Dardos apuntan a piezas clave del Gobierno en la negociación de JAPDEVA
Grupos opositores dicen que se demostró que el Gobierno de los hermanos Arias actuó arbitrariamente.
Luego que la Sala Constitucional declaró con lugar dos recursos de amparo y restituyó a la directiva sindical SINTRAJAP, el sindicato de la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), el Gobierno sufre un revés en sus planes de concesionar los puertos a la empresa privada, se ve obligado a una negociación y los dardos apuntan contra las piezas claves de la administración que lideran el proceso.
Por violaciones al debido proceso, la Sala Constitucional anuló los acuerdos con que el grupo de Douglas Brenes, afín al Gobierno, desplazó de la directiva al grupo de Ronaldo Blear, opuesto a la concesión, en un proceso que fue denunciado como irregular por estos pero que el Ministerio de Trabajo avaló.
La sentencia de la Sala cayó como balde de agua fría solo horas después de que el Ministro de la Presidencia, Marco Vargas, y el Ministro de Obras y Transportes, Francisco Jiménez, defendieran la transparencia del proceso de licitación para la construcción de una nueva terminal para contenedores en Moín, que la oposición legislativa pidió declarar desierta, entre otros motivos porque solo participó un oferente.
El pronunciamiento judicial falseó la posición del Gobierno que aceptó la necesidad de replantear el proceso de concesión de los muelles actuales y entrar a una negociación, la que se verá dificultada por la desconfianza que generan en la oposición y los sindicatos los dos principales interlocutores oficiales: Jiménez y Vargas.
El panorama se complica tras la decisión adoptada por la Asamblea Legislativa a petición de todos los partidos opositores de crear una comisión especial investigadora de las concesiones, que incluye  los procesos para concesionar los puertos del Caribe, administrados por JAPDEVA, donde el ministro de la Presidencia eventualmente sería uno de los indagados.
La creación de la comisión se decidió luego de fuertes altercados entre los diputados de oposición y los oficialistas que se oponían a la moción, y en medio de crecientes denuncias sobre incumplimientos de los contratos de concesión y fallas en la fiscalización por parte de los órganos encargados del Estado, incluida la Contraloría General de la República (CGR), de lo que UNIVERSIDAD dio amplia información en la edición de la semana pasada (ver nota aparte: “Pondrán las concesiones bajo la lupa”). Las bancadas de oposición celebraron el fallo como una condena a las prácticas “prepotentes y antidemocráticas” de la pasada administración de Óscar Arias, y urgieron la celebración de un diálogo nacional sobre los puertos de Limón.
De acuerdo con José María Villalta, diputado del  Frente Amplio, el voto de la Sala Constitucional demostró que el Gobierno de los hermanos Arias actuó arbitrariamente con una conducta propia del Estado totalitario, que no respeta a quienes piensan de forma diferente, que persigue a las organizaciones sociales libres y autónomas que tienen posiciones distintas. Este voto restablece el respeto a la democracia en el caso de los trabajadores de JAPDEVA, afirmó Villalta durante una conferencia de prensa conjunta realizada en la Asamblea Legislativa por los jefes de fracción opositores y dirigentes sindicales.
“Aquí lo que hubo fue un golpe de Estado totalmente antidemocrático, porque el sindicato legítimo se opuso a la corrupción, al no aceptar el soborno que los hermanos Arias les ofrecen a los trabajadores de JAPDEVA para que acepten la privatización: un soborno de $137 millones (¢80.000 millones) que tendrían que pagar los usuarios de los puertos”, afirmó Villalta.
Según Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el mensaje del fallo de la Sala Constitucional es que los gobiernos no deben meterse en los asuntos internos de los sindicatos, ni para poner dirigencias serviles. La democracia permite el funcionamiento autónomo de los sindicatos y son sus afiliados y afiliadas los que deciden los asuntos internos de estas agrupaciones, señaló.
El fallo de la Sala IV “descalabra el guión que diseñaron los hermanos Arias para lograr la privatización de los muelles de Limón y de Moín, y de paso hacer un gigantesco negocio, porque aquí hay un gran negocio donde hay bufetes, consultores, técnicos y representantes de empresas”, aseveró.Añadió que el escenario ahora cambia totalmente, porque la Sala dice que está todo mal hecho, y porque en el mismo sector empresarial hay molestia y le están zafando la tabla al proceso de concesión precisamente por la elevación de tarifas que viene.
“Pienso que lo que resolvió esto es el puñetazo en la mesa del Gobierno que dieron los empresarios y sobre todo los exportadores del país. Es una locura que de una tarifa de  $92 pasemos a pagar  $300 y resto, ese salto no se lo aguanta nadie”, dijo Vargas en alusión al precio tope de la tarifa para el movimiento de contenedores que estaría indicado en la licitación del nuevo puerto en Moín.
Por otra parte, señaló que la “agresión” a SINTRAJAP es el primer caso abierto a la luz del capítulo laboral del tratado de libre comercio (TLC) con EE.UU. en un expediente que está tutelado por el sindicato AFL-CIO con el respaldo de los sindicatos costarricenses.
Afirmó que los golpistas sindicales vinieron desde las esferas de la administración Arias y de una u otra forma han sido avalados  por la presente administración.
Añadió que obviamente la decisión de la Sala IV no la tenían contemplada en el Gobierno, pero en el sindicato sí había esperanza, porque un caso similar que ocurrió en 1984 con la propia ANEP, que estuvo intervenida durante seis meses por el Gobierno de Luis Alberto Monge, hasta que una sentencia de la Corte Suprema lo obligó a devolverle la personería jurídica a la directiva sindical.
“Ahí se generó toda una jurisprudencia que incluso tuvo resonancia internacional al amparo de OIT (Organización Internacional del Trabajo) que sirvió de base para plantear este otro caso. Por eso no veíamos por dónde la Sala Constitucional podía resolver en contra del camino andado en materia de intervención del Gobierno en asuntos sindicales, porque eso es lo que hay aquí”, señaló Vargas.
En su criterio, Marco Vargas y Francisco Jiménez deben renunciar, no solamente por el bien del estado democrático que ellos dañaron con sus actuaciones, sino también porque sería un paso para generar confianza para un diálogo sobre la modernización de los puertos.
También merecen censura José Joaquín Orozco, Eugenio Solano y Alfonso Solórzano, altos funcionarios del Ministerio de Trabajo con una larga trayectoria como especialistas en los convenios de la OIT en materia de autonomía y gobierno sindical, pero que aun así “le entregaron el Ministerio a la Casa Presidencial para legitimar esos movimientos que hicieron contra el sindicato”, afirmó.
Es desde el movimiento sindical que se posiciona la vigencia del estado de derecho y del respeto pleno a la Constitución, recalcó Vargas.
Cabe recordar que la destitución de la directiva sindical encabezada por Blear se dio en medio de un polémico proceso en que el Ministerio de Trabajo que en un tiempo récord presentó una acusación en el  juzgado contra los directivos por presuntas “prácticas antisindicales”, y a pesar de que se logró una conciliación y se fijó fecha para convocar asamblea de trabajadores, el Ministerio aceptó como válidas asambleas convocadas en el ínterin por el grupo de Brenes, donde se eligió una nueva directiva que fue reconocida por el Ministerio.
En su oportunidad, UNIVERSIDAD dio a conocer documentos del propio Ministerio donde se revelada una trama urdida desde el mismo despacho tendiente a apartar a la directiva que obstaculizaba los planes de concesión impulsados por el Gobierno.
Entre tanto, los dirigentes de SINTRAJAP se presentaron el lunes ante la Ministra de Trabajo, Sandra Piszk, para pedirle que fije fecha para retomar la negociación de la convención colectiva que había quedado truncada con su destitución.
La sentencia de la Sala devuelve las cosas al punto de origen, y en el origen lo que hay es una convocatoria formal del Ministerio de Trabajo para negociar la convención colectiva, a la que el sindicato había respondido que asistiría, pero que el Gobierno pospuso en tres ocasiones y lo que procede es retomarla, según dijo José Luis Castillo, secretario de Finanzas del sindicato.
“Si no mienten, si no quieren engañarnos, si son sinceros y si nos respetan como deben respetar en una verdadera negociación y un verdadero diálogo podemos llegar a acuerdos”, afirmó.