Costos a consumidor final requieren revisión integral.
Diversos expertos aseguran que las tarifas de interconexión establecidas por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), aprobadas recientemente, no se podrán mantener durante mucho tiempo, pues aunque son más justas que las fijadas en un inicio, aún no reflejan los costos reales, ni cumplen con la legislación actual.
Quienes cuestionan el sistema tarifario afirman que se están entregando los bienes del Estado, las inversiones que el país ha hecho durante 47 años con fondos públicos y comprometiendo la estabilidad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), única empresa que contribuirá a mantener la solidaridad y universalidad de los servicios.
Asimismo sostienen que las tarifas establecidas presentan una evidente asimetría, lo que ya es cuestionado por las empresas privadas que compiten en el mercado, a través de redes IP, y se debe recordar que bajo las reglas del TLC, esto es imposible de mantener, lo que desde ya enfrenta a los competidores del sector.
Hay que recordar que las tarifas de interconexión son aquellas que pagan las empresas que compiten en un mercado por facilitar la comunicación entre varios consumidores en distintos lugares del mundo y de diversas tecnologías.
En el caso costarricense, las empresas privadas ofrecen actualmente al usuario telefonía IP por medio de un router, es decir por Internet y pagan al ICE por permitir el tráfico de esas llamadas a través de su infraestructura.
Por otra parte, las tarifas establecidas siguen estando muy por debajo de lo que pagan las compañías en otras naciones latinoamericanas, por lo que el ICE continúa en desventaja.
La SUTEL definió hace unos días una tarifa de ¢3,63 para la red fija y ¢26,46 para la móvil, mostrando una variación positiva para el ICE, respecto de la primera fijación hecha en julio pasado, que planteaba un monto de ¢2,5 y ¢15 respectivamente.
Según Gerardo Fumero, del Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE, RACSA, Filial CNFL y Proyectos (SIICE), la tónica ha sido que al ICE se le exija mucho más que al resto de empresas, pero en esta ocasión la SUTEL hizo un reconocimiento a la institución, pues llevó a cabo una fijación tarifaria asimétrica.
Al ICE le corresponderá pagar a los privados ¢0,47 para la red fija y ¢3,44 en la móvil, lo que reconoce en gran medida la inversión que ha hecho la entidad a lo largo de los años.
“Debo reconocer que se hizo justicia, ya que un operador privado al dar un servicio IP únicamente requiere de un router, es decir hace una pequeña inversión, mientras que todo lo demás lo pone el ICE.  El negocio es desproporcionado, pues la entidad es la que ha realizado un 90% de la inversión”, comentó Fumero.
El problema es que la entidad no ha promocionado este tipo de servicio de llamadas por IP y ante la competencia es necesario que se ponga al día con la tecnología y ofrezca un sistema equivalente al de los privados.
Además, esa justa ventaja que se otorga al ICE y que respondió a un contencioso presentado por la entidad contra la SUTEL, ya ha levantado las protestas de las compañías privadas, las cuales han anunciado tomar acciones, advirtió el experto, quien sostuvo además, que la tarifa que se le fijó a los privados sigue siendo ridícula, si se compara con lo que pagan en otros países.
Las tarifas que pagan en Costa Rica están muy por debajo de lo que tienen fijado en otras naciones latinoamericanas, incluso las establecidas recientemente por la SUTEL son dos veces y media más baratas que lo que pagan internacionalmente. (Ver cuadro tarifas internacionales)
Adicionalmente, aunque la fijación es temporal, expertos aseguran que se está violentando la Constitución, la cual establece que no se pueden entregar los bienes del Estado y por otra parte se pasa por encima de las leyes del sector, que no permiten subsidios.
“El ICE se verá obligado a subsidiar a los operadores privados y, de paso, tendrá una enorme pérdida de ingresos en divisas, ya que los corresponsales de la institución a nivel internacional exigirán que se reduzcan las tasas de terminación del tráfico en Costa Rica, horizontalmente a las establecidas por la SUTEL para operadores nacionales.  De lo contrario, cursarán su tráfico a los nuevos operadores ya autorizados”, anunció Fumero.
En este sentido, los ingresos por llamadas internacionales salientes desaparecerán, ya que ese tráfico saldrá, probablemente, vía proveedores de telefonía IP, los que ya han sido autorizados por la Superintendencia.
El subsidio se dará, pues las empresas privadas no ven ningún incentivo en construir su propia infraestructura, ni mucho menos hacer inversiones o generar fuentes de empleo.  “Solamente requieren pagar una baja tarifa al ICE para ganar en grande”.
Para Ronald Solís, exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) hay poca transparencia en el proceso, pues aunque muchos aseguran que la apertura será de beneficio para el consumidor final, el negocio de las empresas privadas es gigantesco, ya que se montan sobre la infraestructura del ICE a un precio sumamente barato y como en su mayoría son compañías transnacionales, van a ofrecer inicialmente promociones que quebrarán a la institución.
FIJACIÓN OBLIGATORIA
Aunque a la SUTEL no le corresponde fijar las tarifas de interconexión, sino las del consumidor final, al no ponerse de acuerdo las partes, la ley establece que este órgano es el que define cuál será el pago que deberán realizar las empresas.
Esto es lo que ha sucedido con la fijación de estas tarifas, ya que por solicitud de una de las partes la SUTEL estableció el monto para pagar por la interconexión; sin embargo, éste es de condición temporal, con el objetivo de evitar que el proceso de negociación entre las compañías se detenga.
Así lo confirmó Maryleana Méndez, miembro del Consejo de SUTEL, al señalar que el proceso de negociación incluye varios aspectos, como son los de tipo legal, de índole técnico, que incluye la definición de los puntos para conectarse y los servicios, así como el elemento económico o comercial.  Este último es en el que no se han puesto de acuerdo las partes.
“Hasta el momento tenemos una tarifa temporal como una medida cautelar dentro del proceso de interconexión, sin embargo, ésta no afecta al usuario final, pues el costo para el consumidor no ha variado ni percibe ninguna afectación.  Por el contrario, los usuarios podrían percibir el beneficio de contar con un nuevo servicio”, comentó Méndez.
La funcionaria afirmó que los montos fijados se mantendrán hasta que el ICE y las empresas se pongan de acuerdo, pues la voluntad de negociación prevalece según la legislación, siempre y cuando no exista violación a los derechos de los interconectantes.
A pesar de esto, no existe un tiempo límite para la vigencia de estas tarifas, incluso de no darse un acuerdo pronto la Superintendencia podría establecer el pago por medio de una Orden de Acceso, mecanismo que es de una mayor permanencia y sujeto a revisión cada año.
De acuerdo con Ronald Solís, esta falta de acuerdo entre las partes es un mal presagio, pues si en la etapa inicial no logran convenir las tarifas es probable que no lo logren en ningún otro momento.
“Me parece que es un error definir las tarifas únicamente en función de los costos del ICE, ya que se debería realizar un análisis comparativo de los lugares donde operan las empresas que están compitiendo y lo que pagan en esos lugares, donde estoy seguro que cancelan montos muy por encima de los que tienen acá”, comentó Solís.
TARIFAS AL CONSUMIDOR
Según Solís las nuevas empresas vendrán a romper con el sistema de solidaridad, pues actualmente el ICE ha mantenido una fijación de tarifas al consumidor subsidiadas, de manera que el 80% de la población gasta poco, pero el otro 20% compensa el consumo, y de esta forma, todas las personas han podido tener teléfono a precios razonables.
No obstante, las empresas que entrarán a competir brindarán los privilegios a ese 20% de grandes consumidores, con tarifas más baratas y obligando al ICE a subir las suyas, y a la vez aumentando el costo de telefonía para la mayoría de la población.
“Con el afán de debilitar al ICE se le ha impedido ajustar sus tarifas durante muchos años y aunque en un inicio el mercado será regulado, en el momento en que la SUTEL considere que hay libre competencia los precios se dispararán y la institución ya no podrá mantener el negocio”, resaltó Solís.
Sobre este tema, Maryleana Méndez de SUTEL confirmó que en efecto las tarifas al consumidor se han mantenido estables por mucho tiempo y es necesario que sean sujeto de una revisión integral, pues existe un rezago por los conflictos anteriores a la apertura de mercado que han estancado los precios.
“Por ese motivo es que requerimos que el ICE nos de toda la información que tenga sobre sus costos de operación y de esta forma someter a análisis el valor del servicio fijo y móvil.  Podría ser que las tarifas aumenten un poco o que bajen, eso dependerá de la información que obtengamos”, señaló la funcionaria.
Méndez recalcó que a lo interno del ICE es necesario que se desarrolle una revisión del sistema de costos, pues puede ser que a lo interno ellos estén subsidiando un servicio con otro, lo que en un modelo de libre competencia no funciona, sino que cada producto debe ser sostenible por sí mismo.