La concesión del nuevo muelle de Limón estará en la mira de la comisión investigadora de concesiones.
En momentos en que es incierto el resultado final de la licitación abierta para concesionar la construcción de un muelle nuevo en Moín, Limón, que la oposición pidió al Gobierno declarar desierta, por otro lado se da un avance hacia la negociación del conflicto entre el Gobierno y el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), en torno al plan paralelo oficial de dar en concesión también los muelles actuales del Atlántico.
La Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y la restituida dirigencia de SINTRAJAP acordaron iniciar la negociación de una nueva convención colectiva de trabajo.
 
Las negociaciones se realizarán los días miércoles y viernes en la sala de sesiones de la junta directiva de JAPDEVA en Limón. Y mientras se logra firmar una nueva convención regirá la que estaba vigente al  2009.
Tal fue el acuerdo firmado el viernes pasado por la Administración de JAPDEVA, encabezada por el presidente ejecutivo Allan Hidalgo, y la directiva sindical liderada por el secretario general Ronaldo Blear, reunidos en el Ministerio de Trabajo en San José. (Ver recuadro “Acuerdos”.)
Con esto, se despejó la nebulosa que habían creado en cuanto a si la convención estaba vigente, con lo que trataban de crear temor entre los trabajadores, dijo José Luis Castillo, secretario de Finanzas de SINTRAJAP.
En el encuentro, abierto al público mediante transmisión por Internet, el sindicato reiteró su rechazo a la concesión de las instalaciones portuarias actuales, las que pide modernizar y conservar en manos del Estado.
Blear y sus compañeros fueron reinstalados como legítimos representantes sindicales por el Tribunal Constitucional de la Corte Suprema, que el pasado 24 de agosto declaró con lugar dos recursos de amparo con los que anuló, por violaciones al debido proceso, los acuerdos de asambleas convocadas en enero por un grupo de miembros del sindicato afines a la Administración, que nombraron una nueva directiva y firmaron una nueva convención aceptando el ofrecimiento de $137 millones que les hizo el Gobierno a los trabajadores para que aceptaran el cambio de modelo de operación de los puertos.
Lo que cuestionó la Sala Constitucional es la forma en que se establecieron las asambleas de trabajadores que, en última instancia, abrían la posibilidad de cambiar el modelo de gestión de los puertos, apuntó el ministro de la Presidencia, Marco Vargas, quien ha liderado los procesos de concesión de los puertos, desde el anterior Gobierno cuando era Ministro de Coordinación Institucional, junto con el Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), anteriormente presidente de JAPDEVA, Francisco Jiménez.
“La Sala ha considerado que hubo una falla y como tal yo respeto el pronunciamiento de la Sala”, destacó Vargas, tras afirmar que ha sido claro y transparente en sus posiciones en cuanto a que lo que le conviene al país es la concesión, pero ahora lo que viene es un período de diálogo y que se pueda buscar la modernización de los  puertos.Sin embargo, puntualizó, la licitación para la construcción de la nueva terminal de contenedores en Moín (TCM) es un proceso distinto, y sigue adelante.
En este caso se trata de la construcción de una infraestructura de 1,5 km en Moín especializada en el movimiento de contenedores, a un costo de más de $900 millones, lo que sería la mayor concesión de obra pública en el país.
EN ESTUDIO
Vargas explicó que la única oferta recibida (el pasado 17 de agosto) está en estudio por parte del órgano técnico. Si el aspecto técnico pasa, entonces se abrirá la oferta económica, que es donde ha habido inquietud de parte del sector privado (en relación con el monto de las  tarifas propuestas), y si los términos económicos no son de conveniencia nacional se declararía desierta como cualquier otra licitación, aseguró el Ministro.
El análisis de la oferta debería estar listo en 45 días a partir de la recepción, según informó en su oportunidad el presidente de JAPDEVA en entrevista para este semanario (ver UNIVERSIDAD, edición del 25 al 31 de agosto del 2010).La comisión de evaluación está presidida por Edwin Rodríguez, el actual secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
Hace dos semanas, los partidos de oposición le solicitaron al Gobierno declarar desierta esa licitación, ante inquietudes manifestadas por las cámaras empresariales por lo elevado de las tarifas propuestas en el cartel, y dudas sobre la transparencia del proceso.
En particular, los diputados cuestionaron que solo presentara oferta una empresa (la APM, de la portuaria holandesa Maersk), a pesar de que las autoridades aseguraban que había más de 60 interesados.
Pero, según se comenta en círculos informados de la manera cómo se ha llevado el proceso, desde el inicio se conocía cuál era la empresa que participaría, y ante la eventualidad de que se declare desierto el concurso el problema que tienen es la cantidad de plata que han gastado.
Este proceso de concesión sería uno de los temas para incluir en la agenda de la comisión especial que la Asamblea Legislativa acordó integrar a pedido de los partidos de oposición, para investigar las concesiones en el país. La comisión debería quedar instalada esta semana para empezar a funcionar, según solicitaron los jefes de fracción al presidente del Poder Legislativo, la semana anterior.
Entre los objetivos de la investigación estarían presuntas fallas de la  Contraloría General de la República y del CNC en el manejo y fiscalización de las concesiones. Uno de los temas de análisis podría ser, por ejemplo, un acuerdo firmado en junio pasado por el ministro del MOPT, Francisco Jiménez, mediante el que presta personal del CNC para trabajar en la Asamblea Legislativa, lo que está expresamente prohibido por ley. (Ver recuadro “Pese a la prohibición”.)

Acuerdo
-Las partes aceptan que se mantendrá vigente la Convención Colectiva acordada para el período 2006-2007 y prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2009, en el tanto se mantengan las negociaciones para acordar una nueva convención colectiva. La base de la discusión será tanto la Convención como la propuesta de la Administración.
– Las partes acuerdan que se reunirán en la Sala de Sesiones de la Junta Directiva de JAPDEVA en Limón, los días miércoles y viernes de cada semana,  de 8 am a 12 md, a partir del próximo miércoles 8 de setiembre de 2010.
– Acuerdan que durante el proceso de negociación de la convención colectiva las sesiones de trabajo y negociación serán públicas, de modo que los medios de comunicación podrán estar presentes y difundir las discusiones para que la opinión pública esté informada. Asimismo, se les entregará a las partes copia de las grabaciones, a más tardar al día siguiente de la celebración de la sesión, la cual será suministrada por el SINART (Sistema Nacional de Radio y Televisión).
Fuente: texto del acuerdo.

Pese a la prohibición
Mediante el acuerdo firmado por Luis Gerardo Villanueva, Presidente de la Asamblea Legislativa, y Francisco Jiménez, Ministro del MOPT, la funcionaria del CNC Elizabeth Briceño Jiménez fue asignada como asesora de Viviana Martín, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional. El acuerdo del directorio legislativo (sesión 008-2010) dice que se trata de un convenio entre la Asamblea Legislativa y el MOPT, pero el propio documento donde se formalizó el acuerdo fue firmado por Jiménez en su condición de presidente del CNC, y dice que la funcionaria forma parte del personal de dicho Consejo.
La funcionaria es descrita como experta en financiación de infraestructura y el préstamo rige hasta el 30 abril del 2014.El artículo 2 de la Ley 8643, que modificó la Ley general de concesión de obras públicas con servicios públicos, N° 7762, establece expresamente: “El personal propio del Consejo Nacional de Concesiones, las consultorías y asesorías contratadas, así como los demás recursos del Consejo no podrán ser destinados al servicio de ningún otro órgano fuera del mismo Consejo.”Esa fue una disposición que adoptaron los diputados con la reforma de la ley en el 2008 para evitar precisamente la práctica de trasladar el personal del CNC, que eran enviados a otras instituciones y sustituidos en sus funciones por consultores pagados con altas sumas en dólares, siendo el CNC una entidad que carece de personal capacitado y suficiente para cumplir sus funciones, según han constatado informes de la CGR y otros.
Preguntado el Ministro Jiménez sobre la razón por la se firmó tal acuerdo habiendo prohibición legal para hacerlo, dijo que la ley no prohíbe la cooperación entre instituciones, y él mismo ha hecho en el Ministerio acuerdos con diferentes instituciones para facilitar recursos y cooperación durante cierto tiempo para tareas muy específicas, comentó.
Cuando se le insistió que había prohibición expresa para el CNC, dijo que no conocía ninguna prohibición que limitara la firma de tales acuerdos, pero agregó que iba a informarse y que entonces podría responder sobre el tema.
“Este convenio en particular, con el Ministerio, tenía que ver con que la Asamblea Legislativa no tiene ingenieros y a lo largo de estos años quien ha venido apoyando la labor de ingeniería y lo que tiene que ver con los edificios y los planos ha sido el Ministerio a través de las diferentes dependencias.
Sé que existe ese convenio, sé que yo firmé uno y sé que existen otros anteriores, probablemente yo amplié el convenio”, apuntó Jiménez.