La revalorización de las propiedades a precios actuales de mercado,  causa gran preocupación entre los agricultores.
“La nueva plataforma de valores con que las  municipalidades cobrarán el impuesto sobre bienes inmuebles a partir del 2011 nos llevarán a la ruina”, dijo a UNIVERSIDAD el secretario general de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPANACIONAL), Guido Vargas.
Los productores agropecuarios han comenzado a “pegar el grito al cielo”, ya que las nuevas tablas de “aproximación” elaboradas por el Órgano de Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación Directa (ONT), actualizaron los valores de las propiedades en las 81 municipalidades del país.La revisión de los valores se realizó hace aproximadamente dos años y medio mediante un acuerdo con el departamento de Catastro del Registro Nacional y con fondos suministrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Se trata de un instrumento para dotar a las municipalidades de un mecanismo que les permita cobrar de manera más efectiva el tributo”, explicó Luis Fernando Maykall, director jefe de asesoría regional del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
La historia del nuevo sistema de cobro del impuesto a la propiedad se remonta a 1995, cuando le fue conferida a las municipalidades la recaudación de ese cargo, al amparo de la ley 7509 (Ley del impuesto sobre bienes inmuebles).
Esa ley suprimió la antigua ley del impuesto territorial, cuyo cobro estaba a cargo del ministerio de Hacienda, a través de Tributación Directa.
La nueva legislación estableció la obligatoriedad para todos los propietarios de bienes inmuebles, de hacer una declaración jurada cada cinco años a su respectiva municipalidad, sobre el valor de sus propiedades.
Mediante este mecanismo se trató de regular y hacer más eficiente el cobro del impuesto por medio de las municipalidades. “Lo que sucedía era que muchas personas hacían reportes subvalorados, reportaban propiedades con un valor, por ejemplo, de ¢5 millones, cuando su valor real era de ¢50 millones”, recordó Maykall.
Tras el mapeado hecho en todo el territorio nacional, el ONT elaboró una serie de  tablas de “aproximación” con las que se están tasando para el 2011 las propiedades, a precios cercanos al valor de mercado.
Esta situación perjudicaría los bolsillos de muchos propietarios, especialmente en los casos en que los precios de mercado de las propiedades se dispararon al revalorizarse por estar cerca de desarrollos turísticos, industriales y otros.“Los agricultores seremos los más golpeados, porque se nos valora las propiedades a precios exorbitantes, debido al desarrollo inmobiliario, al ecoturismo y otras actividades, que se metieron en las zonas de producción”, denunció Vargas.
“El problema aquí es que el boom inmobiliario, que es algo irreal, disparó el precio de los terrenos y eso hace que el impuesto sea sumamente alto”, dijo. El gravamen equivale a ¢2.500 por cada millón del valor establecido a cada propiedad.
“A nosotros, los productores, lo que nos ha afectado es el desarrollo turístico en algunas zonas agrícolas, y además el urbanismo, porque se metió en el cafetal, en el cañal, entre el potrero, la milpa y el frijolar.
Esta situación es grave; para el agricultor la peor plaga es que a la par le levanten un complejo turístico o una urbanización”, lamentó el exdiputado Vargas.
El líder de UPANACIONAL hizo ver que los agricultores son conscientes de la necesidad de pagar impuestos, pero no como está planteado el que grava a los bienes inmuebles, que no discrimina, salvo en casos especiales en los que contempla exoneraciones.
“No estamos viendo ninguna justicia tributaria con la aplicación de esta ley. Lo que hace es aplicar una misma tabla de valores bajo conceptos de aproximación. Si uno tiene cerca el volcán Arenal y desde la finca se observa, le imponen una tasa exagerada, aunque uno esté volando machete y esforzándose por salir adelante. Esta ley es prácticamente confiscatoria; los cobros son inquisitorios para los agricultores”, se quejó el secretario general de UPANACIONAL.
Por su parte, Maykall detalló que la ley sobre el impuesto a los bienes inmuebles permitió un incremento sustancial en el cobro del gravamen.
Recordó que cuando el cobro era administrado por el Ministerio de Hacienda, el último año de recaudación (1995) produjo unos ¢1.500 millones, cifra que se elevó a aproximadamente ¢3.500 millones en 1996 y se acercó a los ¢40.000 millones el año pasado.
“Esto le permite a las municipalidades contar con fondos frescos para financiar sus problemas de desarrollo socioeconómico”, comentó el asesor del IFAM.
“Este impuesto, tal como está planteado en la actualidad, por ejemplo, es una ruina para el sector hortícola; imagínese Cartago, una zona tan rica en producción, o Zarcero, Pérez Zeledón. No podrá un agricultor de Cuatro Bocas de Upala o de la península de Osa mantener su actividad”, dijo Vargas.
“Para mí ese impuesto no es conveniente, es confiscatorio”, advirtió el diputado del Movimiento Libertario, Ernesto Chavarría. “Tendríamos que prácticamente entregar las tierras para que la rematen, porque no podríamos pagar el impuesto si nos aplican precios de mercado”, acotó.
“Es un impuesto confiscatorio, sobre todo porque las tierras dedicadas a la agricultura y ganadería tienen poca rentabilidad. Las cámaras ganaderas se han opuesto, porque puede llevar a la ruina y a la quiebra a estos sectores, sentenció.
Por su parte, UPANACIONAL alertó que la existencia de esa carga sobre las propiedades, representa un atentado contra las políticas de seguridad alimentaria estimuladas por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (FAO).
“Hay que decirle adiós a la seguridad alimentaria con ese impuesto; es arruinar la agricultura; tenemos que generar riqueza para distribuir, o de lo contrario vamos a distribuir pobreza”, denunció Vargas.
Maykall dejó ver que el IFAM comprende el rechazo de muchas comunidades a la aplicación de ese impuesto, sobre todo en un país de escasa “cultura tributaria”. “Si todos declaran el valor real se podría reducir la tasa hasta a un 0.10 por ciento. Pero, en Costa Rica también hay muchos vivillos”, puntualizó.
No obstante, aclaró que IFAM viene recomendando a las municipalidades que diseñen sus propias políticas tributarias, a fin de ajustarlas a la realidad de cada cantón, pues hay “distintas realidades: unos son muy prósperos, otros no”, indicó.
En su opinión, “las municipalidades deberían definir una política tributaria que le permita establecer los mecanismos para no ser fríos en la aplicación de esta ley. Que sean transparentes, tolerantes, que promuevan la justicia tributaria para que los contribuyentes tengan claro las reglas del juego y las alternativas para poder cumplir las obligaciones”.
Por su parte, Vargas informó que UPANACIONAL encabeza una cruzada, a la que suma a todas las organizaciones vinculadas con la producción agrícola, entre los cuales organismos como el Instituto Costarricense del Café (ICAFE) y cooperativas del sector, para impulsar una reforma a la ley de bienes inmuebles.
La reforma pretende una reducción del tributo de 0.25 a 0.1% sobre el valor registrado y  que las actualizaciones de valores se realicen cada diez años.
Un proyecto en ese sentido se encuentra en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa y en las próximas semanas podría ser trasladado a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, anunció a UNIVERSIDAD la diputada Annie Saborío, del Partido Liberación Nacional.
Este proyecto, expuso la legisladora, busca reducir el gravamen a 0.1% a las propiedades destinadas a la producción agrícola, promoviendo el establecimiento de una valoración anual. “Tiene un muy buen ambiente en la comisión de Asuntos Agrícolas”, aseguró.
La legisladora admitió que los sectores agropecuarios se han visto muy perjudicados por el ritmo a que se dispara el precio de los bienes inmuebles, debido al crecimiento del turismo y del desarrollo urbanístico.
“Estamos apoyando un proyecto para rebajarle las cargas impositivas a los campesinos.
Ellos tienen que someterse a muchas variables y obstáculos, tanto naturales como económicos y de mercado”, añadió.