Hace dos años y dos meses se promulgó la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD); único proyecto que se aprobó para paliar los efectos adversos del TLC con los Estados Unidos.
Los beneficiados serían los micro y pequeños empresarios que teniendo proyectos económicamente rentables y factibles no pudieran accesar a recursos bancarios, ya fuera por falta de garantías o porque el plazo de retorno del proyecto fuese muy extenso.
La ley se hizo necesaria por cuanto la banca nacional carece de programas de inclusión financiera, y condena a los sujetos arriba indicados al mercado informal de crédito o a categorías bancarias muy onerosas como: crédito personal, tarjetas de crédito; cuyas tasas de interés por elevadas, equivalen en muchos casos, a traspasar las ganancias del negocio a los prestamistas. El SBD garantizaría a los sujetos de este, tasas de interés competitivas (bajas).
Para tal fin en la ley se crearon tres fondos de dinero, dependiendo de la fuente de los recursos, a saber: a) recursos propios de Estado (FINADE), unos ¢35.000 millones, b) recursos del 17% de las cuentas a menos de 30 días captados por los bancos privados (Peaje) unos ¢150.000 millones, c) el 5% de las utilidades de los bancos del Estado. En total cerca de ¢190.000 millones.
El espíritu de la ley se quedó en eso…, en espíritu, ya que en la práctica, en lo concreto, la ejecución de la ley ha sido muy distinta. Veamos algunos ejemplos:
La definición de PYMES en Costa Rica, a mi parecer, está descontextualizada. Empresas de hasta 5 empleados se denominan microempresas; empresas de 50 empleados, pueden ser llamadas pequeñas y, empresas de hasta 100 empleados se les puede denominar como medianas, hay otros parámetros que se consideran para esta clasificación; pero el anterior nos da una idea del tamaño de lo que se llaman MIPYMES en Costa Rica.
Quizás en países desarrollados esa definición estará bien, en Costa Rica, me temo nos queda grande. Con esas definiciones los bancos preferirán darle crédito a las “MIPYMES” grandes y luego saldrán a ventilar su responsabilidad social, sin impactar en nada a los excluidos del sistema financiero.
El Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, no entendió quienes eran los sujetos de crédito y ha direccionado sus esfuerzos a los grupos de empresarios existentes. Como prueba, presento las palabras de Don Francisco Lay, máxima autoridad de la SUGEF, dadas en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, donde señaló: “Cuando leímos la Ley hicimos un primer ejercicio de normativa, orientados a micro finanzas, y la posición del Consejo Rector, fue categórica: nosotros no vamos a entrar en esa actividad.
Porque pensábamos que esto se iba a hacer como en el resto del mundo, como en el resto de América Latina, con créditos máximos de $8.000, $10.000 dólares; porque créditos de $1.500.000.00 de dólares, eso es un deudor que debe tener garantía, capacidad de pago, eso es la banca comercial, o sea, prestar $1.500.000.00 de dólares, $200.000.00 dólares, ó $500.000.00, no quedan  enmarcados dentro de las actividades de Banca para el Desarrollo.” (Acta N.º 64 del 2 de marzo de 2010).
Sin supervisión diferenciada los bancos del Estado están menos interesados en canalizar esos recursos a los excluidos. Además, eso demuestra que los miembros del Consejo Rector tergiversaron el fin de la ley.
La ley del SBD creó un Fondo de Avales y Garantías, para que sirviera de fiador parcial de aquellos microempresarios que no tuvieran activos para respaldar el crédito.  No obstante, el CONASSIF estableció que cada colón del Fondo de Avales y Garantías solo puede avalar un colón de préstamo. Partiendo de una premisa falsa; esto es, de que todo lo que se preste se perderá.
A pesar de que ningún banco canalizará recursos del SBD a proyectos que no sean rentables, ya que ellos perderían dinero también, pues el aval solo cubre parcialmente el préstamo. Esto es otro golpe de gracia a la capacidad de inclusión financiera, pues le cercena el poder de garantía ante el sistema financiero. Es semejante a exigirle al INS que posea recursos en la misma magnitud del monto de los bienes asegurados, lo cual es  imposible e ilógico.
Los recursos del SBD deben estar depositados en algún banco del Estado para que los demás bancos estatales los accedan y los presten. Se escogió al BANCREDITO, pero pudo ser cualquiera.  Ante esta decisión de los legisladores, el CONASSIF reaccionó de manera desconcertante: decidió contabilizar como préstamos del BANCREDITO, cualquier uso del peaje que haga cualquiera de los otros dos bancos del Estado.
Recordemos que esto recursos ascienden a unos ¢150.000 millones y que no son recursos del BANCREDITO. Tal decisión del CONASSIF, hace imposible el uso de ese dinero, pues BANCREDITO ni tiene patrimonio para respaldarlo, ni tiene interés en hacerlo pues no le genera rentabilidad suficiente. Así, quienes creímos que habíamos logrado que los recursos del peaje llegaran a los excluidos del sistema financiero, nos sentimos burlados de nuevo, ya que desde 1995, mediante reglamentos arreglados las autoridades financieras han logrado hacer inoperantes el uso de tales recursos.
Se quería que los recursos del SBD, estuvieran disponibles para cualquier micro o pequeño empresario sin distingo de actividad productiva; sobre todo respondiendo a la demanda de los recursos. No obstante, el Consejo Rector del SDB, ideó a hacer “buchacas” para asignar a dedo los recursos. Esas “buchacas” ni siquiera han sido desembolsadas, pero están asignadas para actividades específicas siguiendo la sapiencia asignativa del Consejo Rector.
Se percibe poco interés de los bancos estatales en promover la inclusión financiera, con la excepción del más pequeño que ha hecho cosas muy interesantes en este ámbito. Tampoco ha habido directriz alguna del Poder Ejecutivo para que los bancos Estatales apoyen el SBD.
Hay otros aspectos no menos importantes que han afectado el SBD, lo que no se puede aceptar es el argumento de que el SBD no funciona y que por tal razón no vale la pena, como parece ser el criterio de algunos “entendidos”, al contrario se deben hacer los ajustes necesarios para que opere con eficiencia.
CIENTO CINCUENTA MIL MILLONES que representa el peaje bancario, tiene muchos y muy grandes enemigos, pero quienes más necesitan esos recursos son los miles de costarricenses emprendedores que hoy  son excluidos del sistema financiero o peor aun quedan en manos de los usureros formales e informales.