En la madrugada del 26 de agosto, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) firmó con los ministros de Gobierno un acuerdo para implementar el V Convenio para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), a espaldas de la comunidad universitaria, desoyendo la voz de las organizaciones de estudiantes y trabajadores(as) e incluso sin ninguna consulta previa a los respectivos Consejos Universitarios de las cuatro universidades públicas, colocándonos frente a un hecho consumado.
El 21 de septiembre el diario La Nación reproduce declaraciones de la rectora de la UCR Yamileth González en el sentido de que se realizan investigaciones para valorar sanciones contra estudiantes y trabajadores que participaron en acciones de protesta contra el mencionado acuerdo CONARE-Gobierno, incluyendo la toma de la Rectoría y de Ciencias Sociales.
 
Es sumamente grave que autoridades universitarias se sumen a una campaña de criminalización de la protesta social, en sintonía con los discursos neoliberales de “mano dura”. Se obvia que la  reacción de molestia de estudiantes, trabajadores y trabajadoras por la forma intempestiva e inconsulta en que las  y los rectores pactaron el V Convenio FEES, se está transformando en una  “cortina de humo” para centrar las baterías contra los supuestos revoltosos, y no entrar a discutir a profundidad lo que en verdad pactó CONARE y las graves consecuencias que implica para el futuro de las universidades públicas.
Para entrar en el fondo del asunto y separar la paja del grano, a continuación esbozamos seis severas críticas al pacto CONARE-Gobierno:
El acuerdo es bastante restrictivo desde el punto de vista financiero, pues fija el crecimiento real en un 7%  en los años 2011 y 2012, y en un de 4.5% en los tres años subsiguientes: 2013, 2014, 2015, alejándose sustantivamente de la última propuesta definida por CONARE de 11 % y más aún de la del 13 % de crecimiento real que convinieron anteriormente las y los rectores con el movimiento sindical y estudiantil. Este pacto implica un recorte considerable del crecimiento del FEES, con serias consecuencias para estudiantes y trabajadores(as).
El acuerdo incorpora $200 millones, provenientes de un empréstito externo, lo que implica someterse a la dependencia de los organismos financieros internacionales y sus condicionamientos, endeudar más al país, factura que a la larga pagaran los sectores populares.
Una vez firmado el acuerdo, al día siguiente, el Ministro de Hacienda manifestó que el incremento en 2 puntos porcentuales en los años 2011 y 2012, se hará a costa de cercenar el presupuesto del Ministerio de Educación Pública. Jamás debe aceptarse que se deteriore la educación en el nivel de primaria y secundaria, para financiar la educación superior pública.
Contra las propias declaraciones de los rectores el día anterior a la firma del acuerdo, CONARE acepta que se sujete el financiamiento universitario a la recaudación fiscal, lo que las somete por ende a la aprobación del paquete de impuestos que se descargará sobre las espaldas de los sectores populares.
Lo peor de todo es que de esa forma CONARE da un espaldarazo político al Gobierno, al avalar el paquetazo de impuestos, a cambio del espejismo de que, de ser aprobado dicho paquete por una Asamblea Legislativa tan impredecible como esta y de producirse un crecimiento sustantivo de la economía (lo que está “en la cola de un venado”), se le aplicaría eventualmente a las universidades públicas un 1.5% del PIB durante el 2013, 2014 y 2015, o sea, este aval político se da en realidad a cambio de nada, o digamos al menos, a cambio de una posibilidad muy pero muy remota.
Los rectores pactaron además que solo las carreras acreditadas por SINAES, en sintonía con las disposiciones del Banco Mundial en la materia, elevarán los cupos. Este mecanismo es siniestro, porque implicará la promoción de determinadas carreras, en detrimento de otras o incluso llevando a  algunas de ellas a su extinción. Sabemos a ciencia cierta que, a través de este mecanismo, se presionara para hacer crecer las carreras tecnocráticas y rentables al empresariado, en contra de áreas como ciencias sociales, letras o bellas artes.
Para rematar el acuerdo suscrito por los rectores acepta que el régimen laboral se sujete a criterios de “productividad” en concordancia con el modelo neoliberal, lo que es de prever llevará a aplicar instrumentos punitivos como el manual de evaluación del desempeño que está en curso en la UCR.
En síntesis, más allá de colones más o colones menos, más allá de los meros números, lo cierto es que CONARE con esta pésima negociación ha puesto en entredicho la autonomía universitaria y al ceder  al chantaje del Gobierno, ha abierto la puerta al modelo neoliberal de Universidad, y mientras tanto la rectoría anuncia investigaciones para sancionar a la disidencia.  ¿Es esto “lucem aspicio”?