La Auditoría Electoral Ciudadana denunció la falta de regulación en la excesiva presencia mediática de partidos.
La poca regulación en la cantidad de propaganda publicada en los medios de comunicación,  en las elecciones de febrero pasado, provocó una presencia excesiva de partidos políticos tradicionales, lo que afectó el derecho a la información de gran parte de la ciudadanía, por lo que se requiere un cambio en las reglas para garantizar un espacio mínimo a todas las agrupaciones participantes, señaló el segundo informe de la Auditoría Electoral Ciudadana “Acceso de los partidos a los medios de comunicación durante la campaña electoral”.El documento fue elaborado por Óscar Jiménez y Juan Pablo Sáenz, estudiantes de cuarto año de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, quienes indicaron en dicha investigación que además los medios de comunicación se defienden al amparo de la libertad de expresión y de empresa, para publicar la propaganda según criterios propios, haciendo a un lado el derecho de la población a contar con información equilibrada, más allá de las notas informativas producidas por esas empresas.Asimismo, efectuaron un recuento de los vínculos entre los partidos políticos con mayores capacidades económicas y medios privados, lo cual pudo haber significado un trato preferencial al momento de solicitar cabida en la pauta publicitaria. El primer informe de la Auditoría Electoral Ciudadana, denominado “Sufragio como derecho cívico y laico”, se dio a conocer hace dos semanas; en total son ocho avances que analizan diversos puntos de los últimos comicios presidenciales (ver en edición 1871: “Evidencian poco control del TSE sobre Iglesia Católica”). DESIGUALDAD EN ACCESO
Jiménez y Sáenz explicaron a UNIVERSIDAD que más que pretender limitar la propaganda de los partidos políticos, es necesario garantizar un espacio mínimo a todas las agrupaciones, para que partan de un mismo punto. “Es cambiar las reglas del juego para garantizar que los partidos tengan un acceso equitativo a los medios y exigir al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que trabaje en pro de esa igualdad, porque ha hecho lo contrario: juega al lado de la libertad de la empresa y no del derecho a la información de la ciudadanía”, manifestó Sáenz. Jiménez, por su parte, indicó que el problema principal es que algunos partidos políticos pautaron una gran cantidad de anuncios y otros muy pocos o ninguno. El candidato o candidata con más recursos, fue quien tuvo la oportunidad de difundir su mensaje. “Si usted difunde su mensaje, es conocido, si es conocido puede acarrear más votos; ahí empieza a haber desigualdades en el acceso”, comentó.Datos de la empresa Media Gurú, citados en el documento, muestran que ocho de los nueve partidos políticos inscritos a escala nacional, invirtieron poco más de ¢5300 millones en campos pagados pautados en televisión, radio y prensa escrita. Casi tres cuartas partes de estos mensajes fueron televisivos. Un 17.9% se difundió por radio y 7.5% por impresos. Los gastos de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Movimiento Libertario concentraron en promedio más de la mitad de la participación en los tres tipos de medios. De esta forma, los recursos financieros de los contendientes provocaron que la carrera electoral se rigiera por criterios de mercado y no por la iniciativa de promover información veraz, para que las personas fueran capaces de votar de manera libre y consciente. Esta estrategia significa que el partido que no salga en los medios, no gana las elecciones.Los encargados de la investigación también criticaron que la calidad de la información era deficiente, ya que en lugar de informar sobre su programa de gobierno, por ejemplo, se basaron en campañas vacías. Sáenz apuntó que hubo un énfasis en invertir dinero en campañas con poco o nulo contenido y argumentación. En tanto, Jiménez agregó que “un partido en unas elecciones está dando a conocer su propuesta; la pregunta es si nos la dieron realmente, porque los planes de gobierno se fueron dando a conocer en los últimos meses de la campaña electoral”. Ambos coincidieron en que los partidos no tienen como prioridad informar a la ciudadanía, sino enfocarse en lo que les genere más réditos. Además de una mayor regulación, las personas votantes deben exigir cuentas, como parte de una responsabilidad compartida, para que a su vez lleven esa información a quienes no pueden acceder a las propuestas reales, y que solo consumen lo que sale en los medios tradicionales, que básicamente son promesas de campaña. El informe resaltó que las condiciones de competencia asimétricas dadas en la práctica,   también son consecuencia de un marco normativo muy débil para resguardar las condiciones equitativas y reales de acceso a los medios de comunicación. La única excepción, citó, es la obligación del TSE de dar cabida en los debates que organiza a todos los partidos políticos, una vez hecha la convocatoria a elecciones, estipulada en el artículo 12 del Código Electoral. Pero, lamentaron que la entidad rectora haya emitido una resolución en el 2009, en la que los medios privados pueden invitar a los aspirantes que deseen a sus debates y no a todas las personas postulantes. A su criterio, esta decisión incluso valida las encuestas, porque participan los tres o cuatro candidatos que aparentemente se ubican en los primeros lugares de preferencia.
RELACIONES IDEOLÓGICAS
Otro de los puntos de denuncia del informe de la Auditoría Electoral Ciudadana, es que al funcionar las empresas bajo la lógica del mercado, los medios de comunicación privados tienen intereses políticos y económicos. Estos rasgos se vuelven más difusos cuando dichas compañías se cubren bajo el manto de la objetividad e independencia, y no toman una posición firme para apoyar a determinado candidato o candidata, como sucede en otros países. “Además de estos nexos, existen coincidencias en el nivel ideológico y de proyecto país, entre algunos medios comunicación y partidos políticos. Estos nexos generan que las empresas de comunicación se inclinen a uno -o varios- partidos específicos, favoreciéndolos o por lo menos dándoles un mejor trato que a las demás ofertas partidarias”, expuso el análisis. Los nexos políticos y empresariales que citan son de La Nación y el PLN, y de Repretel y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En la primera, recordó que Rodolfo Jiménez Borbón, relacionado con el Grupo Nación y Florida Ice & Farm Company S.A, aportó más de ¢38 millones a la campaña electoral de los verdiblancos, entre mayo del 2009 y febrero del 2010, según información sobre las donaciones privadas a los partidos políticos. En el caso del PUSC, se citó la adquisición por parte de REPRETEL, de certificados de cesión del derecho de contribución estatal de este partido por ¢300 millones. Estos certificados fueron recibidos sin ningún descuento, lo que  no generaría ganancia alguna a la empresa al hacerse efectivos.Respecto de estas acciones, Sáenz aseveró que el TSE puede regular qué se hace en los medios de comunicación a partir de la jurisprudencia, puesto que cuenta con la capacidad, potestad y responsabilidad. Opinó que la institución sí tuvo un protagonismo, pero a favor de los medios y no de la democracia equitativa, ya que sus resoluciones se han posicionado del lado de los últimos. El documento enfatizó que el tribunal “puso en un segundo plano la función social de los medios de comunicación”. Una medida que se propuso durante la reforma al Código Electoral y que al final no prosperó -que habría colaborado a garantizar mayor equidad- era otorgar un 25% del financiamiento estatal anticipado a los partidos políticos, fuera del manejado por el TSE, y que se destinara a la contratación de espacios en los medios de comunicación para que los partidos pudieran presentar sus mensajes y propuestas.Los encargados del informe concordaron en el preponderante papel de Internet, una alternativa para los partidos con pocos recursos, ya que se aprovecha para romper el monopolio de la información. No obstante, mientras no se disminuya la brecha digital, siempre habrá desigualdades; pero, si se trabajara en aminorarla, sería la trinchera perfecta para que esos grupos traten de luchar contra la inequidad de los procesos electorales.