El pasado miércoles 25 de agosto al impartir la conferencia inaugural que llevaba por nombre La Universidad Pública en el Siglo XXI (http://www.videos.fcs.ucr.ac.cr/videos/), el Dr. Boaventura de Souza Santos empezó haciendo un comentario que despertó la atención de todos los presentes: “Raramente he escrito sobre un tema que tenga tanta actualidad en un determinado escenario como ahora”.
Se refería a su libro A Universidade Pública no século XXI: para uma reforma democrática e emancipadora da Universidade (São Paulo, Cortez, 2004) y, obviamente, al debate sobre el FEES [la editorial de la UCR y el de la UNA publicarán pronto una edición de dicho libro].
Lo que más nos llamó la atención fue la invocación del Dr. De Souza a seguir en pie de lucha y no dejar espacios vacíos en la pugna que sostenemos las instituciones públicas y las políticas neoliberales en todo el subcontinente latinoamericano. Escribimos estas líneas con la intención de seguir siempre en la línea de frente.
La tesis central del libro, así como de la conferencia, es clara: la apuesta de los gobiernos en el  nivel global de adoptar políticas neoliberales en la década de los 80, resultan en una crisis de las instituciones públicas.
Crisis de la cual las universidades públicas no pueden escapar (De Souza, 2004, p. 28). Dentro de ese marco de discusión, el debate del FEES es solamente un capítulo más de esta contienda que es inherente a los valores defendidos por ambos bandos. Las instituciones públicas tienen como fin per se buscar el bienestar de la colectividad. Las instituciones de educación públicas tienen como fin mejorar el nivel educacional y de vida de la colectividad. En cuanto sean instituciones de enseñanza superior, su labor es más compleja, pues tienen como finalidad cuestionar cualquier acción que vaya en detrimento de la colectividad.
La opción neoliberal defiende fines diametralmente opuestos: el bienestar de unos pocos, la permanencia de esos pocos en el poder, la sumisión de las masas en la ignorancia, para que esos pocos continúen en ese poder. En el momento que esa élite deja de importarse o, peor aún, empiece a oponerse a los intereses de las instituciones públicas, la tendencia será buscar su debilitamiento cuando no su eliminación. El aumento del 7% es un paso firme en esa dirección.         Lo anterior puede ser claramente observado en los cambios sustanciales que ha sufrido la relación que se da entre la universidad pública y la élite social. La élite costarricense dejó de necesitar intelectuales que fortalezcan el proceso del Estado interventor, al cual se había apostado en la segunda mitad del siglo XX. Lo que ocupa ahora son más técnicos que puedan acrecentar la actividad propia del contexto de la economía neoliberal globalizada. La alianza que existe entre la universidad y la industria hace que el conocimiento valorado sea aquel que sirve a este modelo de mercado. Las consecuencias del FEES, que desde ya podemos observar, muestran que las palabras del Dr. Boaventura pasan de proféticas a actuales. Las universidades públicas, en el marco de la negociación, se han comprometido a “alimentar” el sector de la industria: En palabras de Luis Guillermo Carpio, rector de la UNED: “…creemos que podemos venderle al sector empresarial costarricense servicios, perfectamente, [SIC] y lo estamos haciendo (Semanario Universidad, # 1868 del 15 de setiembre, p.10)”. En este mismo sentido, leemos que Eugenio Trejos, del ITCR, se comprometió a incrementar los cupos en carreras “estratégicas” para el desarrollo nacional (Semanario Universidad, Ibid.). Las carreras “estratégicas” son: electrónica, eletromecánica, computación e ingeniería industrial.  Saberes como las humanidades y las ciencias sociales, sobran dentro de ese panorama político. Desarrollar la capacidad crítica es ANTI-producente para la élite. El recorte de personal, que desde ya anuncian las universidades, será sufrido por los ámbitos de conocimiento que no sean “estratégicos”. “Actualmente podríamos estar con exceso de recurso humano”, “…el ITCR venía creando 50 plazas por año durante el pasado quinquenio, pero las restricciones presupuestarias obligarán a crecer a tasas del 10 a 12 plazas por año” (Semanario Universidad, Ibid.), son afirmaciones que ya resultan comunes y aceptadas; pero, lo que no se ha preguntado hasta ahora es en cuáles sectores de las universidades serán hechos dichos recortes. Podemos fácilmente suponer que las áreas de saber que sean consideradas dispensables,  serán las perjudicadas. Les dejamos a ustedes la tarea (no tan difícil) de adivinar cuáles son.