas personas afines al FMI y al Banco Mundial), para relacionar, en una suerte de analogía, la legítima apelación del FEES (la cual, encuéntrase facultada desde el mismo artículo 85 de la Constitución Política) con el caso grotesco que al principio de la actual administración acaeció a raíz de aquella tentativa de aumento salarial que algunos(as) diputados aclamaban. Dicha estrategia busca, de manera implícita, formar y proyectar ante la opinión pública un descontento o repudio similar a aquel representado por estos mismo diputados(as), antes bien, en torno a la cuestión y transfondo que el FEES involucra, generando, de este modo, que toda reivindicación al respecto del tema resulte convertida en la imagen que estos legisladores inspiraron con su afán, ya que si su pretensión no consistió realmente en granjearse tales salarios -“onerosos sobresueldos” como han dicho-, todo el juego y berrinche ejecutado intentaba instituir la plataforma de todo un imaginario, toda una mistificación en torno al FEES, sospecha que expresa una absoluta previsión de los acontecimientos venideros por parte de la (artificiosa) inteligencia Nacional (con mayúscula hegemónica) -los cuales se aúnan a los de abril de 2010 cuando ocurría el asalto a las instalaciones de la UCR por oficiales del OIJ e igualmente con el caso acontecido en el TEC; entre otros-; por otra parte, si tal conjetura no procediese del modo expuesto, hablaríamos entonces de una auténtica lección de oportunismo en la cual los frutos de la ineptitud e intransigencia gubernamental establecen los trazos ulteriores de recurrentes diseños de dominación -identificables, sin mayor impedimento, por las gráficas heroicas que en ambos casos a la Patria salvan de la desmesura universitaria-.